Mizael Chavéz Morales
Expediente 345/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/04/2019
Partes del expediente
- Mizael Chavéz Morales
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de abril de dos mil diecinueve. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. OFICIO Intégrese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 80/2019, orden 111/2019, derivado del juicio en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas. Atento a su contendido se tiene por legalmente notificado a al quejoso Mizael Chavéz Morales y/o Primitivo Chavéz Morales, del proveído de catorce de los cursantes, dictado en el presente sumario.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Mizael Chavéz Morales y/o Primitivo Chavéz Morales, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo regístrese bajo el número 345/2019-III-C. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO El quejoso reclama de Columba Roció Ortiz Ortiz, en su calidad de Defensora Publica Federal adscrita al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca: La inadecuada defensa en la causa penal 134/2009. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción ll (aplicado a contrario sentido), de la Ley de Amparo........En consecuencia, es de concluirse que la defensa inadecuada no tiene el carácter de vinculante reclamado a la defensora pública oficial asignada al proceso del quejoso, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, respecto del impetrante de garantías, por ende es evidente que el comportamiento indiferente o de negativo, no representa el incumplimiento a un deber por parte del órgano estatal o Estado mismo al que se dirija, como acto de autoridad para los efectos del amparo. A mayor abundamiento debe decirse que, en todo caso, la parte solicitante del amparo debió solicitar al Delegado de la Defensoría Pública Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca, pidiera el cambio de defensora en su causa y no como pretende realizarlo en esta instancia. Puesto que la finalidad del juicio de amparo es, como quedó apuntado, la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en Constitución de la República, por lo que no puede constituirse como un mecanismo de defensa utilizado tan ampliamente que con él se pretenda suplir el ejercicio de medios jurídico-procesales que existen en la referida ley penal. Por tanto, para la procedencia del amparo, debe cumplirse con todos los presupuestos establecidos en la referida ley, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Julio de 2003, Pagina 1023, de la Novena Época, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías." Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción ll (aplicado a contrario sentido), de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ************************. DOMICILIO Toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba Tepachico, Estado de México; es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el referido centro de reclusión y notifique el presente proveído al quejoso. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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