Mitzi Liliana Rodríguez Chávez
Expediente 794/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Mitzi Liliana Rodríguez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ahora, de las constancias remitidas por las responsables se advierte que actuaron con base en la sentencia constitucional y cumplieron con sus efectos jurídicos, por lo que a partir de esta información es dable establecer que la ejecutoria dictada en este juicio de derechos fundamentales se encuentra debidamente cumplimentada, por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Ahora, de las constancias remitidas por las responsables se advierte que actuaron con base en la sentencia constitucional y cumplieron con sus efectos jurídicos, por lo que a partir de esta información es dable establecer que la ejecutoria dictada en este juicio de derechos fundamentales se encuentra debidamente cumplimentada, por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
se declara ejecutoriada en sus términos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta capital de Durango, para que proceda a dar cumplimiento al referido fallo protector de garantías e informe sobre el particular a este Juzgado en un término de tres días, y remita copia certificada de las constancias con las que se acredite ese extremo.
- Principal
V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 794/2021, promovido por ******* contra un acto del Director del Registro Público de la la Propiedad y del Comercio de esta capital de Durango, y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno en el buzón automatizado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, Mitzi Liliana Rodríguez Chávez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que enseguida se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO. 2.- C. SUBDIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO. 3.- C.- JUAN JOSÉ CARRASCO ROSALES, C. REGISTRADOR, ADSCRITO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO. . ACTO RECLAMADO 1.- Como acto reclamado; señalo de las autoridades responsables, la ilegal e inconstitucional orden de rechazo del trámite solicitado de inscripción del instrumento público 13,338 otorgado ante la fe del Lic. José Antonio Alvarado Ruiz, quien este titular de la notaría número 18 con ejercicio en esta Ciudad, la cual contiene Contrato de cesión onerosa de derechos de crédito, incluidos los derechos de litigio, así como también de forma enunciativa mas no limitativa derechos de juicio, ejecución, remate, adjudicación y proceso judicial en general, trámite al cual le fue asignado la boleta 554900 en relación a la cesión de derechos de crédito otorgado y en el cual se constituyó garantía hipotecaria el inmueble ubicado en calle María Fernanda número 205, lote 17 manzana "A" del Fraccionamiento ALEXA de esta Ciudad, contrato de crédito de la cual soy cesionario y el cual quedó inscrito bajo el número 224 a fojas 224 del tomo 604 de fecha 21 de julio de 2009". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto del veinticinco de junio de dos mil veintiuno bajo el número 794/2021, en el que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se otorgó intervención a la Fiscal de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida legislación; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se difirió en diversas ocasiones por motivos legales, y que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclama un acto proveniente de autoridades cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuarto, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Director, Subdirector y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Durango, pues así lo reconocieron en su informe con justificación y se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitieron como complemento, a las que se les concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la amparista Mitzi Liliana Rodríguez Chávez al tenor de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". CUARTO. Son fundados los motivos de queja que plantea la inconforme Mitzi Liliana Rodríguez Chávez, si bien se suplen en su deficiencia en términos del dispositivo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Los artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, del Pacto Federal, establecen: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Estos numerales contemplan la garantía de legalidad y seguridad jurídica, que no es otra cosa sino que las autoridades deben emitir sus actos conforme al marco jurídico nacional. Es puntualmente aplicable al particular la tesis que puede ser consultada bajo el registro IUS 217539, o bien en la página 263, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Además, el último de los dispositivos cumbre consagra la garantía de fundamentación y motivación, cuyo alcance ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia número 260, visible en la página 175 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir: que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Así como en la jurisprudencia 139/2005, derivada de la resolución de contradicción de tesis 133/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". De acuerdo a este criterio jurisprudencial existe la obligación constitucional para todas las autoridades de que sus actos contengan el fundamento legal y el razonamiento por medio del cual se evidencien las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubieren tenido en consideración para la emisión del acto, para lo cual debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cabe distinguir entre la falta de fundamentación y de motivación, por un lado, y la indebida fundamentación y motivación, por el otro, pues por lo primero debe entenderse como la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya el acto autoritario y de las circunstancias especiales o razones particulares que se hayan tenido en cuenta para su emisión; mientras que por lo segundo se entiende cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto, e igualmente