Misael Piña Almazan
Expediente 1682/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Misael Piña Almazan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES PREVIOS. Agréguense al expediente electrónico para los efectos legales procedentes los oficios firmados por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Amparos en representación del FISCAL GENERAL; VICEFISCAL GENERAL; FISCAL REGIONAL DE TOLUCA; OFICIAL MAYOR; COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN; COORDINADOR GENERAL DE VINCULACIÓN; TITULAR DE LA UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES; COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS; FISCAL CENTRAL JURÍDICO y del FISCAL CENTRAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO y por la COORDINADORA GENERAL DE ATENCIÓN INMEDIATA Y JUSTICIA RESTAURATIVA, todos de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, mediante los cuales rinden su informe previo; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes previos, sin perjuicio de ser relacionados al momento de celebrar la audiencia incidental. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9° y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades en cita a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite la utilización de éstos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal y que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, los oficios firmados por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Amparos en representación del FISCAL CENTRAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO; OFICIAL MAYOR; TITULAR DE LA UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES; COORDINADOR GENERAL DE VINCULACIÓN; COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN; COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS; FISCAL REGIONAL DE TOLUCA; FISCAL CENTRAL JURÍDICO; VICEFISCAL GENERAL y del FISCAL GENERAL y por la COORDINADORA GENERAL DE ATENCIÓN INMEDIATA Y JUSTICIA RESTAURATIVA, todos de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, mediante los cuales rinden su informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9° y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades en cita a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite la utilización de éstos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal y que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para el efecto de que dentro del plazo de tres días, se presentara ante este juzgado de distrito a efecto de ratificar la firma impresa en el escrito registrado con el número de orden 17049, sin que hubiera cumplimentado dicho requerimiento; por tanto, dado que ha transcurrido el término concedido para tal fin, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no presentado el escrito de referencia. Se cita al caso la Jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de la Novena Época, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, que dispone lo siguiente: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." En ese orden, toda vez que el quejoso fue omiso en ratificar el escrito por el cual pretendía dar cumplimiento al auto de prevención de demanda de treinta de octubre de la anualidad en curso, en el que se le requirió a efecto de que precisara la denominación correcta de las autoridades responsables que señaló como "3. TODOS Y CADA UNO DE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y DE JUICIOS ORALES DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.", en consecuencia, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento ahí decretado y acordar la demanda de amparo sin tener como autoridades responsables a las referidas. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido íntegro de la demanda, se obtiene que en esta vía se reclama esencialmente: La orden de aprehensión y/o detención, librada en contra del quejoso; y su ejecución. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio, lo anterior dadas las medidas de contingencia con motivo de la pandemia covid-19. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. De conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós, fórmese por separado y tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la audiencia constitucional. Ello, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, en el que se aprobó el calendario de vacaciones de los Juzgados de Distrito, correspondiente al segundo semestre de 2023 mediante sesión de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se reclaman; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remitan el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento a las autoridades que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado. Apercibidas las autoridades que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, resérvese acordar lo conducente al emplazamiento del tercero interesado, así como al Agente de Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, hasta en tanto obre en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las constancias de las cuales emana el acto reclamado. DOMICILIO y AUTORIZADOS. En este punto se deberá de estar a lo acordado en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con la finalidad de obtener su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1682/2023-I, promovido por Misael Piña Almazán, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea y otras autoridades, se integra el presente incidente, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a las responsables que de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las diez horas con quince minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. MARCO JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN. En los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, se precisan los aspectos que el juzgado debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado, los cuales son: 1) La naturaleza de la violación alegada; 2) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 3) Hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios para la parte quejosa; y 4) La apariencia del buen derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado en esta instancia se fijó como: La orden de aprehensión y/o detención, librada en contra del quejoso; y su ejecución. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ORDEN DE APREHENSIÓN AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Por lo que hace a la emisión de la orden de aprehensión que el quejoso atribuye a las autoridades administrativas precisadas en el escrito de demanda, toda vez que las mismas no están facultadas para librar dicha orden; por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 166 y 168 de la Ley de Amparo, es procedente decretar en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la orden aquí reclamada, puesto que se trata de un acto que en sí mismo es violatorio de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Federal, porque no se trata de algún acto administrativo que las autoridades administrativas responsables realizan ordinariamente mediante el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 16 constitucional y en ejercicio de las atribuciones que legalmente le son conferidas para realizar. Lo anterior, porque la diferencia entre una orden de aprehensión y una de presentación es manifiesta. La primera, fue reservada por la Constitución para que sea la autoridad judicial competente quien la emita y bajo ciertas circunstancias, mientras la segunda sí es potestad de los Agentes del Ministerio Público y cuya finalidad es lograr el desahogo de una diligencia, que le es indispensable a éste para lograr el cumplimiento de sus funciones, siendo la molestia que causa moderada y momentánea, pues en cuanto es cumplida la diligencia, el inculpado puede retirarse y no queda privado de su libertad indefinidamente. Sin que sea necesario imponerle medida de aseguramiento alguno, por lo que hace a este acto, en razón de las consideraciones apuntadas. