Misrrain Abimael Poot Tamayo
Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Misrrain Abimael Poot Tamayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento a lo requerido en proveído de diecisiete de julio del año en curso, informa que abrió el acta de investigación número VFEDTTCID-GV/115/2023, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin de poder determinar la existencia de un delito y así continuar con la investigación del mismo y remite las constancias respectivas para acreditarlo. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación VFEDTTCID-GV/115/2023, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, por medio del cual acusa recibo de la vista dada en este juicio, con motivo de los posibles actos de tortura referidos por el quejoso; e informa que remitió las constancias que integran el presente juicio de amparo al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 10/2023, de siete de junio del año en curso, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintinueve de abril del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión, y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, una vez concluido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando únicamente la demanda, el auto admisorio y el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado; por lo tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, que remite en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en audiencia interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil veintidós, mediante el cual informa que desde el quince de noviembre de ese propio año, se le autorizó a la parte quejosa la "Beca Educativa Especial", incluyendo las colegiaturas del apoyo psicopedagógico a favor de la menor K.I.V.M., y respecto al ciclo escolar 2022-2023, se le han dispersado diversas cantidades de dinero por concepto del referido apoyo de los meses de septiembre de dos mil veintidós a marzo del presente año, faltando cubrir los meses de abril, mayo y junio de dos mil veintitrés, lo que se hará al tenor del calendario respectivo; y para acreditarlo remite las constancias que anexa a su oficio de cuenta. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Asimismo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, con la manifestaciones realizadas por la autoridad responsable y constancias, a fin de que en su caso manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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