Mishell Alvarez Quintal
Expediente 856/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mishell Alvarez Quintal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la quejosa el once de agosto actual, sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el ocho de julio de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: "... que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, deje insubsistente el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 892/2019, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Y hecho lo anterior, emita un nuevo acuerdo donde fije dentro de los quince días siguientes, nueva fecha y hora para la celebración de la indicada audiencia. Así mismo, para que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, realice el emplazamiento de la parte demandada Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 750 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tuviere." Posteriormente, en auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Presidente de la junta responsable, mediante oficio relacionado el diez de agosto actual, remitió copia certificada del proveído de seis de agosto del año en curso, dictado en el Juicio Reclamatorio Laboral 892/2019. Del cual se aprecia que dejó insubsistente el acuerdo reclamado e inmediatamente dictó uno nuevo, en el que, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de agosto del año en curso, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por su parte, el actuario responsable, remitió copia certificada del citatorio y cédula de notificación respectivos, de los que se aprecia que el demandado Hospital General de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal fue debidamente emplazado al juicio laboral de origen. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las citadas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes los oficios signados por la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y su actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, y anexos que acompañan, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y su actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 856/2021-I-A promovido por ********************. R E S U L T A N DO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y su actuario adscrito, ambos con sede en esta capital. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital. El señalar en el Juicio Reclamatorio Laboral ********************, fecha y hora para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones fuera del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad. El no haber emplazado a juicio al ******************** ********************, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, ni a la persona física o moral que resulte responsable o propietaria de la fuente de trabajo, es decir, a la parte demandada del Juicio Reclamatorio Laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclamaron de las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados; afirmaciones que se corroboran del contenido de las constancias del juicio natural. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede a analizar la existencia o no, de causas de improcedencia, por ser de orden público y estudio preferente en el juicio; como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, las autoridades responsables manifiestan que el presente juicio es improcedente, apoyándose en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580; pues sostienen que el acto impugnado no constituye una violación autónoma al procedimiento natural, sino una violación de carácter adjetiva que no afecta derechos sustantivos, al darse dentro de juicio. En efecto, la jurisprudencia del Máximo Tribunal establece, por regla general, que si con motivo de afectaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional, se alegan violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse de ejecución irreparable, como prevé la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio; ya que para otorgar la calificativa de "acto irreparable" deben generar una afectación material a derechos sustantivos, a grado tal, que sus consecuencias impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo produzcan una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo. De ahí que cuando se reclamen ese tipo de violaciones, como la falta de respuesta o proseguir en tiempo con el trámite, no se les pueda considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, por no ser omisiones autónomas al procedimiento natural; pues se dan precisamente dentro de juicio. Por ello, la Suprema Corte estimó que al no producirse de forma independiente, no actualizan el caso de excepción para acudir al amparo indirecto. Así, por regla general, la Segunda Sala del Alto Tribunal, determinó que el amparo promovido contra actos de esa naturaleza es notoriamente improcedente; a menos que el juzgador constitucional advierta de la propia demanda una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, caso en cual, el juicio sería procedente. Situación última que acontece en el presente asunto, dado que las autoridades responsables han excedido en demasía los plazos procesales que la ley les otorga para la realización de los actos cuya omisión se reclama en sede constitucional; por cuanto se señaló como fecha para una audiencia, más de seis meses después de la anterior fijada, y ha transcurrido más de un año y tres meses sin que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, lo que rebasa por mucho, los plazos de quince y cinco días que respectivamente prevé la Ley, como se analizará más adelante. De manera que es evidente que en el caso a estudio existe una abierta dilación del procedimiento laboral y un contundente menoscabo en la administración de justicia, razón por la cual, con apoyo en el criterio jurisprudencial previamente citado, se declara infundada la causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables. Ahora bien, desvirtuada la causa de improcedencia hecha valer y al no advertirse de oficio