Misael Hernández Venegas
Expediente 815/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Misael Hernández Venegas
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación y el escrito de cuenta, agréguese sin mayor proveído, toda vez que Bulmaro Ramírez López, no es autorizado de la parte quejosa en este expediente de amparo, máxime que no existe resolución interlocutoria, ya que en proveído de veintiocho de julio de este año, se desechó la demanda de amparo promovida por Misael Hernández Venegas, determinación que causó estado el dieciséis de agosto de esta anualidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda y el anexo señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el numeral 3 de la ley de la materia y regístrese con el progresivo 815/2021. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo en relación con su anexo se advierte que el inconforme Misael Hernández Venegas reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas en líneas que anteceden reclamo los siguientes actos: De la primera señalada como JUEZ TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, reclamo: LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DEL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY A FAVOR DEL SUSCRITO, POR LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN LA COMISION DEL DELITO DE VIOLACIÓN EQUIPARADA EN AGRAVIO DE LUCERO SOLEDAD MARTÍNEZ, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE PENAL NÚMERO 25/2016 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. LA OMISIÓN DE CONCEDERME EL DERECHO A NOMBRAR UN DEFENSOR PARTICULAR DE MI ELECCIÓN QUE ME PATROCINARA EN SEGUNDA INSTANCIA, QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE AL DERECHO DE DEFENSA. De la segunda señalada como CIUDADANOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA PRIMERA SALA PENAL Y ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, reclamo: LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACUERDO DICTADO DENTRO DEL TOCA PENAL NUMERO 125/2019 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA PENAL Y ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE ADMITE A TRÁMITE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DEL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY A FAVOR DEL SUSCRITO, POR LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN LA COMISION DEL DELITO DE VIOLACIÓN EQUIPARADA EN AGRAVIO DE LUCERO SOLEDAD MARTÍNEZ, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE PENAL NÚMERO 25/2016 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. LA OMISIÓN DE CONCEDERME EL DERECHO A NOMBRAR UN DEFENSOR PARTICULAR DE MI ELECCIÓN QUE ME PATROCINARA EN SEGUNDA INSTANCIA, QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE AL DERECHO DE DEFENSA. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA DESIGNACIÓN DE DEFENSOR DE OFICIO QUE RECAYÓ EN EL LICENCIADO GENARO GUTIERREZ BENITEZ, PARA EL EFECTO DE QUE SABEDOR DEL CARGO QUE LE FUE CONFERIDO A DICHO SERVIDOR PÚBLICO, EL SUSCRITO RATIFICARA MI VOLUNTAD EXPRESA O TÁCITA DEL CARGO QUE RECAYÓ EN DICHO DEFENSOR O EN SU DEFECTO HICIERA VALER EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE ME ASISTE DE DESIGNAR A UN DEFENSOR PARTICULAR DE MI ELECCIÓN QUE ME PATROCINARA EN SEGUNDA INSTANCIA E HICIERA VALER LOS DERECHOS PROCESALES QUE RESULTARAN PROCEDENTES EN MI FAVOR, LO QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE AL DERECHO DE DEFENSA. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE SE REVOCA EL AUTO DE LIBERTAD QUE FUE DICTADO A MI FAVOR POR EL JUEZ TERCERO DE LO PENAL Y EN SU LUGAR DICTÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ACTO DE AUTORIDAD QUE ME DEJÓ EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN AL NO PODER CONTROVERTIR O HACER VALER EN CONTRA DE DICHA RESOLUCIÓN EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE CONFORME A DERECHO PROCEDE." Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende de la demanda y su anexo se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Misael Misael Hernández Venegas, porque en relación con los actos reclamados, a saber al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro consistentes en: Falta de notificación personal de la interposición y admisión del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, contra el auto de libertad por falta de elementos para procesar que fue decretado a favor del disidente del amparo. La omisión de concederle el derecho de nombrar un defensor particular de su elección para que lo patrocinara en segunda instancia. A los o Magistrados Integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en: Falta de notificación personal del acuerdo dictado en el toca penal 129/2019 del índice de dicha sala. La omisión de concederle el derecho de nombrar un defensor que lo asista en esa instancia. La falta de notificación personal de la designación de defensor de oficio que le fue designado en segunda instancia. La falta de notificación de la resolución emitida el once de julio de dos mil diecinueve por el que le fue revocado el auto de libertad que le fue decretado por el Juez de primera instancia. De lo anterior, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme consintió tácitamente esas actuaciones al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días; b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: a) A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; b) A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A aquél en el que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o del acto que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En otro aspecto es necesario señalar que el Alto Tribunal del País en un criterio jurisprudencial vinculante en términos de lo dispuesto por el normativo 217 de la Ley de Amparo estableció que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro de un proceso penal a partir del veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho es el genérico de quince días previsto en el diverso 17 de la propia legislación, lo cual dijo que es acorde con el principio de progresividad en la materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del numeral 20 de la Carta