Mizraim Elizalde Aguilar

Expediente 1963/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1963/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Mizraim Elizalde Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Se dclara que quedado firme el proveído de cuatro de diciembre del año en curso, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional; archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Mizraim Elizalde Aguilar, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1963/2017-F, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el suscrito ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de la Materia. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de practicar el emplazamiento de la parte demandada, dentro del juicio laboral 01/804/17-III. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no practicar el emplazamiento de la parte demandada dentro del expediente de origen. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión artículo 14 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, más aun que con motivo de la falta del emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, toda vez que si bien el emplazamiento en cuestión se ordenó desde el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, lo cierto es que tal circunstancia ya constituye un acto consumado irreparablemente para los efectos del este juicio de amparo (al no poderse retrotraer el tiempo trascurrido, ni las cosas al estado en que se encontraban), ya que ahora debe estarse a la nueva fecha y hora ordenada para la celebración de la audiencia bifásica señalada el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en que se ordenó de nuevamente el emplazamiento en cuestión, por lo que entre esta última fecha y el día en que se exhibió la demanda de amparo, no ha excedido un plazo que pueda implicar la mencionada dilación o la paralización total del procedimiento de origen. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que apenas el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento cuya omisión en su realización pretende reclamar en este juicio, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. También, se tiene por autorizado en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere, a la persona señalada en el libelo de cuenta, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde la quejosa es la trabajadora y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del referido numeral, en relación con el párrafo segundo, del artículo 24 de la Ley de la Materia, se tienen por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas propuestas para tal fin. Por otro lado, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Finalmente, se hace saber que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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