Misael Hilario Martínez

Expediente 584/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
584/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
15/06/2016

Partes del expediente

  • Misael Hilario Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso, a quien se considera podría perjudicar la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, al haberse negado la medida cautelar solicitada. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 584/2016-I, promovido por Misael Hilario Martínez, contra actos de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, Unidad Uno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, remitido al día siguiente a este juzgado, Misael Hilario Martínez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables las siguientes: A) COMO AUTORIDAD ORDENADORA. 1. Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, Unidad Uno, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de I México (.) 2. Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, Unidad Dos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (.) 3. Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, Unidad Tres, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (.) 4. Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, Unidad Cuatro, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (.) 5. Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, Unidad Cinco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (.) 6. Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, Unidad Seis, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (.) B) COMO AUTORIDAD EJECUTORAS. 1) El Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado de México (.) 2.- El Comisario General de la Policía Ministerial (.)" "IV.- ACTO RECLAMADO: A.-) De la autoridad señalada como responsable ordenadora, que lo es la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, en sus Unidades I, II, III, IV, V y VI, que han librado en mi contra, la ilegal inconstitucional orden de presentación, retención, detención, aprehensión o cualquier acto tendente a privarme de mi derecho humano a mi libertad personal, y de la cual también se reclama el cumplimiento y ejecución, que viola mis garantías individuales, sin que el ocursante haya realizado conducta punible alguna, orden que pretender cumplimentar injustificadamente en mi persona las responsables ejecutoras. Acto de molestia que viola mi derecho humano a la libertad y de libre tránsito, acto que debidamente es infundado y sin razón alguna, y mucho menos por que el suscrito niego rotundamente que haya cometido delito alguno en mi proceder, como lo detallaré más adelante. B).- De la autoridad señalada como responsable ejecutora, que lo es el Procurador General de Justicia del Estado de México, así como la Comisaría General de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, reclamo el cumplimiento que pretende realizar de la ilegal orden de aprehensión que se ha librado injustificadamente en mi contra y que ataca a mi DERECHO HUMANO A MI LIBERTAD PERSONAL." La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, dada la naturaleza del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintinueve de abril anterior, se admitió a trámite la demanda, se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y que forma parte de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de Actos. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La orden de presentación, arresto, retención, detención y/o aprehensión, girada contra el quejoso, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, y Seis de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Procurador General y del Comisario de la Policía Ministerial, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, negaron la existencia de los actos que les atribuye el impetrante de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Misael Hilario Martínez, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    VII) Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, recibido vía correo electrónico, signado por el Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por medio del cual solicita se le envié copia certificada de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 13/2016 a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Constancia a la cual, acorde con lo previsto en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, que reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el correo electrónico, como un medio de transmisión de datos empleados en la red electrónica, se envía un documento que se recibe por el destinatario se le otorga pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Además, en el caso, se identificó la persona a quien se atribuye su contenido y puede verificarse tanto el origen de la documentación como su texto, y deberá la Secretaria de este órgano jurisdiccional, certificar la hora y fecha de confirmación del correo. Lo anterior por similitud jurídica, de conformidad con la jurisprudencia 1ª./J.27/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30, del tomo XXV, marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Atento a lo anterior, como lo solicita el oficiante, envíesele copia certificada de la constancia que solicita, para lo cual se comisiona al Actuario de la adscripción para que la envié vía mensajería acelerada mex-post. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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