Misael Reyna Cerón y Otros.
Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Misael Reyna Cerón
- Misael Reyna Cerón y Otros.
- Juan Hernández Cerón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
(2) Visto el estado que guarda el presente sumario, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés (fojas ...), en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; luego, de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha sobreseído fuera de audiencia, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción II, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que resulta innecesario retener las constancias y los discos versátiles digitales (2), que remitió en su momento el Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en apoyo a su informe justificado y que obran en un anexo por cuerda separada, devuélvase a la citada autoridad.
- Principal
(2) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de TREINTA Y UNO DE MAYO DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE TREINTA DE MAYO DEL ACTUAL... Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, y, visto su contenido, téngase al Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo (denominación correcta de la autoridad señalada por el quejoso como Juez de Control del Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo), rindiendo informe justificado. Instrúyase a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado Federal para que realice las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con los documentos de cuenta, fórmese un anexo de pruebas, que quedará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría, sin que el mismo sea integrado al expediente electrónico debido a la imposibilidad material para ello en atención a su voluminosidad, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otra parte, de conformidad en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3º y 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, dígase a(los) promovente(s) que el número de teléfono y/o dirección de correo electrónico proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ahora, de la documentación con que se ha dado cuenta en esta data, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, se analiza de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a los actos reclamados consistentes en la calificación de la detención y auto de vinculación reclamados, prevista en el artículo 61, fracción XIII, del propio ordenamiento reglamentario, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;..." De la interpretación sistemática de precepto en cita, se advierte que el legislador consideró como causa de improcedencia del juicio de amparo el consentimiento del acto reclamado de forma expresa. Según la doctrina, un acto consentido en forma expresa es aquél emitido o ejecutado por una autoridad del Estado en contra de un gobernado, y éste, exteriorizando libremente su voluntad, se ha conformado con ese acto. Lo anterior, debido a que la aceptación de una solución alterna, como lo es la suspensión condicional del proceso, constituye un consentimiento expreso de la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, los cuales vienen a ser los actos reclamados en el amparo indirecto, entre otros. Situación que se actualiza en este caso, pues los actos reclamados consisten en el 1] control de detención de los quejosos y el 2] auto de vinculación a proceso emitido en contra de los quejosos, emitidos en audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal ******, del índice de la autoridad responsable. Sin embargo, en audiencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, celebrada en el proceso penal primigenio, en lo que interesa, ante la propuesta de la defensa de los imputados y con el consentimiento del fiscal investigador, el juez responsable resolvió autorizar la suspensión condicional del proceso a favor de los quejosos. Sin que sea óbice que la determinación judicial que sirve de sustento para tener por acreditada tal hipótesis se haya emitido con posterioridad al dictado de las resoluciones impugnadas en amparo indirecto, ya que las pruebas relacionadas con la improcedencia del juicio deben ser valoradas de oficio, en cualquier instancia, hasta antes de ejecutoria. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, lo anterior, en cualquier instancia en que éste se encuentre. Así, del informe justificado rendido por el juez responsable y de las constancias de cuenta, se observa que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal *****, se concedió a los quejosos *******, el beneficio de la suspensión condicional del proceso, imponiéndoles las obligaciones contempladas en el artículo 195 de Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en las fracciones I, III, IV, VIII y IX. En ese sentido, si el acto reclamado deriva de un proceso judicial en materia penal, en el que el juez de la causa autorizó una solución alterna, es inconcuso que ello constituye una aceptación expresa por parte de los quejosos respecto de los aludidos actos reclamados. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2014495 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461 Tipo: Jurisprudencia CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." "Registro digital: 2025474 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: I.6o.P.3 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo IV, página 3811 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. AL ANALIZAR LA OPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Y DETERMINAR SI SE SATISFACE O NO EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA SU PROCEDENCIA, EL JUEZ SÓLO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA ARGUMENTACIÓN QUE GUARDE RELACIÓN CON LOS ASPECTOS SUSTANCIALES DE ESA FORMA DE SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCEDIMIENTO, SUS REQUISITOS O PRESUPUESTOS NORMATIVOS. Hechos: En un proceso penal acusatorio y oral la víctima se opuso a la solicitud de suspensión condicional del proceso, con sustento en la gravedad del delito, que se trataba de un acto de corrupción y en la necesidad de sancionar al culpable; argumentos que el Juez de Control consideró adecuados para declarar fundada la oposición y negar esta solución alterna del procedimiento. