MNO ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA, sociedad civil
Expediente 289/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/01/2023
Partes del expediente
- MNO ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA, sociedad civil
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión . .
- MNO ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA, sociedad civil y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de inconformidad contra el auto siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó que quedó sin materia el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. ARCHIVO DEL ASUNTO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este expediente como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, se negó y se concedió el amparo, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda y la sentencia, y carece de relevancia documental para su conservación el resto de las constancias, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general antes citado; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 18 de ese Acuerdo. CUADERNOS INCIDENTALES En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo general en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, dado que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Es aplicable por su contenido la jurisprudencia P./J. 12/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, página 55, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado". NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE SIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las quejosas en el acuerdo de dieciocho de noviembre de este año, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) Así, lo expuesto con antelación, conlleva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la totalidad de las morales quejosas, contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. DÉCIMO SEGUNDO. Efecto de la concesión del amparo, respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. " La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia." Decisión que no fue combatida y por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 25269 que no se instauró a las quejosas el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil dieciséis y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que las quejosas realizaran señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a las quejosas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese, y personalmente a las quejosas", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 289/2016, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía juicio en línea en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se informa las gestiones que realiza esa autoridad en su carácter de superior jerárquico, a efecto de que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tales efectos señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Notifíquese.
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