Misael Nahu Perez Ramirez

Expediente 851/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
851/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Misael Nahu Perez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Actuaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que acusa recibo de las constancias solicitadas, e informa que se admitió a trámite el recurso registrado bajo el número de toca R.I. 128/2022. De lo expuesto, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por el que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio de cuenta y su anexo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante, en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o en su caso, si hay imposibilidad para cumplirla. Asimismo, a fin de contar con los elementos necesarios para proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se solicita a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que en termino de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si las autoridades responsables ya dieron cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio contencioso administrativo *** o bien el estado procesal que guarda el juicio de referencia, se le informa que deberá remitir copias certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Se apercibe a la autoridad responsable, para el caso de ser omisa se impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  3. Principal

    Del análisis de autos, se advierte que el término de veinticuatro horas concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en auto de veintidós de abril del dos mil veintidós, en el que se le solicitó que informara si las autoridades responsables ya le habían aplicado el esquema completo de vacunación a su menor quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por cierto, ya transcurrió. Sin embargo, la parte quejosa no obstante de encontrarse debidamente notificada fue omisa en realizar manifestación alguna, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene como cierto el hecho de que ya se le aplicó el esquema completo de vacunación al menor quejoso. Lo que cobra relevancia si se toma en consideración que desde el once de enero de dos mil veintidós, se le cito a la aplicación de la segunda dosis de la inoculación correspondiente. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 65 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia en atención a los razonamientos que a continuación se exponen. El precepto legal en mención establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". En otro aspecto, debe decirse que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio constitucional cuando cesen los efectos del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se actualiza con la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: -Desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. -Las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado, consiste en la omisión de aplicar a la menor quejosa la vacuna contra la enfermedad ocasionada por el virus SARS Cov2 COVID-19, debido a que al momento en que se presentó la demanda todos los menores de doce a diecisiete de años de edad, no se encontraban contemplados en el esquema de vacunación emitidos por la Secretaría de Salud Sobre estas bases, de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable solicitó a la parte quejosa que acudiera a la célula de vacunación para aplicarle la inoculación contra el virus sars-cov2 el siete de diciembre de dos mil veintiuno -para la primera dosis - así como el cuatro y once de enero del presente año -para la segunda dosis-. Asimismo, mediante auto de veintidós de abril del presente año, se le requirió para que manifestara si efectivamente se le había proporcionado el esquema completo apercibida que de no desahogar se tendría por cierto. Circunstancia que aconteció, toda vez que se notificó de manera electrónica a la parte quejosa el veinticinco de abril del presente año, sin que ésta desahogara dicho requerimiento; por lo tanto se tiene cierto que las autoridades responsables le aplicaron el esquema de vacunación completo. Con lo anterior se acredita que cesó la omisión reclamada, pues, al haberse aplicado a la menor quejosa el esquema completo de las vacunas solicitadas, es cierto que dejó de existir la omisión de aplicar la inmunización reclamada. Máxime que tal como se desprende de las constancias que obran en este expediente, dicha omisión fue el único acto por el que se admitió el juicio en que se actúa. De ahí que proceda el sobreseimiento expuesto. Ello, sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional, el hecho de que en el capítulo correspondiente a los actos reclamados, la parte quejosa haya expuesto diversas cuestiones, como lo constituye la falta de llamamiento a los menores de dieciocho años, para la vacunación correspondiente; sin embargo, de la lectura integral de dicho escrito y atendiendo a la causa efectiva de pedir, se advierte que lo único que la parte quejosa buscaba al instar el juicio constitucional en el que se actúa, era precisamente la aplicación del sistema completo de vacunación en contra del virus covid-19. De manera, que si dicha inoculación ya fue lograda, a ningún fin práctico llevaría la continuación del trámite del juicio de amparo, conforme a las reglas del efecto útil que las determinaciones judiciales siempre deben buscar. En consecuencia lo conducente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DENTRO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo y se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. XLX/98, Segunda Sala, Tomo VII - Abril, página doscientos cuarenta y dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables y del agente del Ministerio Púbico Federal de la adscripción. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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