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, de una interpretación sistemática del artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el libro segundo, título I, capítulo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determina que al analizar la oposición de la víctima u ofendido a la suspensión condicional del proceso y determinar si se satisface o no el requisito establecido en el artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales para su procedencia, el Juez de Control sólo debe tomar en consideración la argumentación que guarde relación con los aspectos sustanciales de esta forma de solución alterna del procedimiento, sus requisitos o presupuestos normativos. Justificación: De la interpretación del artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el libro segundo, denominado "Del procedimiento", título I, "Soluciones alternas y formas de terminación anticipada", capítulo III, "Suspensión condicional del proceso", del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que la suspensión condicional del proceso atiende a las bases de la justicia restaurativa durante el procedimiento penal, al enfocarse en garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido, imponer al imputado condiciones para responder por su conducta y que se vele por una efectiva tutela de los derechos de aquél; todo ello sin que el imputado tenga que estar privado de su libertad personal en un centro de reclusión con motivo del dictado de una sentencia. Lo cual es acorde con el precepto constitucional indicado, en tanto que lo que se pretende con la suspensión condicional del proceso es resolver el conflicto surgido con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos, sin necesidad de llegar a la etapa de juicio y al dictado de una sentencia. Lo expuesto sirve de base para comprender el requisito de procedencia de la suspensión condicional del proceso, previsto en la fracción II del artículo 192 del referido código, que dice: "II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido", lo cual lleva al siguiente cuestionamiento: ¿Qué tipo de argumento de oposición podrá formular la víctima u ofendido en relación con la procedencia de la suspensión condicional del proceso? La respuesta se encuentra en el aludido capítulo III, que rige la suspensión condicional del proceso en cuanto a que las oposiciones que podrá formular la víctima deben recaer en los aspectos sustanciales de dicha forma de solución alterna del procedimiento, a saber: el plan detallado sobre el pago de la reparación del daño; b) el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el artículo 195; c) que no estén cubiertos los requisitos previstos en las fracciones I y III del artículo 192, es decir, que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión sí exceda de cinco años y no hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior, en su caso; d) se pida la suspensión condicional del proceso para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167, es decir, respecto de delitos de homicidio doloso, genocidio y violación sexual; y, e) la solicitud de suspensión condicional del proceso no sea oportuna de conformidad con el artículo 193. Por tanto, al analizar si existe una oposición fundada de la víctima u ofendido a la suspensión condicional del proceso y determinar si se colma o no el requisito de procedencia previsto en la fracción II del artículo 192 citado, el Juez de Control sólo debe tomar en consideración las argumentaciones que guarden relación con dichos aspectos sustanciales de esta forma de solución alterna del procedimiento, sus requisitos o presupuestos normativos. De ahí que si la víctima u ofendido, al oponerse a la solicitud relativa, lo sustenta en aspectos diversos a los mencionados (a guisa de ejemplo: la gravedad del hecho o del delito, la necesidad de sancionar al culpable, el dictado de una sentencia ejemplificativa para la sociedad, etcétera), dichas oposiciones serán ineficaces, al no guardar pertinencia con el objeto de estudio a que debe someterse el Juez de Control al aprobar o no esa suspensión condicional." Asimismo, en relación al diverso acto reclamado consistente en la 3] imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada en audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal ********, del índice de la autoridad responsable, de conformidad con las constancias remitidas por el juez de control responsable, se advierte que se actualiza la siguiente hipótesis de improcedencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de las constancias de cuenta, plenamente probatorias en términos del artículo 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se insiste que se desprende que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el juez de la causa autorizó la suspensión condicional del proceso *******, ordenando la inmediata libertad de los quejosos ********. De acuerdo con lo anterior, se encuentra acreditado en autos que los actos reclamados consistentes en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en la audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, ha cesado en forma incondicional y absoluta. Pues como se advierte, el juez responsable acogió la solicitud de los quejosos, asimismo, se ordenó su inmediata libertad, de ahí que la medida cautelar de la prisión preventiva justificada quedó sin efectos. En este orden de ideas, al encontrarse probado en autos que se actualizan las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional y se ordena hacer las anotaciones correspondientes.
