Misael Martínez Ocampo

Expediente 268/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
268/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Misael Martínez Ocampo

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, por medio del cual informa que aceptó la competencia que se planteó por este órgano federal y, por tanto, se avocó al conocimiento del asunto; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el cuadernillo de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por ...; regístrese bajo el número 268/2021-III. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados la orden de presentación, comparecencia y detención, librada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Ixtapaluca, Estado de México y su ejecución por parte del Jefe General de la Policía Ministerial de Ixtapaluca. INCOMPETENCIA El suscrito juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que no se actualizan los supuestos a que alude el artículo 37 de la Ley de Amparo. Del análisis del citado numeral, se advierten tres hipótesis que demarcan la competencia del juicio de amparo por los jueces de distrito, a saber: a) La primera que puede entenderse como regla general, que establece la competencia a favor de aquél en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda prevé los casos en que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se adelantó, la parte quejosa reclama la orden de presentación, comparecencia y detención, emitida por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Ixtapaluca, Estado de México, y su ejecución por parte del Jefe General de la Policía Ministerial de Ixtapaluca. De igual forma, el amparista manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio se encuentra en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, lugar en el que se presentaron agentes de la Policía Ministerial manifestando que cuentan con una orden de detención girada por el agente del ministerio público señalado como responsable. En ese sentido, se estima que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, toda vez que tanto la autoridad a quien se atribuye la emisión de la orden privativa de la libertad, como la que la ha pretendido ejecutar, se encuentran dentro de su jurisdicción, pues por manifestación expresa del quejoso se desprende que los elementos policiales se presentaron en su domicilio pretendiendo cumplimentar la referida orden. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, agosto de 2013, Tomo I, página 383, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. También es aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jurisprudencia 2a./J. 13/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Página: 107, registro 200781, que señala: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. En consecuencia, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Misael Martínez Ocampo, por lo que se ordena su envío al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para su conocimiento y efectos legales, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano federal, hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autorizan a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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