Mizael Ramos Cruz
Expediente 1380/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/02/2019
Partes del expediente
- Mizael Ramos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve (fojas 66 y 67), en donde se ordenó la devolución de los documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Por otro lado, se tienen como autorizados para los efectos que precisa a las personas que señala.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, al respecto se provee: Como las partes no recurrieron dentro del término legal el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio (fojas 54 a 57), se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes el contenido del presente proveído, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En tal virtud, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, REQUIÉRASE a la parte quejosa, para que comparezca en un plazo de NOVENTA DÍAS NATURALES, en día y hora hábil ante este juzgado, a recoger los documentos originales que adjuntó a su escrito de veinticuatro de diciembre del año pasado (fojas 39 a 53), apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, al respecto se provee: Como las partes no recurrieron dentro del término legal el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio (fojas 54 a 57), se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes el contenido del presente proveído, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En tal virtud, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, REQUIÉRASE a la parte quejosa, para que comparezca en un plazo de NOVENTA DÍAS NATURALES, en día y hora hábil ante este juzgado, a recoger los documentos originales que adjuntó a su escrito de veinticuatro de diciembre del año pasado (fojas 39 a 53), apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese el escrito del quejoso y anexos de cuenta, consistente en original del oficio CNF/GECHIS/1157/2018, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, cédula de notificación de diez de diciembre del actual, acta circunstanciada que se levantó para hacer constar la visita de verificación de campo de cinco de septiembre del año en curso, correspondiente a la solicitud 3168/2018 y oficio 127DF/SGPA/UARRN/DSFS/2288/2018, expedido por el Delegado Federal en Chiapas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, de las referidas documentales, se advierte que la parte quejosa cumple con la obligación que al respecto le imponen los artículos 64, primer párrafo, y 251 de la Ley de Amparo, a fin de no hacerse acreedor a una multa de hasta trescientos días. Además, de las mismas se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que para mayor claridad se trascribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo anterior, toda vez que la parte quejosa, en esencia, señaló como acto reclamado la ".OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, otorgando la constancia de verificación para el aprovechamiento de recursos forestales." Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en el presente juicio cesó en sus efectos atendiendo a que la autoridad responsable Gerente Estatal en Chiapas de la Comisión Nacional Forestal, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, DIO CONTESTACIÓN al escrito de veintisiete de agosto del actual, del cual se duele el quejoso en su acto reclamado, asimismo en diez de diciembre del año en curso lo NOTIFICÓ del mismo; actualizándose la causa de improcedencia referida, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el presente juicio. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá, en virtud de que la responsable dio contestación al escrito de veintisiete de agosto del actual, del cual se duele el quejoso en su acto reclamado, asimismo en diez de diciembre del año en curso lo notificó del mismo, cuya omisión fue reclamada en esta vía constitucional; de manera análoga a si se hubiera concedido la protección constitucional. Lo anterior, implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual forma, la Jurisprudencia número 2ª./J.9)98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En el caso, el quejoso reclama sustancialmente la omisión de responder la solicitud de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, de las constancias remitidas en su escrito, se advierte que en atención a la referida solicitud, mediante oficio CNF/GECHIS/1157/2018, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la responsable dio contestación a dicho escrito y que en diez de diciembre del año en curso lo notificó del mismo; por lo cual subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de responder la solicitud de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo; pues constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si el sentido del fallo sería el mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del siete de enero de dos mil dieciocho (foja 35 vuelta). Finalmente en atención a lo resuelto en párrafos precedentes, no resulta procedente pronunciarse sobre la ampliación de demanda, pues la misma, debe seguir la suerte de lo principal. Además, de cualquier forma, atendiendo al artículo 17 Constitucional, resulta más conveniente para la parte quejosa que se actúe de esa forma, en tanto que el oficio CNF/GECHIS/1157/2018, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del cual se pretende ampliar, es una resolución, que podría impugnarse en el medio ordinario correspondiente. De ahí, que, de dar trámite a la ampliación de demanda resultaría perjudicial para el quejoso, pues a pesar de continuar todo el trámite, finalmente, el juicio resultaría improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad, y en cambio se desprende que la parte quejosa, todavía se encuentra en tiempo para agotar la vía ordinaria administrativa. <
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