Mixtl García Delgado
Expediente 1375/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1375/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mixtl García Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Tomando en consideración que la autoridad responsable mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veinticuatro de agosto de dos mil quince, remitió el auto de veinte de agosto del presente año, en el que decretó el cierre de instrucción, concediendo un término de diez días al Agente del Ministerio Público de su adscripción a efecto de que exhibiera sus conclusiones y hasta la fecha la autoridad responsable no ha informado nada al respecto. Ahora bien, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1.- Determine en definitiva sobre el desahogo de la prueba a cargo del denunciante Moisés Domínguez Linares, quien ya falleció. 2.- Acuerde lo conducente respecto del interrogatorio a Saúl Bonavides Villegas ofrecida por la defensa, la cual no se ha desahogado, ya sea determinando la imposibilidad material y jurídica del desahogo de la prueba por no localizar al testigo, o desahogando la misma o bien, en caso de que el quejoso se desista acuerde lo conducente. 3.- Realice todas las gestiones necesarias dentro de sus atribuciones legales para lograr el desahogo del Interrogatorio a cargo de María del Rosario Olivas Espín, Ángel Edgar Rodríguez Arce, Luis Adolfo Fernández, Miguel Ángel Miranda Salgado y Silvia Abarca Ramíez, o bien determine una vez realizadas las gestiones sin obtener resultados favorables para el desahogo de las pruebas, determine la imposibilidad física y legal del desahogo de las pruebas. 4.- Hecho lo anterior, DECLARE CERRADA LA INSTRUCCIÓN, proceda a dar vista a las partes para la formulación de sus respectivas conclusiones y EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA, en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Penales aplicable. Para llevar a cabo lo anterior, SE OTORGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE UN PLAZO DE DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA ESTA SENTENCIA, plazo que será prorrogable para el caso de que se justifique legal y materialmente." En esas condiciones, es procedente requerir al Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, informe el estado procesal que guarda la causa penal 53/1997. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se les impondrá una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintitrés de abril de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a David Hernandez Ramírez, para los siguiente efectos: "En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a David Hernández Ramírez, para los efectos siguientes: No se apliquen al impetrante los artículos 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; Se devuelva al quejoso, con su actualización, la cantidad que efectivamente se le haya retenido por concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad; incluso, su adicional por no existir base para su cobro; No se le apliquen los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal de esa entidad; y, Se le devuelvan, las cantidades que pagó únicamente por concepto del impuesto adicional sobre adquisición de bienes inmuebles, según consta en el recibo de pago P6-804." Por auto dictado el veintisiete de mayo de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, por oficio acordado el quince de julio de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0049631, el cual recibió la parte quejosa el veinticuatro de julio de dos mil quince, por la cantidad que hace un total de $5,767.20 (cinco mil setecientos sesenta y siete pesos 20/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, solamente en cuanto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la sentencia de amparo HA QUEDADO PARCIALMENTE CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla Morelos y los Integrantes del Cabildo, mediante el cual informan que le requirió al Tesorero Municipal de Cuautla Morelos, a efecto que dé cumplimiento con la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surtas sus efectos jurídicos a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado de los autos, de los que se advierte que a la fecha las autoridades responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (Adolfo Ávila Piñarrieta), y sus superiores jerárquicos Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (Jesús González Otero) y al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal Oskar Rosales Corona y Regidores Agustina Olivia Cortes Cortes, Javier Mercado Carbajal, Ixcel Anayensi Mendoza Meza, Guadalupe Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón Machorro, Ageo Anaya Crisantos, Ricardo Calvo Álvarez, Alfredo Geovani Lexama GarcÍa, Paula Pérdomo Camacho y Fernando Balbuena Jauregui), no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificadas y haber transcurrido el término otorgado mediante auto VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, no han acreditado haber dado cumplimiento al fallo protector, ni siquiera de manera indiciaria, no obstante haber sido requerida, por diversos autos, inclusive por conducto de sus superiores jerárquicos. Por lo anterior, este juzgador procede en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán en este acuerdo, en el caso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, de autos se advierte que a la fecha la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (Adolfo Ávila Piñarrieta), ha sido omiso a los requerimientos formulados en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Por lo que, fuera de acreditar que está en vías de cumplimiento, sólo realiza manifestaciones y actos que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, como lo son las prórrogas que solicita sin enviar alguna constancia con la que justifique su solicitud, ocasionando con ello retraso en la impartición de justicia, por lo que resulta procedente remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, de conformidad además, con lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que el Alto Tribunal se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria en cuestión. Ahora, por disposición expresa del artículo 193 de la Ley de Amparo, y en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, existe carencia de tóner para las impresoras y la exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado; por consiguiente se ordena formar el cuaderno de antecedentes que contenga sólo la copia de la boleta de turno y demanda, y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Turno del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (Adolfo Ávila Piñarrieta), y sus superiores jerárquicos Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (Jesús González Otero) y al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal Oskar Rosales Corona y Regidores Agustina Olivia Cortes Cortes, Javier Mercado Carbajal, Ixcel Anayensi Mendoza Meza, Guadalupe Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón Machorro, Ageo Anaya Crisantos, Ricardo Calvo Álvarez, Alfredo Geovani Lexama GarcÍa, Paula Pérdomo Camacho y Fernando Balbuena Jauregui), para que dentro del término de DIEZ DÍAS, computados legalmente, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo Y REMITA COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, o bien, no acreditar las circunstancias que justifiquen su retraso, con fundamento en los artículos 193, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa que puede ir de los ciento uno a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto atendiendo a que ya se le impuso una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en esa zona geográfica Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el licenciado JADILSON ALONSO NAVARRO, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de siete de agosto de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil quince. I.- ADMISIÓN. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Mixtl García Delgado, mediante el cual desahoga la prevención formulada por auto de seis de agosto de dos mil quince; luego, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, IV y VII de la Constitución Federal, así como 1°, fracción I, 10, 11, 37, 107, 108, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. II.- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. El quejoso no la solicita y no se está en los supuestos en que deba otorgarse de oficio. III.- INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contado desde el día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción I de la Ley de Amparo, la notificación que se le practique de este acuerdo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada de las constancias en que lo apoye (de ser el caso), con el apercibimiento que de no hacerlo así, con base en el artículo 260, fracción II, en relación con el numeral 238, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. IV.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del once de septiembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. V.- INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, ya que es parte en el juicio en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI.- TERCERO INTERESADO. Este juzgado se reserva proveer lo conducente hasta contar con el informe justificado, a fin de tener la certeza de a quién o quiénes asiste ese carácter. VII.- PRUEBAS. El quejoso ofrece pruebas documentales, pero no las aporta, de modo que se proveerá en vista del informe justificado. VIII.- OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa a las partes que en caso de tener conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento, deben comunicar tal circunstancia a este tribunal y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 251, en relación con el numeral 238, ambos de la Ley de Amparo, se les aplicará una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. IX.- OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, el actuario asentará la razón en autos, se tendrá por hecha la notificación y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe. X.- PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo, se publicará la sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita. XI.- CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2.- Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3.- Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4.- Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5.- Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. XII.- NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26 de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el auto que admite su demanda. En otro orden de ideas, se instruye al actuario judicial para que los acuerdos subsecuentes que se lleguen a dictar, que no ameriten su notificación personal, se practique a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III [de la Ley de Amparo]. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, ya que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador, invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Esta determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de dos mil trece, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, Décima Época. XIII.- GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto, deben contener número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
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