Missael Moran Navarrete
Expediente 107/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/06/2017
Partes del expediente
- Missael Moran Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
IV. DESE VISTA A LAS PARTES.........
- Principal
II.EJECUTORIA. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la sentencia de veintiocho de marzo de la presente anualidad (f. 60-64), por la que se sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se actúa, no obren los acuses postales de recibo de los oficios 2025, 2026 y 2029, dirigidos al Secretario de Gobernación de la República Mexicana, al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y al Comisionado Nacional de Seguridad, por los que se les notificó la sentencia emitida en el presente juicio, pues dado el sentido de lo resuelto, la resolución en cita no les causa perjuicio alguno, de manera que tampoco están legitimados para inconformarse en relación con ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3o.4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, criterio que no ha sido superado, bajo el número de registro 195993, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental. CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, y conforme al punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del citado acuerdo, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que la medida cautelar provisional solicitada fue concedida; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládense ambos expedientes al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo aludido, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra más de seis meses a partir de la fecha en que se actúa, procédase a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece el documento de mérito.
- Incidental
II. RESUELVE: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada, contra los actos que reclamó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, por las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución.
- Incidental
II. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de once de los actuales (fojas 95-96) a fin de que aclarara la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como "Titular de la Dirección General de los Centros Federales de Readaptación Social de la República Mexicana", sin que exista constancia alguna que acredite que dio cumplimiento a dicho requerimiento. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en el citado proveído y se tiene como inexistente a la referida autoridad. Lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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