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 47, del Tomo 37, Sexta Parte, Séptima Época al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido rezan: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y ORDEN DE PRESENTACIÓN, DISTINCIÓN ENTRE." ORDEN DE DETENCIÓN. Ahora bien, por lo que hace a la orden de detención y su ejecución, que el quejoso atribuye a las autoridades administrativas precisadas en el escrito de demanda, es procedente decretar a su favor la suspensión provisional, para que no sea privado de su libertad con motivo de dicho acto, sin perjuicio que de existir una investigación en su contra se continúe con la integración de la carpeta correspondiente. Además, conviene precisar que los efectos serán que no se realice la detención de la parte quejosa ante la autoridad investigadora por medio de la fuerza pública, esto es, no sea privado de su libertad personal con motivo de dicha orden. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL ORDEN DE APREHENSIÓN. AUTORIDADES JURISDICCIONALES. Por lo que hace a la orden de aprehensión reclamada a las autoridades jurisdiccionales precisadas en el escrito de demanda, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para los efectos siguientes: I) Para el caso de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite prisión preventiva, conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable, se concede la medida cautelar, para el único efecto de que una vez que sea capturado el quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del Juez de la causa, para la continuación del procedimiento; hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. II) A su vez, en el supuesto de que si el delito por el que se libró la orden de captura reclamada no amerite prisión preventiva, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa no sea privada de su libertad personal, hasta en tanto, se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 53/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182754, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. Cuando el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo". La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que la quejosa solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 402, Libro 1, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2005048, que establece: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente." En el entendido que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 136, 166 y 167 de la Ley de Amparo, dichas medidas suspensionales surtirán efectos desde luego, pero dejarán de tenerlo si la parte quejosa no cumple los siguientes requisitos: a) Dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto exhiba una garantía de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete de depósito, expedido a su nombre por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; o en cualquiera de las formas que establece la ley para el cumplimiento de la obligación (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), asimismo deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión en el incidente de suspensión 1682/2023-I. Monto que se fija en forma discrecional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 168 de la Ley de Amparo, pues hasta este momento no se cuenta con mayores elementos, ya que de la demanda no se advierten las características personales y situación económica de la parte quejosa, así como tampoco se advierte que tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia; cantidad que podrá ser modificada una vez que se conozcan los antecedentes del caso, mediante el informe previo que rindan las autoridades señaladas como responsables; en el entendido que el monto fijado no la exime de garantizar ante el Juez de la causa la reparación del daño y demás obligaciones procesales, que en su caso, se pueda tener. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.68/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 377, del Tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2008, Novena Época, con número de registro 168543, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." A su vez, es aplicable la tesis 39, que autorizó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1,231, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 183671, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantía, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." b) Asimismo, se hace del conocimiento de la parte agraviada que para que siga surtiendo efectos la medida cautelar decretada, además de la garantía antes señalada, en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, tiene la obligación de comparecer ante la autoridad responsable que acepte haber librado el mandato de captura que reclaman dentro del plazo de tres días, para las diligencias que se decreten en el procedimiento que se le siga, lo cual deberá acreditar dentro de los tres días siguientes, con la prevención que de incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; en la inteligencia que, la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia de los actos reclamados, y en su caso, de la autoridad que la emitió, lo cual ocurre cuando las autoridades responsables rindan su informe previo y en él manifiesten si es o no cierto el acto que se les atribuye. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, con número de registro 170432, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". Se requiere a la parte agraviada que de exhibir la garantía antes fijada en billete de depósito, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley, a efecto de que este Juzgado la tenga por otorgada, deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión provisional en el presente juicio de amparo. Asimismo, en el billete de depósito deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos, en atención a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, que establece: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior." En la inteligencia de que si no exhibe la garantía aludida dentro del término indicado, dejará de surtir efectos la medida cautelar de que se trata, lo cual se hará del conocimiento a las autoridades responsables, para que procedan a la ejecución del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en lo preceptuado en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente únicamente un juego de copias certificadas del presente proveído, toda vez que no justifica los motivos por los que requiere las copias certificadas por duplicado, tal y como lo establece la jurisprudencia 20/17 (10ª) de rubro "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTICULO 278 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICION A UN SOLO JUEGO." Lo anterior, previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presenten al momento de recogerlas. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, esto es, la lista de publicación que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Alberto López Hernández y Pilar Ofelia Santa María Molina, al contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas por así haberlo solicitado expresamente. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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