Mitzy Loraine Rodríguez Llanes

Expediente 1127/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1127/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Mitzy Loraine Rodríguez Llanes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Mitzy Loraine Rodríguez Llanes, contra los actos que reclamó al Juez de Control Penal Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que fue el siguiente: "[.] En términos de lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Mitzy Loraine Rodríguez Llanes, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad Juez de Control Penal Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la audiencia inicial de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada en la carpeta administrativa 82/2018, en la que se vinculó a proceso a la quejosa; y 2. Reponga el procedimiento a partir de dicha audiencia, en el momento en que resuelve la situación jurídica de la quejosa Mitzy Loraine Rodríguez Llanes, subsanando los vicios a que ya se hizo referencia en esta sentencia, esto es, deberá fundar y motivar debidamente su determinación relativo al plazo de la suspensión de la prescripción del ejercicio de la acción penal; y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. [.]. Por auto de once de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control Penal Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En tal razón, mediante proveído de treinta de marzo de la presente anualidad se tuvo a la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Quintana Roo, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal, del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada del audio y video de la audiencia llevada a cabo el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la carpeta administrativa número 82/2018 de su estadística, con el cual, informó que en cumplimiento al fallo protector dictado en autos y al proveído de once de marzo de la presente anualidad, informó que fijó como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de mérito el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con treinta minutos, por lo que a las veintiún horas con treinta y seis minutos de esa misma fecha, dictó un auto de vinculación a proceso en contra de la imputada, aquí quejosa Mitzy Loraine Rodríguez Llanes. Documentales a las que se le otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Quintana Roo, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal, del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, informó que fijó como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de mérito el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con treinta minutos, por lo que a las veintiún horas con treinta y seis minutos de esa misma fecha, dictó un auto de vinculación a proceso en contra de la imputada, aquí quejosa Mitzy Loraine Rodríguez Llanes. Por ende, es inconcuso que la responsable acató los lineamientos del fallo constitucional y al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente debe ser depurado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en referido artículo, éste debe ser depurado y posteriormente deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, y como lo dispone el párrafo segundo del referido artículo, en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, sentencia respectiva, acuerdo donde cause ejecutoria el fallo emitido, así como el presente proveído, mismas que deberán digitalizarse debiendo depurarse las constancias restantes; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que deberá realizarse la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Finalmente, toda vez que mediante proveídos de veintiuno de enero de dos mil veinte y treinta de marzo del año actual, la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Quintana Roo, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal, del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, exhibió en el primero auto, en apoyo a su informe justificado copia certificada de la carpeta administrativa 82/2018, así como dos discos ópticos de las videograbaciones de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de veintidós y veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, y en el segundo copia certificada del audio y vídeo de la audiencia de veinticinco de marzo de este año, relativa la carpeta administrativa número 82/2018, de su índice; en consecuencia, devuélvanse a la citada autoridad el anexo que remitió en apoyo a su informe justificado rendido y en cumplimiento al fallo protector, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo correspondiente, dado que se únicamente se trata de copia certificadas. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    III.- Notificación personal.

  3. Principal

    III.- Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Estado Actuando en los Juzgados de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante el cual solicita una prórroga para dar total cumplimiento al fallo protector. De igual forma, citada autoridad responsable comunica que señaló las diecinueve horas con treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia correspondiente en el controvertido de origen, y que una vez realizada dicha audiencia remitirá a este Juzgado las constancias fehacientes de haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad responsable informando las gestiones relativas para dar cumplimiento al fallo protector; e infórmesele que se le concede una prórroga por el término de CINCO DÍAS hábiles más, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que esté en aptitud de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; apercibido que de no hacerlo así, o informar la causas que se lo impidan, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de marzo del año que transcurre. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  4. Principal

    III.- Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por la Administradora Local de Correos en esta ciudad, mediante el cual, remite copias de las facturas que comprueban la entrega de las piezas postales relativas a los oficios números 12803 y 12805 a la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, intégrense al expediente en que se actúa las aludidas piezas postales, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, advirtiéndose del contenido de la certificación precedente, que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado terminada de engrosar el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: "[.] En términos de lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Mitzy Loraine Rodríguez Llanes, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad Juez de Control Penal Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la audiencia inicial de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada en la carpeta administrativa 82/2018, en la que se vinculó a proceso a la quejosa; y 2. Reponga el procedimiento a partir de dicha audiencia, en el momento en que resuelve la situación jurídica de la quejosa Mitzy Loraine Rodríguez Llanes, subsanando los vicios a que ya se hizo referencia en esta sentencia, esto es, deberá fundar y motivar debidamente su determinación relativo al plazo de la suspensión de la prescripción del ejercicio de la acción penal; y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. [.]. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique esta juzgadora la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Igualmente, en observancia a lo estatuido en los numerales 192, párrafo tercero, y 194 de la vigente Ley de Amparo, hágase del conocimiento del Juez responsable que por tratarse de una persona moral oficial con autonomía propia que no tiene superior jerárquico, deberá dar cumplimiento al fallo protector en los términos antes requeridos. Resulta puntualmente aplicable al caso y por similitud de razón, la siguiente Jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), de la décima época, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, a página 2894, cuyo rubro señala: SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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