Misael Servín Hernández, por conducto de su apoderado

Expediente 115/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
115/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Misael Servín Hernández, por conducto de su apoderado
  • Cristóbal Rivera Cruz, por conducto de su apoderado
  • Germán Chávez Martínez, por conducto de su apoderado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sin que obste lo anterior, el hecho de que no se le haya realizado también el cómputo a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su calidad de autoridad responsable, puesto que dicho acuerdo, en este caso en particular, no le causa agravio. ... Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 del último ordenamiento legal en cita, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada del oficio SEADS/460/2019, de diez de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que Marco Antonio Vignola Conde quedó adscrito a este órgano jurisdiccional como Juez de Distrito a partir del uno de mayo del presente año; lo que únicamente se hace del conocimiento a las partes procesales, sin mayor efecto legal; puesto que el derecho de recusación que pudieran tener a que alude el artículo 52 de la Ley de Amparo, únicamente pueden ejercerlo antes del dictado de la sentencia, lo que en el caso ya aconteció; puesto que en acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve (foja 40 a 46 del cuaderno de amparo), se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. ...

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Presidente en representación de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al proveído de veintitrés de abril del año en curso y remite el duplicado del expediente laboral 00443/2018/JE1-3 y su acumulado, de su índice; documentales que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de prueba. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es: "La omisión de emitir la RESOLUCION O ACUERPO CORRESPONDIENTE A LA CALIFICACION Y ADMISION DE PRUEBAS, que ofreciéramos las partes, dentro de los autos del Juicio Laboral No. 00443/2018/je1-3 y su acumulado, y en consecuencia a señalar Fecha y hora para el desahogo de las que resulten admisibles y así poder seguir con la prosecución del Juicio Natural y en consecuencia a ello a su incumplimiento de otorgarme Justicia Pronta(sic)" En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte el dictado del proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en los autos del expediente laboral 00443/2018-JE1-3, a través del cual la Junta responsable califica y admitió la pruebas que consideró pertinentes; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de garantías, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios de los requirentes de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el Tribunal laboral responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de los peticionarios de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los justiciables que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a los demandantes de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No pasa inadvertido, el hecho de que no fue realizado el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada; sin embargo, ello no implica una violación procesal dado el sentido de la presente resolución, pues al sobreseerse fuera de audiencia el juicio en que se actúa, la misma no les irroga perjuicio alguno. No obstante lo anterior, a fin de robustecer el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con apoyo en el diverso precepto legal 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente el presente proveído a la parte quejosa. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Asimismo, la referida responsable, en apoyo de su informe con justificación acompaña copia certificada de la determinación de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el que aduce se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes, en los autos del expediente laboral 00443/2018/JE1-3 y su acumulado; documental que se tiene desahogada por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es: "La omisión de emitir la RESOLUCION O ACUERPO CORRESPONDIENTE A LA CALIFICACION Y ADMISION DE PRUEBAS, que ofreciéramos las partes, dentro de los autos del Juicio Laboral No. 00443/2018/je1-3 y su acumulado, y en consecuencia a señalar Fecha y hora para el desahogo de las que resulten admisibles y así poder seguir con la prosecución del Juicio Natural y en consecuencia a ello a su incumplimiento de otorgarme Justicia Pronta(sic)" En ese contexto, no se tiene la certeza de que las pruebas desahogadas en el auto anexo al informe de mérito, son la totalidad de las ofertadas por las partes en el juicio natural referido; por tanto, el hecho de que este órgano jurisdiccional no cuente con la totalidad de las constancias que integran el citado expediente se traduce en una violación a las reglas que norman el procedimiento en el juicio de amparo, como es la contenida en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, donde se dispone que el juez de Distrito debe recabar oficiosamente las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, evitar la reposición del procedimiento e integrar adecuadamente el presente sumario Constitucional, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral número 00443/2018/JE1-3 y su acumulado, de su índice. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por ende, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia Constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese.

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