se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden a la hipótesis objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. Cimienta la tesis I.6o.C.82 K, publicada en la página 1818, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste". El ordinal 84 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad del Estado de Durango, establece: "Artículo 84. No serán materia de anotaciones marginales, sino de inscripciones principales: las diligencias de posesión, las informaciones ad-perpetuam, las cédulas hipotecarias, las cesiones de derechos, las divisiones de copropiedad, las prórrogas del plazo de hipoteca, las ampliaciones de hipotecas, las substituciones de deudores, las demandas sobre bienes litigiosos, la de nulidad y las de cancelación de inscripciones, rectificaciones, constituciones de patrimonio familiar, sentencias definitivas en los juicios de amparo y de nacionalización (provisionales o definitivas), inscripciones provisionales según el Artículo 2892 del Código Civil, condiciones resolutorias o suspensivas y, en general, todos los actos por los que deba practicarse una inscripción según los Artículos 53, 65, 73, 76 y 99 y demás relativos de este Reglamento. En los casos mencionados, al margen sólo se pondrá la nota de referencia prescrita en la Fracción IV del Artículo 83". Este precepto, en lo interesante, permite que las cesiones de derechos sean objeto de inscripciones principales pues las diferencia de las anotaciones marginales. Pues bien, los antecedentes de la determinación controvertida se obtienen de las copias certificadas que el Director del Registro Público de la la Propiedad y del Comercio de esta capital de Durango remitió como complemento de su informe con justificación y de los que la propia disconforme anexó a su demanda de derechos fundamentales, de los que se advierte que Mitzy Liliana Rodríguez Chávez elevó una petición para que se inscribiera el testimonio que contiene cesión de derechos otorgado en su favor por Decarome, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, respecto de un bien inmueble; sin embargo, el Registrador responsable resolvió que su solicitud era improcedente en el siguiente sentido: "Observaciones CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, SE RECHAZA EL PRESENTE TRÁMITE, YA QUE LAS CESIONES QUE MENCIONA EL DOCUMENTO NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS." Empero, no es legal que el Registrador demandado haya rechazado el trámite solicitado con base en el numeral 37 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad, en virtud de que el diverso normativo 87 del propio reglamento permite que las cesiones de derechos sean objeto de inscripción, sin que lo haya considerado para emitir su respuesta. Además, en la determinación controvertida tampoco se explicó el motivo por el cual es improcedente la petición de la garantista, pues la autoridad se limitó a citar el fundamento legal de su decisión pero sin motivar su decisión, es decir, no explicó el motivo por el cual el caso sometido a su potestad era improcedente. En tales condiciones, se impone reconocer que la determinación controvertida es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los arábigos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conduce a otorgar a la quejosa Mitzi Liliana Rodríguez Chávez la Protección Federal para el efecto de que el Director del Registro Público de la la Propiedad y del Comercio de esta capital de Durango ordene dejar insubsistente el reporte de improcedencia del tres de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Registrador de esa dependencia, y con plenitud de jurisdicción dicte otra determinación en la que atienda los lineamientos de este fallo, pues sólo de esta manera se podrá restablecer el orden constitucional quebrantado como lo ordena el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la inscripción (en caso de que proceda) no implicaría modificación de los derechos del propietario del bien inmueble que se encuentra en litigio, puesto que ese acto únicamente es declarativo y no constitutivo de derechos, es decir, dichas facultades provienen de la cesión de los derechos litigiosos pero no de la inscripción, cuya finalidad es darle publicidad al acto jurídico cesionario pero sin que se modifique de alguna forma los derechos del dueño. Orienta la tesis que se localiza bajo el registro digital 225236, o bien que aparece en la página 637 del Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dispone: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. EFECTOS DE LAS ANOTACIONES MARGINALES. La anotación marginal ordenada por el juez de origen al registrador público de la propiedad y del comercio, sobre los lotes de terreno materia del litigio, a petición del actor, no infringe garantías, toda vez que dicha determinación no implica modificación alguna de los derechos del propietario, pues dicho acto únicamente es declarativo y no constitutivo, es decir, los derechos provienen del acto jurídico declarado mas no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto para poner de manifiesto la condición de los inmuebles en cuanto a sus modificaciones o mutaciones, desmembramiento, gravámenes y restricciones que limitan su valor y circulación, y así, evitar fraudes y abusos provenientes de ocultaciones, e imprimir seguridad a los hechos y actos jurídicos en lo que atañe a las partes y a terceros, pero sin que se modifique de alguna forma los derechos del propietario". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Contra la determinación del tres de junio de dos mil veintiuno emitida por el Registrador del Registro Público de la la Propiedad y del Comercio de esta capital de Durango. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando. Notifíquese, y en caso de que el Actuario verifique si alguna de las autoridades se encuentra en receso vacacional, y no cuenta con guardia que reciba los oficios correspondientes, hágase en cuanto reanuden sus labores, salvo las notificaciones urgentes.
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