Misael Martínez Rivera

Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
266/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Misael Martínez Rivera
  • Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, ubicado en Cieneguillas, Estado de Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio electrónico recibido vía interconexión procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, del que se advierte que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 266/2021, promovido por *, en representación de *, el cual quedó registrado en su índice con el número 666/2021. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES. Ahora bien, del estado que guardan loa autos se advierte que en proveídos de treinta de abril, seis y catorce de mayo del año en curso, se ordenó glosar los informes de suspensión de plano rendidos respectivamente por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Director de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Zacatecas y Directora General en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS COAHUILA"; así como el oficio recibido vía electrónica procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, por el cual devolvió diligenciado el exhorto 50/2021 del índice de este órgano de control constitucional; y se reservó su envío a la autoridad que, en su caso, se avocara al conocimiento del asunto. En ese contexto, toda vez que ya fue aceptada la competencia, remítanse los citados oficios y comunicación oficial al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 266/2021. Con fundamento en los dispositivos 15, 126 y 160 de la Ley de Amparo en vigor SE CONCEDE a *, la SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos que reclaman consistentes en: "golpes, incomunicación, tortura y/o cualquier otro de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución.". En consecuencia, para su puntual acatamiento, SE ORDENA a las responsables que DE INMEDIATO se abstengan de llevarlos a cabo, de igual forma, para que *, quede a disposición de este órgano de control constitucional, en el lugar en que se encuentra únicamente en lo que se refiere a su libertad personal. Desde luego, la suspensión decretada también rige para cualquier otro acto de los prohibidos por el numeral 22 de la Carta Magna, así como el ordinal 15 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, la seguridad, custodia y salvaguarda de la integridad física del inconforme queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto. Sin que en el caso sea procedente decretar la suspensión de plano en relación al acto consistente en el traslado ejecutado en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 448/2019, estableció entre otras cuestiones, que la orden de traslado urgente o excepcional se trata de un acto dentro del procedimiento. Tomando en consideración que el quejoso *, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número *, lugar en el que, según se indicó en la demanda, puede ser localizado, esto es, fuera del lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Por tanto, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE *, a fin de que comisione al fedatario de su adscripción para que se constituya en el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso y lo requiera para que en la diligencia o dentro de los tres días siguientes, manifieste si desea ratificar dicho libelo, por sí, así como también si designa al promovente como autorizado. Apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada, quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia y la promovente ya no podrá actuar en este controvertido, al limitarse su intervención a la promoción de este ocurso. En la institución del juicio de amparo el territorio constituye criterio relevante para delimitarla, conforme a las tres directrices que establece el numeral 37 de la Ley de Amparo, factor que se determina en función de la ejecutividad material, ya que si el acto proyecta efectos de esa naturaleza es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar en que éste deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla uno); empero, si esa trascendencia se refleja en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa en otro, ese atributo recae en el juez constitucional distrito ante el que se presente la demanda (regla dos); lo mismo que si el acto no requiere cumplimiento (regla tres). De manera que, para discernir esa cualidad debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado sea éste positivo o negativo con efectos positivos, sin perjuicio de si se combate o no su ejecución, o si se señala como responsable a una autoridad ejecutora, porque, de llegar a tales extremos, la competencia de los órganos de control constitucional quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no tales responsables, ya que sólo el análisis integral del libelo permitirá determinar si sus efectos tienen repercusión o no en el plano de lo fáctico. Por lo que, se considera que la competencia por razón de territorio, para conocer del acto reclamado (traslado, incomunicación y/o tortura) recae en el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, EN TURNO, por ser en esa jurisdicción en donde se están materializando sus consecuencias lesivas. Consecuentemente, con fundamento en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Órgano de Control constitucional estima carecer de competencia legal POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la citada demanda y se declina en favor del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, EN TURNO, a quien deberá remitírsele, para que informe lo relativo. Con facsímil del ocurso, fórmese cuadernillo de antecedentes. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y por facultadas únicamente para oír y recibir comunicaciones, de conformidad con el párrafo segundo del numeral 24 del citado ordenamiento legal, a las personas que menciona. Por su parte, se tiene como medios de contacto de la parte quejosa los correos electrónicos y teléfonos que señalan en su ocurso de cuenta; de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el debido seguimiento del presente juicio.

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