Mitzin Lilian Rosas Chavez

Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
154/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Mitzin Lilian Rosas Chavez
  • Samantha Guadalupe Martinez Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia Michoacán a primero de abril de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Materia para que las partes legitimadas recurrieran a la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós en la que se sobreseyó por una parte y por otra se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003 visible en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Novena Época del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado cuya inconstitucionalidad se cuestiona lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales en virtud de que la característica fundamental de su función conforme lo establece el artículo 17 constitucional es la completa y absoluta imparcialidad el total desapego al interés de las partes sean privadas o públicas ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano aun tratándose del Juez Penal puesto que conforme al artículo 102-A constitucional la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal como la de cualquier otro juzgador es la de velar por el interés público esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso sin que ese interés trascienda al juicio de amparo pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo como cuando en ella se le impone una multa por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora como de la constancia secretarial se advierte que no existen acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte se hace la observación de que el juicio en que se actúa es DEPURABLE toda vez que se negó el amparo la protección de la justicia de la unión solicitado y DESTRUIBLE el incidente de suspensión dado que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamdos de conformidad con lo establecido en los artículos 12 14 18 fracción inciso a) y b) y 21 fracción I inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración depuración destrucción digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar ya sea la provisional definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación las siguientes series documentales deberán ser destruidas una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen declaren improcedentes o declaren sin materia o infundado Además se precisa que este expediente no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador atendiendo a la importancia del asunto lo considera de trascendencia jurídica social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, hace constar la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio número oficio número 988 de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dirigido a la autoridad en cita, toda vez que fue informado que el Dirección General de Atención de Grupos Prioritarios, se encuentra en la Ciudad de México; por tanto, en obvio de mayores dilaciones remítase al domicilio actual y correcto en la Ciudad de México. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 154/2021-V-2; y. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales 73, 74, 75 y 107 de la Ley de Amparo S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio respecto de las autoridades Secretaria de Bienestar Federal y Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, ambos de la Secretaría del Bienestar con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución, SEGUNDO. La justicia Federal no ampara ni protege a la menor de iniciales - por conducto de su progenitora -en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de este fallo y por los argumentos legales expuestos en el diverso quinto del mismo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firman el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe hasta el día de hoy veintisiete de enero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad de cuenta por rendido su INFORME JUSTIFICADO; con el dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

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