Misael Jaime Montoya Torres

Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
312/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Misael Jaime Montoya Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en 1 Exceptuando los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 , archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de mayo de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos presentados por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado en diecinueve de abril de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, en las que se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: La omisión de la Junta responsable de señalar fecha dentro de los términos de ley, para la celebración de diversas probanzas en el juicio laboral 730/2019. La omisión del actuario adscrito a dicha junta de llevar a cabo la notificación y citación de los absolventes. Al respecto, la parte quejosa expuso que el nueve de marzo de dos mil veintidós, el tribunal responsable admitió diversas pruebas en el juicio natural; en lo que interesa, las siguientes: "(.) CONFESIONAL POR POSICIONES ofrecida por la demandada COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD E INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a cargo del actor C. MISAEL JAIME MONTOYA TORRE (.) (.) CONFESIONAL POR POSICIONES ofrecida por la parte actora, en los numerales 3 a cargo de los C.C. JAVIER VALDEZ, PABLO ESPEJEL Y BALLARDO CERECER, quienes deberán de ser notificados por conducto de los apoderados legales de la demandada COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (.) (.) prueba PERICIAL CALIGRÁFICA, GRAFOSCÓPICA Y DACTILAR, ofrecida por la demandada COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en los puntos 5 y 13, de su escrito de ofrecimiento de pruebas, respecto a las documentales marcadas con los puntos 3 inciso b), 11 inciso a) y b) del escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte demandada COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, a cargo del perito que designe (.) En relación con lo anterior, la presidente responsable negó en su informe justificado la existencia del acto reclamado precisado con el inciso a). No obstante lo anterior, debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues la presidente de la Junta de Trabajo, de las constancias que acompañaron dicho informe justificado, se advierte que el cuatro de abril de dos mil veintidós, al considerar que las fechas señaladas para el desahogo de las diligencias plasmadas con anterioridad no se encontraban dentro del término señalado en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, subsanó dichas irregularidades y fijó nueva fecha para las mismas de acuerdo a lo previsto en el citado numeral. Por otro lado, en el citado auto de cuatro de abril anterior, aunque no afirmó ni negó la certeza de lo relacionado en el apartado b) de la precisión del acto reclamado, se denota la existencia del mismo, pues manifiesta que en esa data se ordenó al actuario las notificaciones en cuestión. De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de marzo de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Afirmaciones que se corroboran, con los anexos del referido informe justificado, así como los adjuntos del oficio de cuenta. Ahora bien, de los anexos de cuenta se desprende que, el fedatario responsable procedió a notificar el multicitado auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, a las partes que les concierne desahogar las consabidas diligencias; situación que se constata de los razones actuariales que adjunta la presidente responsable. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de la Junta responsable de señalar fecha dentro de los términos de ley, para la celebración de las probanzas reproducidas en párrafos antecedentes en el juicio laboral 730/2019; y por otra parte, la omisión del actuario adscrito a dicha Junta de llevar a cabo la notificación y citación de los absolventes; sin embargo, la Junta responsable emitió diverso acuerdo el cuatro de abril pasado (durante el trámite de este sumario), en el que tomó las acciones conducentes para subsanar las irregularidades de las que se queja el impetrante de amparo. De modo que aquella conducta de la que se duele la parte quejosa, ha quedado subsanada tal como se advierte en lo plasmado en párrafos precedentes; pues se han efectuado acciones conducentes para celebrar las multicitadas diligencias en términos de ley; así como la notificación de las partes que les correspondan intervenir en las mismas. Por tanto, se considera que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado, pues los efectos de las omisiones reclamadas cesaron. De ahí, que con tales actuaciones desplegadas por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Por último, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por los autorizados legales de la parte quejosa, mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dictó un auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 730/2019, en el que señaló nueva fecha para el desahogo de pruebas pendientes. Asimismo, exhiben copia simple del acuerdo citado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que la junta señalada como responsable, al rendir el informe justificado expuso, en relación con la omisión del actuario de realizar las notificaciones correspondientes, que en la fecha del consabido informe (cinco de abril de dos mil veintidós), se encomendó al actuario las notificaciones correspondientes. Requerimiento. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen a este juzgado si se llevaron a cabo las referidas notificaciones y en su caso envíen copia certificada de las constancias pertinentes; o bien, comuniquen la imposibilidad que tengan para ello. Esto, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. jvr

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