Misael Pérez Zúñiga
Expediente 65/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2019
Partes del expediente
- Misael Pérez Zúñiga
Actuaciones
- Principal
MESA II.- Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
MESA II Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil diecinueve. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta; por medio del cual el quejoso ______, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos _____ y _____, ambos de apellidos _____, da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de treinta y uno de octubre del presente año; por tanto, se tiene por desahogada la misma dejándose sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó para el caso de ser omiso. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, visible a página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se ordena girar exhorto a efecto de ejecutar la orden de arresto dictada en contra del quejoso ____, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, Estado de Guerrero; asimismo, se le requiere de nueva cuenta la entrega de sus menores hijos ____ y _____, ambos de apellidos ____, también quejosos, con el auxilio de la Fuerza Pública a la tercera interesada ______. De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se ordena girar exhorto a efecto de ejecutar la orden de arresto dictada en contra del quejoso ______, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, Estado de Guerrero; asimismo, se le requiere de nueva cuenta la entrega de sus menores hijos _____ y _____, ambos de apellidos _____, también quejosos, con el auxilio de la Fuerza Pública a la tercera interesada Maribel Rocío Morales Aldama, de la cual, se aprecia de las constancias que anexó a su demanda de amparo, así como al escrito que se atiende, aunado a su manifestación bajo protesta de decir verdad, que fue legalmente notificado de dicha determinación, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación que se le realizó del acto reclamado, de acuerdo a la legislación aplicable al mismo (en el presente caso el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió del veintiséis de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, sin que para tal cómputo se tomen los días veintiocho y veintinueve, de septiembre, cinco, seis, doce y trece de octubre del año en curso, por ser inhábiles, motivo por el cual resulta extemporánea, al haberse presentado hasta el treinta de octubre de dos mil diecinueve, según aparece del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 del Ordenamiento Legal antes invocado, deben estimarse tácitamente consentidos los actos reclamados, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia antes invocada, y sin que se advierta que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la Legislación de la materia, lo que obliga a desecharla, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, a página 1931, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Así como, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que se aprecia en la página 235, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ________, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos -______ y _____, ambos de apellidos _____, en contra del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, Estado de Guerrero, por notoriamente improcedente. No se pasa por alto, la manifestación del quejoso, en el sentido de que, no obstante que fue notificado del acto reclamado el veinticuatro de septiembre de este año, tuvo conocimiento del mismo hasta el diez de octubre siguiente, por los motivos que refiere, pues las hipótesis establecidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, son excluyentes entre sí, es decir, que se tomará en consideración la fecha en que se notificó el acto reclamado y se computará en términos de la legislación aplicable de la materia, o, para el caso de que no exista prueba de dicha actuación, se tomará en consideración la fecha en que se ostente sabedor del acto reclamado, lo que, en el presente caso, se traduce en que, al existir constancia de la notificación realizada al impetrante de amparo, se debe computar el plazo referido en el ordinal 17 de la legislación previamente citada, a partir de dicha actuación; aunado a la aceptación por parte del promovente de la existencia de tal constancia, estimar lo contrario implicaría dejar al arbitrio del impetrante del amparo determinar la oportunidad de la presentación de la demanda, lo que sin duda afectaría el equilibrio procesal y el principio de seguridad jurídica que deben regir el juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, a página 286, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, a página 5, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
- Principal
MESA II.- Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, con anexo, promovida por ****, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos *****, ambos de apellidos *****, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, Estado de Guerrero y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 65/2019-II. Ahora, a fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, y tomando en cuenta que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso en juicio constitucional, que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, y con apoyo en los artículos 108, 112, y 114, fracciones I, II, V, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído: 1. Manifieste bajo protesta de decir verdad, como antecedente del acto reclamado, en el presente caso: La fecha de notificación de los actos que reclama en la presente instancia. Lo anterior, dado que si bien en su escrito inicial de demanda se aprecia que refiere que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de octubre del presente año, de sus anexos se aprecia copia de la determinación de veintitrés de septiembre pasado (que constituye el acto reclamado), en la que se aprecia un sello de notificación de veinticuatro siguiente, lo que genera incertidumbre respecto de la fecha de conocimiento que alude, pues no debe pasarse por alto que, como el propio quejoso lo refirió, es parte en el procedimiento de origen, por lo que se debe tomar en cuenta como fecha de conocimiento, aquella en la que se notificó el acto que impugna en este juicio, de acuerdo a la legislación aplicable en el procedimiento de origen, como lo previene el artículo 18 de la Ley de la materia. Por lo que, en virtud de la incertidumbre que genera las manifestaciones del quejoso en los antecedentes de su demanda inicial, al contraponerse a la documental que exhibe, es que resulta necesario el requerimiento en cuestión a efecto de establecer la procedencia del juicio de garantías. Reiterándosele el apercibimiento de las penas a que podrá hacerse acreedor, en caso de manifestar bajo protesta de decir verdad hechos falsos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 127/99, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." Así como la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, de Décima Época, visible a página 1079, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." Apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Se tiene como domicilio el que cita, para los efectos que refiere; asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que indica, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal de criterio, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En términos del artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Asimismo, respecto a la solicitud del promovente para que el autorizado ********, consulte el expediente electrónico que deriva del presente; toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario PedroGC; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto.
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