la actualización de alguna diversa prevista en el artículo 61 de la ley de la materia, procede efectuar el estudio de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, motivo por el cual, deberá concedérsele la protección de la Justicia Federal. Pues asiste razón a la parte impetrante, dado que la Junta responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, una dentro de los quince días hábiles siguientes de recibido el escrito de demanda, como establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable. Así también, el actuario responsable debió emplazar a juicio a la parte demandada, dentro de los cinco días siguientes de dictado el acuerdo que lo ordenó; de conformidad con el numeral 750 de la invocada Ley. Al no hacerlo así, violaron en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que no cumplieron con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por tribunales designados, en los plazos y términos que establezcan las leyes, emitiendo sus determinaciones de manera pronta, completa y expedita. Ahora bien, en relación con los actos materia de estudio, de los artículos 685, 771, 873 y 750, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. De igual forma, el numeral 771 reitera el criterio predominante en materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, la responsabilidad de que los juicios no queden inactivos y se dicten las providencias correspondientes para que la justicia sea rápida y expedita hasta dictar laudo. Así, conviene destacar que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal la estatuye y remite a la ley respectiva, en relación con los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Plazos que el legislador no estableció de forma arbitraria, sino razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que les corresponden. Por su parte, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales de manera pronta, completa e imparcial; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciendo así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Presidente de la Junta responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se fijaron las diez horas del diez de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio natural. Así mismo, en dicho auto se comisionó nuevamente al actuario adscrito para que emplazara a juicio a la parte demandada, pues no obstante que desde acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte se le ordenó hacerlo, hasta esa fecha, veintidós de febrero de dos mil veintiuno, aún no obraban constancias de que el actuario hubiera realizado la diligencia de emplazamiento. De lo anterior se advierte que las responsables violan en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 17 constitucional en análisis, pues éste ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. Ello, porque de los invocados artículos 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que recibida la demanda, la Junta dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual deberá fijarse dentro de los quince días hábiles posteriores de recibido el escrito de demanda. Así como, que el actuario deberá emplazar a la parte demandada dentro de los cinco días siguientes del acuerdo que lo ordene. Plazos que las autoridades responsables han excedido en demasía, si se tiene presente que por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se señaló el diez de septiembre de dos mil veintiuno como nueva fecha para la audiencia trifásica; esto es, más de seis meses después de la anterior data fijada, lo que excede el plazo de quince días que inicialmente prevé la Ley. Lo mismo debe decirse de la actuaria, quien a la fecha de presentación de la demanda y a la en que rindió su informe, aún no había emplazado a la parte demandada, no obstante de ordenárselo la Junta desde el cuatro de febrero de dos mil veinte, y reiterarle la orden, en el acuerdo combatido de veintidós de febrero de dos mil veintiuno; de manera que ha transcurrido más de un año sin que la funcionaria judicial realice el emplazamiento. Máxime que de autos se advierte que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no ha podido llevarse a cabo por la falta de notificación de las partes; lo que ha conllevado a su diferimiento y el retraso de la prosecución del juicio. Por lo anterior, es incuestionable que las responsables han violado las leyes del procedimiento y han causado perjuicios irreparables a las partes en el juicio laboral de origen, con el subsecuente menoscabo de impartición rápida y efectiva de justicia, ya que infringen lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en cuanto éste consigna que la impartición de justicia debe ser pronta, completa y expedita, dentro de los plazos y términos que establezcan las leyes aplicables; lo que no ha acontecido en el presente asunto. Ante tales circunstancias, al demostrarse la transgresión a la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, deje insubsistente el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ********************, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Y hecho lo anterior, emita un nuevo acuerdo donde fije dentro de los quince días siguientes, nueva fecha y hora para la celebración de la indicada audiencia. Así mismo, para que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, realice el emplazamiento de la parte demandada Hospital Regional de Alta ********************, de acuerdo a lo establecido en el artículo 750 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tuviere. Ahora bien, por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos se delimitan en función de los actos que aquí se reclamaron y en consideración de la etapa procedimental en que se sitúan dentro de la propia secuela procesal, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a los actos reclamados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y su actuario adscrito, ambos con sede en esta capital; por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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