Misael Herrera Peña
Expediente 264/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2023
Partes del expediente
- Misael Herrera Peña
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra de los proveídos emitidos el tres y seis de marzo de este año, en el primero se desechó la demanda respecto a un acto reclamado y en el segundo se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Consuelo Mendoza Pérez a favor de Misael Herrera Peña; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dichos autos han causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, siete de marzo de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios CEDESMATAMOROS/DIR/SDJ/0272/2023 y CEDESMATAMOROS/DIR/SDJ/0273/2023 signados por la directora del centro de ejecución de sanciones de esta ciudad, a través de los cuales informa que quedó enterada de la suspensión de plano que se otorgó al quejoso Misael Herrera Peña, en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, únicamente agréguese a sus autos, toda vez que mediante acuerdo de seis de los actuales, se tuvo por no presentada la demanda promovida a su favor, en virtud de que no fue su deseo ratificarla. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación que antecede, en la que se tiene al agraviado directo Misael Herrera Peña, manifestando que no es su deseo ratificar la demanda de amparo que promovió a su favor Consuelo Mendoza Pérez; de igual forma, que la actuaria judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional, dio fe que el citado agraviado se observa a simple vista que no se encuentra golpeado y no tiene lesión visible en su cuerpo. Por tanto, ante la negativa por parte del directamente agraviado en ratificar la demanda de garantías, se hace efectivo el apercibimiento que se le hizo en auto de tres de los actuales, y con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor, y como consecuencia de ello, se dejan sin efectos las providencias dictadas en el aludido auto, lo cual se deberá hacer del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por Consuelo Mendoza Pérez, quien promueve juicio de amparo en la vía indirecta a favor de a favor de Misael Herrera Peña, de quien asevera ser esposa, contra actos del Director del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo el número 264/2023-VII. Ahora bien, es de advertirse que la parte quejosa señala como autoridades responsables, las siguientes: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Todos residentes en la Ciudad de México. Secretario de Seguridad Pública del Estado; Subsecretario de operación policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; Todos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Director del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES); y, Sub director Técnico del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES); Delegado Regional de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; Coordinador de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; y, Delegado de la Policía Procesal la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. Todos con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Así mismo, como actos reclamados se precisa: "A. La incomunicación, golpes, malos tratos de los que es objeto Misael Herrera Peña, en el Interior del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad H. Matamoros, Tamaulipas. B. La Orden de traslado hacia otro centro penitenciario que se pretende ejecutar en contra de Misael Herrera Peña." Así las cosas, es de advertirse que se reclama de la totalidad de las autoridades que se señalan como responsables, en el ámbito de su competencia: La orden de traslado administrativo del lugar en el que actualmente se encuentra recluido, esto es, del Centro de Ejecución de Sanciones de esta localidad, a otro diverso. Y, en específico, reprocha al Director y al Subdirector Técnico, ambos del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad: La incomunicación, golpes y malos tratos de los que se asevera es objeto el quejoso directo. DESECHAMIENTO Ahora bien, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente respecto del acto reclamado identificado con el incisos a) y, por ende, debe desecharse respecto de él, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Cierto, se estima que en el caso de tal acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 57, primer párrafo, 107, 108, 109, 114, 116, 117, fracción III y 132, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el juez de Ejecución, los que por su orden dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: . VII. Traslados;." En efecto, es pertinente señalar que los citados arábigos prevén el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido, entre otros, por las personas privadas de su libertad para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, subsanación de ésta. Siendo importante enmarcar que el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. Tal controversia judicial, en términos del diverso artículo 116 del ordenamiento invocado, procede respecto de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con el mismo y el quejoso directo en su calidad de interno del centro penitenciario donde se encuentra, está legitimado para promoverla conforme al numeral 117 de la ley de trato. Incluso, tratándose de una orden de traslado emitida por órgano jurisdiccional, la legislación en comento, en su artículo 132, fracción VII, prevé el recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. En ese orden de ideas, la "petición administrativa" es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede recurrirla ante el juez de ejecución. Cabe destacar, que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones, respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el juez de Ejecución o de Control, para plantear su petición, supuesto en el cual dicho juez podrá suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y tratándose de omisiones, el juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018548, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En ese tenor, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. Lo que también encuentra eco en el contenido de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 2187, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." Luego, si es el caso que el quejoso directo reclama una orden de traslado de un centro de reclusión a otro, se concluye que este juicio es improcedente porque antes de acudir a la instancia de amparo se debe agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo es posible impugnar ante el juez de Ejecución o de Control, según corresponda, tal decisión, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a ésta o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; o bien, tratándose de la decisión de un juez, procede el recurso de apelación el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el Tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. En apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, se invoca el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de dicha ley, se desecha de plano la demanda de amparo respecto al acto reclamado identificado con el inciso a), relativo a la orden de traslado y, como consecuencia de ello, también respecto de las autoridades responsables a las que se atribuyó ese acto, con excepción a las adscritas al centro de reclusión en el que se encuentra interno el quejoso directo dado que se les atribuyen diversos actos, como se verá a continuación. SUSPENSIÓN DE PLANO Enseguida, se provee respecto a los actos reclamados precisados en el inciso b), consistente en la incomunicación, golpes y malos tratos reprochados, en específico, al Director y al Subdirector Técnico, ambos del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad. En ese contexto, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los citados actos reclamados; es decir, la incomunicación de cualquier especie, así como de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional que según padece el quejoso directo Misael Herrera Peña; esto es, las autoridades responsables Director y Subdirector Técnico, ambos del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, deberán, en forma inmediata, suspender bajo su más estricta responsabilidad la incomunicación en comento. En torno a la suspensión de plano que se otorga, las autoridades responsables deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a dicha medida, apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras, cada una, a una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización. En consideración a que la promovente manifiesta que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que de inmediato se constituya en ese lugar con el propósito de buscar a Misael Herrera Peña, para que dé fe de la incomunicación y cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que se reclaman. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o por escrito dentro del término de tres días, computado legalmente, manifieste si ratifica la demanda de derechos fundamentales promovida en su favor; apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la misma y quedarán sin efectos las providencias decretadas en este acuerdo. Respecto a la solicitud de la promovente de que se le permita acceso al expediente electrónico con las claves de usuario "WMATT" y "JEHG3", asociados a los correos electrónicos que refiere, registrados ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para los efectos precisados únicamente por lo que hace a este asunto; igualmente, para que se le realicen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- Miroslava Anzaldúa Rendón667/2016
- Miroslava Anzaldúa Rendón942/2015
- Mirsa Rocío Rubio Bernal772/2023
- Mirsa Rocío Rubio Bernal1454/2021
- Mirtha Patricia Porras Salinas1155/2019
- Misael Fito Cardoza y Otros.409/2019
- Misael Meza Arias934/2019
- Misael Meza Arias423/2019
- Misael Pérez Aguirre1520/2015
- Missael Pérez Aguirre382/2019
- Missael Pérez Aguirre481/2020
- Modesto García Luna331/2021