Misael López de la Torre
Expediente 1331/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Misael López de la Torre
- Juan José García Fuerte
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de trece de septiembre del dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la conservación o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable Jueza adscrita al Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza adscrita al Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, se advierte que informa a este juzgado que, remitió a la autoridad exhortante las constancias relativas al exhorto ********************, derivado de juicio del orden laboral ********************del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo; cuya omisión constituye el acto reclamado en este controvertido constitucional. En consecuencia, este juzgado federal advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jueza adscrita al Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, remitió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, el exhorto ********************, el cual quedó registrado con el número ********************derivado del juicio del orden laboral ********************, según factura de envío de ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Las documentales referidas adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 199 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento, al tener la calidad de documento público. Por tanto, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión atribuida a la Jueza adscrita al Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, de remitir a la autoridad exhortante Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, el exhorto ********************, derivado de juicio del orden laboral ********************del índice de la autoridad exhortante, ha cesado al haber dejado de surtir sus efectos, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal, en razón que la autoridad responsable, remitió el exhorto ********************, registrado con el número ******************** Así, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no está surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que la juzgadora responsable remitió a la autoridad exhortante el exhorto ********************, registrado con el número ******************** Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Intervenciones ministeriales. Por otro lado, agréguense sin mayor proveído las intervenciones ministeriales a través de las cuales la fiscal de la adscripción ofrece pruebas y realiza manifestaciones en vía de alegatos, debido a lo determinado en líneas anteriores. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos, el escrito presentado vía electrónica por ********************, en su carácter de defensor público federal del quejoso, en el cual respecto de la vista otorgada mediante auto de once de septiembre actual, manifiesta que la denominación correcta de la autoridad responsable es agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Zacatecas. Registro en el SISE. Atento a lo anterior, respecto a la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Zacatecas, infórmese lo anterior al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", para los efectos legales a que haya lugar. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la citada autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Traslado. Para efecto de lo anterior, córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y auto inicial. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Fecha de audiencia constitucional. Se le comunica que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, indíquese a la autoridad responsable que podrá remitir su informe justificado al correo oficial de este juzgado: 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, o bien, mediante fax al teléfono (01 871) 2 04 09 29, a fin de estar en aptitud de celebrar la audiencia de ley. Notificación vía exhorto. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Zacatecas, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa dicha autoridad responsable, y le notifique de manera personal el presente auto, corriéndole traslado con copia del mismo, copia de la demanda de amparo y auto inicial. En el entendido que la comunicación oficial que en esta determinación se ordena enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria; no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria, dado que el sistema por el que fue enviada la presente comunicación lo genera en automático. De igual modo, con fundamento en lo establecido en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se faculta a la autoridad jurisdiccional que le corresponda conocer del presente asunto para que habilite días y horas inhábiles, para realizar dicha encomienda y, hecho que sea lo anterior, devuelva la comunicación que nos ocupa por los medios que considere más expeditos con las constancias que acrediten su diligenciación. Notifíquese y por exhorto a la autoridad responsable.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista de autoridad inexistente. Agréguense a los presentes autos, los sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, del que se advierte la imposibilidad de entregar los oficios 28364/2023 y 28362/2023, dirigidos a las autoridades responsables Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Colima, con residencia en Manzanillo, Colima y Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Colima, con residencia en Colima, Colima, por los motivos que en los mismos expone; en tales condiciones, se ordena dar vista con lo anterior a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de dichas autoridades. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacer ninguna manifestación dentro del plazo que se indica, se tendrán como inexistentes a las autoridades en cita. Cobra aplicación a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno época, tomo XXIII, enero de 2016, página 2329, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA". Suspende notificación. En tanto se agota la vista, suspéndase toda notificación a las autoridades en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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