- Principal
(2) Notifíquese personalmente.
- Principal
(2) I. Desahogo de prevención. Téngase por recibido el escrito signado por ..., autorizado de la parte quejosa, por medio del cual en cumplimiento a la prevención ordenada en acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (fojas 18 a 21), informa que el nombre del Agente del Ministerio Publico que formuló imputación en contra de los impetrantes de amparo, es ..., cuya denominación correcta es Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas Cinco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, adscrito al Centro de Servicios Integrales. Atento a lo anterior, se tiene por desahogada la prevención de referencia, dejándose sin efectos el apercibimiento ahí decretado; consecuentemente, se provee: II. Decisión sobre la acción de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con dos minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Autoridad (es) responsable (s). a. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que de no hacerlo se presumirán como ciertos el(los) acto(s) reclamado(s) y se le(s) impondrá multa por el equivalente a cien veces el importe de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada, que asciende a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. Ello, en el entendido que si las autoridades responsables no consideran necesario remitir constancias, los informes justificados correspondientes deberán enviarse ÚNICAMENTE por correo electrónico a la dirección 2jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, pues constituye hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el servicio postal ordinario que presta Correos de México se encuentra gravemente afectado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2-19. b. Informe vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A fin de agilizar la integración del expediente, en caso de haberlas, remítase vía interconexión el(los) oficio(s) correspondiente(s) a la(s) autoridad(es) que constituye(n) órgano(s) jurisdiccional(es) del Poder Judicial de la Federación, o bien, a la(s) autoridad(es) con la(s) que el Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado convenio(s) respectivos, solicitándose atentamente que el informe que rinda(n) se envíe por la misma vía, a excepción de los casos en que deban remitir constancias que deban exhibirse forzosamente en forma física (discos compactos, etcétera), conforme a lo ordenado en este apartado. Finalmente, en caso que los actuarios adscritos cuenten con el correo electrónico oficial de la(s) autoridad(es) responsable(s), se les instruye para que remitan el(los) oficio(s) derivado(s) de este acuerdo por tal vía, siempre y cuando puedan constatar, por cualquier medio, su recepción. c. Multa por no recibir oficios. Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, apercíbase a la(s) autoridad(es) responsable(s) que si se niega(n) a recibir los oficios librados en el presente juicio, se le(s) impondrá multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto, al rendir su respectivo informe o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al último de los numerales invocados, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. d. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso que tenga(n) conocimiento o con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a treinta unidades de actualización y medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita, que asciende a tres mil ciento doce pesos, veinte centavos, moneda nacional. e. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días, contados desde el momento en que le(s) sea notificado el presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador del(los) acto(s) reclamado(s) o que sirvieron de apoyo para emitirlo(s), así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. f. Suspensión el procedimiento. De conformidad con el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de conservar la materia del presente juicio de amparo, se requiere a la autoridad responsable ordenadora, para que una vez que declare cerrada la instrucción en la causa penal de origen, o bien, una vez concluida la etapa intermedia si se tratarse del procedimiento acusatorio, suspenda el procedimiento sin que se dicte la sentencia correspondiente. 2. Tercero(s) interesado(s). a. Quién. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso(s) e, de la Ley de Amparo, se tiene a ..., como parte tercera interesada. b. Forma de emplazarlo(s). Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, realícese el emplazamiento de ..., o de la persona que les haya sucedido en el cargo como Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas Cinco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, adscrito al Centro de Servicios Integrales, por conducto del Procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo, corriendo traslado con la fotocopia de la demanda de amparo y del presente auto, con el objeto de que si lo estima conveniente se apersone al presente juicio y haga valer sus derechos como corresponda. Lo anterior, en el entendido de que el actuario judicial de la adscripción, al entregar el oficio y anexos respectivos, deberá recabar en el acuse de recibo, la leyenda de que se recibió el comunicado y la copia simple del escrito de demanda y auto admisorio, con las que se corre traslado a la Representación Social. 3. Representación Social. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, asentándose en el acta respectiva que se le corre traslado con copia del escrito de demanda y, en su caso, aclaratorio. VI. Incidente de suspensión. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, en atención a que la parte quejosa no solicitó el dictado de la medida cautelar, sin que se esté en el supuesto establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo. VII. Pruebas. Los promoventes no ofrecieron medio de prueba alguno.
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