Mizael Bertrand García y Otros.

Expediente 1105/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1105/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Mizael Bertrand García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa, Guerrero. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación por lista del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, toda vez que se desechó la demanda propuesta. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Finalmente, visto el escrito presentado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en atención a su solicitud; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y toda vez que el presente asunto está total y definitivamente concluido, hágase la devolución de las documentales que solicita, previa copia que se deje en su lugar y razón de su recibo para debida constancia legal; en la inteligencia que la parte interesada deberá de comparecer con copia fotostática de una identificación oficial dentro del plazo de noventa días, pues de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados los documentos serán susceptibles de ser destruidos junto con el expediente, en término de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Jonny Reyes Infante, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés********************Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Mizael Bertrand García, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con residencia en Chilapa de Álvarez, Guerrero********************Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico********************Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1105/2023-F, que le corresponde********************En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico********************Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente********************Se desecha la demanda********************Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio******************** Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite******************** En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato******************** Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad de quien ahora acuerda para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia******************** En ese sentido, de la demanda de amparo se conoce que la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con residencia en Chilapa de Álvarez, Guerrero, el auto de fecha catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio 77/2021-I, promovido por el ahora quejoso Mizael Bertrand García, en el cual no se acordó favorable la ejecución forzosa de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida en el expediente antes aludido******************** Lo anterior, toda vez que en el mismo órgano jurisdiccional (Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con residencia en Chilapa de Álvarez, Guerrero) se tramita el diverso juicio 48/2023-II, relativo al juicio de revocación de donación, promovido por Guadalupe García Sánchez, en contra de Mizael Bertrand García y otro, respecto del bien inmueble motivo del contrato de donación celebrado entre Pablo Bertrand Hernández, Guadalupe García Sánchez de Bertrand y Mizael Bertrand García; juicio del cual se advierte de los hechos narrados por el quejoso que el trece de julio del año en curso, se decretó como medida cautelar que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran, en cuanto a la permanencia y uso del bien inmueble, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en dicho expediente Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, la parte quejosa tienen a su alcance el recurso de reconsideración antes de promover el juicio de amparo, por lo que se actualiza la causal contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior******************** a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso******************** Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta a la parte quejosa de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Lo que fue corroborado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar lo siguiente: "Ahora bien, en relación con el supuesto materia de esta contradicción de tesis, es importante mencionar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo será procedente contra actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan******************** Esto es, de acuerdo con la Constitución Federal, el amparo es procedente en contra de los actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, también se establece que ese medio de defensa extraordinario será procedente una vez que el promovente haya agotado los recursos ordinarios que en su caso proceda, lo que se traduce en la exigencia de satisfacer el principio de definitividad******************** En este sentido, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios******************** En este sentido, en el caso de los actos en el juicio de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean de imposible reparación, antes de acudir al medio de defensa extraordinario, deberán agotar los recursos establecidos en las normas ordinarias." Argumentos que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado******************** Tales razones, dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien es de materia diversa, también lo es que analiza la figura jurídica que nos atiende en el presente asunto. Tal criterio dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio 77/2021-I, promovido por el ahora quejoso Mizael Bertrand García, en el cual no se acordó favorable la ejecución forzosa de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en dicho expediente******************** Por tanto, la promovente antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el recurso de reconsideración previsto en los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, que es de naturaleza civil en materia local; además, porque la quejosa, es como se vio, actora dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio de génesis, por ende, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él******************** Luego, los artículos citados en párrafos precedentes establecen lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles******************** Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. Artículo 383.- Procedencia del recurso de reconsideración en segunda instancia. Procede la reconsideración de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior." De lo anterior, se advierte que, a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, la parte aquí quejosa debió impugnar la resolución que considera le causa perjuicio a través del recurso de reconsideración establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado ese acto, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial******************** En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar el acuerdo de que se queja el promovente, pues éste debió ser previamente recurrido a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos******************** De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que el acto de molestia impugnado carece de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, el quejoso, es parte dentro del juicio civil de origen, por ser la parte actora, lo cual lo obliga a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado******************** Así, se estima dable que, en su caso no resultaría una excepción al principio de definitividad, el hecho de reclamarse un auto dictado en un juicio ordinario civil, pues la característica de irreparabilidad de ese acto no está comprendido entre las excepciones que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción XVIII inciso a), (los que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales); así como los especificados en los incisos b), c) y d) del propio numeral; pues, al estar siendo oída en defensa de sus intereses dentro del juicio de origen, la parte impetrante de ampro se encuentra obligada a agotar el multicitado principio de definitividad. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.), con registro 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita******************** Domicilio y Autorizados********************Téngase como domicilio el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a******************** en virtud de tener registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente********************Juicio en línea********************Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales********************Consulta del expediente********************Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Protección de datos personales. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite********************Transparencia y datos personales********************El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce********************Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa******************** Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", autorizado en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4018/2023, ante el Secretario Jonny Reyes Infante, que autoriza y da fe.

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