Misael Matías Pérez
Expediente 875/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Misael Matías Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA V A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno.
- Incidental
MESA V A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de quince de julio de dos mil quince, se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa (fojas 34 a 36); por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V A "....Agréguese a los autos el oficio 38492/2015, signado por el juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, visto su contenido, téngasele acusando recibo del exhorto 162/2015 deducido de este juicio de amparo, enviado para notificar a la persona moral en su carácter de tercera interesada "PESQUERA 6 HERMANOS" el proveído dictado el veintitrés de junio del año en curso (fojas 7 y 8), y comunicando que el mismo quedo registrado bajo el número 225/2015-V-A, con número de orden 228/2015 de su índice, lo anterior para los fines legales consiguientes. Por otro lado, vistos el sobre cerrado que devuelve el jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano en esta ciudad, que contiene el oficio 7943 dirigido al encargado del despacho de la Policía Federal Ministerial, con residencia en México, Distrito Federal, con las razones "EL CARGO CORRECTO ES: TITULAR DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA", previa su apertura, glósese éste y la comunicación que contiene, respecto del cual se hace efectivo a la parte quejosa el apercibimiento con que se le conminó en auto de veintitrés de junio del año en curso (fojas 7 y 8), por lo que se tiene como inexistente a la citada autoridad responsable, motivo por el cual no se le dirigirán comunicaciones procesales. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable señalada como ordenadora Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 56/2014, y de la Delegada Estatal en Oaxaca de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad; Subdelegado de Procedimientos Penales "B" de dicha Procuraduría y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, ambos residentes en Salina Cruz, Oaxaca; así como, del encargado del despacho de la Policía Federal Ministerial, Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales y Director y Jefe de la Agencia de investigaciones Criminal, residentes en México, Distrito Federal la ejecución del mandamiento de captura reclamado. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz; Subdelegado de Procedimientos Penales "B" de dicha Procuraduría, residente en el mismo lugar, y Delegada Estatal en Oaxaca de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 16, 14, 20 y 21) negaron la existencia del acto reclamado, y al respecto el juez responsable precisó que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (22 de junio 2015) no se había librado orden de captura, pues ésta se emitió el veintiséis de junio de dos mil quince, en la causa penal 56/2014 en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo. Por otro lado, las diversas autoridades ejecutoras Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, con residencia en México, Distrito Federal y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, residente en Salina Cruz, Oaxaca, aceptaron el acto de ejecución reclamado (fojas 22 y 23); sin embargo, su aceptación se desvirtúa y se tiene como inexistente dicho acto, ya que como se advierte del párrafo que antecede la autoridad ordenadora precisó que la orden de captura reclamada fue emitida con posterioridad a la presentación a la demanda de amparo. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y para demostrarlo es necesario analizarlo en relación con los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1o. fracción I y 75, de la primera ley invocada, los cuales, en su orden, establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: --- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Los numerales 103, fracción I, de la Carta Magna, y 1° fracción I, de la Ley de Amparo establecen claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio constitucional en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo, deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque ésta tiene como finalidad, obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino durante la tramitación del juicio, ya que de estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, emitió diversos criterios, en los que ha establecido la procedencia del juicio de amparo contra actos inminentes; sin embargo, de su propio contenido se advierte que por tales, se entienden aquellos que ya se han dictado, pero que por cualquier circunstancia no se han ejecutado, pues en tal supuesto se suprime la característica de incertidumbre en cuanto a la existencia del acto. Con esas bases, queda de manifiesto la inexistencia del acto reclamado por el quejoso, habida cuenta de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de junio de dos mil quince), la orden de aprehensión librada el veintiséis de junio de dos mil quince, en la causa penal 56/2014, contra el quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de robo cometido en perjuicio patrimonial de la personal moral "PESQUERA 6 HERMANOS" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no existía, por consiguiente menos su ejecución, puesto que, como se dijo, fue emitida el veintiséis de junio del dos mil quince. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 36/98 y 12 de la Primera y Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, respectivamente, de rubros y contenidos: ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. No obsta que las citadas jurisprudencias fueron emitidas en términos de la otrora Ley de Amparo, y tampoco en nada influye el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. de la Carta Magna, para que aquéllas se tornen obsoletas, si no, por el contrario, siguen vigentes y obligan al suscrito en términos de lo previsto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En lo conducente se invoca la tesis aislada LXX/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto. En ese orden, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V A Notificación personal por lista. (Quejoso). "....Agréguese a los autos el oficio 38492/2015, signado por el juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, visto su contenido, téngasele acusando recibo del exhorto 162/2015 deducido de este juicio de amparo, enviado para notificar a la persona moral en su carácter de tercera interesada "PESQUERA 6 HERMANOS" el proveído dictado el veintitrés de junio del año en curso (fojas 7 y 8), y comunicando que el mismo quedo registrado bajo el número 225/2015-V-A, con número de orden 228/2015 de su índice, lo anterior para los fines legales consiguientes. Por otro lado, vistos el sobre cerrado que devuelve el jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano en esta ciudad, que contiene el oficio 7943 dirigido al encargado del despacho de la Policía Federal Ministerial, con residencia en México, Distrito Federal, con las razones "EL CARGO CORRECTO ES: TITULAR DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA", previa su apertura, glósese éste y la comunicación que contiene, respecto del cual se hace efectivo a la parte quejosa el apercibimiento con que se le conminó en auto de veintitrés de junio del año en curso (fojas 7 y 8), por lo que se tiene como inexistente a la citada autoridad responsable, motivo por el cual no se le dirigirán comunicaciones procesales. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable señalada como ordenadora Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 56/2014, y de la Delegada Estatal en Oaxaca de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad; Subdelegado de Procedimientos Penales "B" de dicha Procuraduría y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, ambos residentes en Salina Cruz, Oaxaca; así como, del encargado del despacho de la Policía Federal Ministerial, Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales y Director y Jefe de la Agencia de investigaciones Criminal, residentes en México, Distrito Federal la ejecución del mandamiento de captura reclamado. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz; Subdelegado de Procedimientos Penales "B" de dicha Procuraduría, residente en el mismo lugar, y Delegada Estatal en Oaxaca de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 16, 14, 20 y 21) negaron la existencia del acto reclamado, y al respecto el juez responsable precisó que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (22 de junio 2015) no se había librado orden de captura, pues ésta se emitió el veintiséis de junio de dos mil quince, en la causa penal 56/2014 en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo. Por otro lado, las diversas autoridades ejecutoras Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, con residencia en México, Distrito Federal y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, residente en Salina Cruz, Oaxaca, aceptaron el acto de ejecución reclamado (fojas 22 y 23); sin embargo, su aceptación se desvirtúa y se tiene como inexistente dicho acto, ya que como se advierte del párrafo que antecede la autoridad ordenadora precisó que la orden de captura reclamada fue emitida con posterioridad a la presentación a la demanda de amparo. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y para demostrarlo es necesario analizarlo en relación con los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1o. fracción I y 75, de la primera ley invocada, los cuales, en su orden, establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: --- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Los numerales 103, fracción I, de la Carta Magna, y 1° fracción I, de la Ley de Amparo establecen claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio constitucional en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo, deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque ésta tiene como finalidad, obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino durante la tramitación del juicio, ya que de estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, emitió diversos criterios, en los que ha establecido la procedencia del juicio de amparo contra actos inminentes; sin embargo, de su propio contenido se advierte que por tales, se entienden aquellos que ya se han dictado, pero que por cualquier circunstancia no se han ejecutado, pues en tal supuesto se suprime la característica de incertidumbre en cuanto a la existencia del acto. Con esas bases, queda de manifiesto la inexistencia del acto reclamado por el quejoso, habida cuenta de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de junio de dos mil quince), la orden de aprehensión librada el veintiséis de junio de dos mil quince, en la causa penal 56/2014, contra el quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de robo cometido en perjuicio patrimonial de la personal moral "PESQUERA 6 HERMANOS" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no existía, por consiguiente menos su ejecución, puesto que, como se dijo, fue emitida el veintiséis de junio del dos mil quince. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 36/98 y 12 de la Primera y Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, respectivamente, de rubros y contenidos: ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. No obsta que las citadas jurisprudencias fueron emitidas en términos de la otrora Ley de Amparo, y tampoco en nada influye el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. de la Carta Magna, para que aquéllas se tornen obsoletas, si no, por el contrario, siguen vigentes y obligan al suscrito en términos de lo previsto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En lo conducente se invoca la tesis aislada LXX/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto. En ese orden, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.
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