Mitsuo Teyer Mercado
Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mitsuo Teyer Mercado
- Josè Rodrigo Rivera Coronado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo el oficio 36/2023, mediante el cual este Juzgado Federal rindió su informe sobre la materia de la queja y remitió el original y copia relativos al escrito de ******************** con el que interpuso recurso de queja en contra del proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, asimismo, la Superioridad informa que admitió el aludido recurso de queja y quedó registrado bajo el número de toca 215/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito remitido vía electrónica por ********************parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de doce de mayo del año en curso, por el que se desechan las pruebas de inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa; en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase la impresión del escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, así como copia destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Superioridad. En el entendido que se pondrá a su disposición el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del juicio de amparo 105/2023-III, para la substanciación de dicho recurso. Hágase del conocimiento de las partes la interposición del referido recurso de queja para los efectos legales que correspondan. Por otra parte, tal y como lo dispone el artículo 102 de a Ley de Amparo, suspéndase el procedimiento en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva lo conducente respecto del recurso interpuesto; en consecuencia, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, reservándose el señalamiento de diversa fecha hasta en tanto se levante la suspensión del citado procedimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado autoridad responsable en el presente juicio de amparo, mediante el cual en relación al requerimiento que se le realizó en proveído de doce de mayo de del año en curso, remite las constancias relacionadas con la puesta a disposición del impetrante de garantías, mismo que se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto del que se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se reservó acordar sobre las pruebas de inspección judicial marcadas con los numerales 2 y 3 de consistentes en 8 videograbaciones y 7 páginas de internet ofrecidas por Mitsuo Teyer Mercado, parte quejosa en el presente asunto, en su escrito de ampliación de demanda, por tanto, toda vez que ya obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables y se encuentra integrada la litis, se acuerdan las pruebas ofrecidas por el quejoso en los siguientes términos: En virtud de lo anterior, cabe hacer la precisión que los actos reclamados por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, son: Ahora bien, una vez precisada la Litis constitucional en el presente asunto, se concluye que las pruebas de inspección judicial en comento, ofrecidas por la parte quejosa a fin de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados pretendiendo acreditar por una parte lo que aduce como el intimidatorio y discriminatorio operativo de las autoridades responsables y por otra parte la supuesta transgresión de los derechos humanos y garantías individuales, así como con las páginas de internet con artículos periodísticos con los que pretende demostrar la estigmatización sufrida por el oferente, no son idóneas para acreditar los puntos a que refiere en las mismas, pues se trata de cuestiones que no son susceptibles de ser apreciadas por el fedatario de la adscripción a simple vista y que por tanto pueda ser materia de inspección judicial. Lo anterior es así, debido a que la prueba de inspección consistente en la descripción que realice el fedatario de la autoridad, respecto de lo que puede apreciar con sus sentidos en el momento de la diligencia, de ahí que la prueba de inspección en los términos que fue ofrecida por el quejoso se estima que no es idónea. Máxime que de autos se puede advertir que obran agregados los informes justificados de las autoridades responsables, en los que se hace mención sobre la existencia o no de los actos reclamados, así como las constancias relativas a los mismos. En consecuencia, atendiendo a los principios de expedites en la administración de justicia, se desechan las pruebas de inspección judicial consistentes en 8 videograbaciones y 7 páginas de internet, ofrecidas por la parte quejosa, pues se estima que no son los medios apropiados y adecuados para probar el hecho que pretende demostrar en relación a los actos reclamados, lo anterior de conformidad al artículo 212 del Código Federal de Procedimientos civiles. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se observa que para poder resolver el presente asunto es necesario contar con las constancias del Secretario de Seguridad Pública del Estado, relacionadas con la detención del directo quejoso Mitsuo Teyer Mercado; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable en el presente asunto, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquél en que reciba el oficio con transcripción del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional las constancias relativas a la detención del directo quejoso Mitsuo Teyer Mercado, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por otra parte, atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta, y toda vez que del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de Seguridad Pública, se advierte que, quien determinó el arresto administrativo de veinticuatro horas al directo quejoso José Rodrigo Rivero Coronado fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 de la Ley en comento, dese vista al quejoso José Rodrigo Rivero Coronado, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo por lo que hace al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y, en caso de ser así, señale el acto que le reclama, adjuntando una copia de la demanda y las copias necesarias de su escrito de ampliación a fin de estar en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes en el presente juicio. Se apercibe a la parte quejosa en comento en el sentido que de no hacer manifestación alguna al presente requerimiento, se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado y las autoridades responsables señaladas inicialmente en su demanda. Lo anterior, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Materia Común, visible en la página 93, número de registro 182617, con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las doce horas con diez minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las demás autoridades responsables, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese y personalmente a los directos quejosos. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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