Magna, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para la protección y la restitución de sus derechos. Asimismo, puntualizó que la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de quince días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva corresponde al Juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que el órgano de amparo encuentre; de ahí que consideró que el plazo de quince días es suficiente para entablar su defensa, porque dijo que basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del ordinal 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, dijo que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso específico alguno para promover el juicio constitucional contra los actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. El criterio invocado está compendiado en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional examinada porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que el titular de la acción constitucional haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En los párrafos anteriores se estableció que los actos impugnados en este sumario son la resolución de once de julio de dos mil diecinueve, que la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictó en el recurso de apelación tramitado bajo el toca penal 125/2019, mediante el cual revocó la determinación de veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho que revocó el auto de libertad decretado a favor del disidente del amparo, por la presunta participación en la comisión del delito de Violación Equiparada, en agravio de Lucero Soledad Martínez y dispuso decretar auto de formal prisión en la causa penal 25/2016 y su ejecución reprochada al Juez Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro. Las actuaciones descritas no son de las que se enuncian en las cuatro fracciones del arábigo 17 de la Ley de Amparo, sino que se tratan de actos restrictivos de la libertad personal que emanan de la causa penal 25/2016 del índice del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; por tanto, en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización se indicaron con antelación. Ahora, de los hechos y las abstenciones que el inconforme manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que precisó que tuvo conocimiento de éstos el veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, cuando le fue comunicada procesalmente la resolución judicial que combate, en concreto esa expresión la realizó en el hecho tres de los antecedentes indicados. La manifestación anterior influye en el ánimo de este Juzgador en el sentido de que presupone la certeza de esa aseveración y ésta debe ser apreciada como una confesión expresa -la cual es admisible en el juicio de amparo- con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia. En ese sentido, debe significarse que tal expresión es suficiente para tener por acreditada la fecha de conocimiento de los actos impugnados. Lo anterior tiene respaldo en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." En ese sentido, de los hechos que el propio inconforme relató se advierte que tuvo conocimiento del fallo y su ejecución combatidos el veintintrés de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, si el disidente tuvo conocimiento de esas actuaciones en la data indicada, entonces el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió del doce de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Del plazo indicado se descuentan el diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre, así como el uno y dos de diciembre, todos de la mencionada anualidad, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el arábigo 19 de la ley de la materia y 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintisiete de julio de dos mil diecinueve, tal como se colige del sello original de recepción puesto por la citada dependencia en la primera hoja de ese ocurso debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional se promovió fuera del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese lapso y la de presentación de la demanda de amparo ha transcurrido en exceso el tiempo señalado en el citado numeral para promover la demanda de amparo, lo que conduce a establecer que el disidente consintió tácitamente la resolución reclamada y su ejecución al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito de los actos reclamados. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." Asimismo, se cita por las razones que suministra la jurisprudencia P./J. 27/96 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional, que expone: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." También resultan aplicables las jurisprudencias P./J. 12/2015 (10a.) y 1a./J. 119/2005 sustentadas por el Pleno y la Primera Sala del Alto Tribunal del País, de rubros: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." y "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY Y PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO.", respectivamente, cuyos textos y datos de localización fueron señalados anteriormente. Además, como bien lo refiere el propio promovente, no es la primera vez que acude a esta instancia constitucional a reclamar el auto de formal prisión y sus consecuencias, puesto que el tres de septiembre de dos mil diecinueve, promovió el juicio de amparo 787/2019, reclamando la resolución de once de julio de dos mil diecinueve emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictada en la toca penal 125/2019, en la que dictó auto de formal prisión en contra del quejoso por su probable participación en el ilícito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, así como se consecuencia legal consistente en el auto de treinta de julio de ese mismo año, en el que el juez Tercero Penal requirió al quejoso para que se internara voluntariamente a la penitencia central del estado, juicio de amparo que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se determinó de dichos actos ya fueron consentidos por el propio quejoso. Circunstancia que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y del Trabajo en el amparo en revisión 511/2019 de su índice. De ahí que, no obstante que ahora señale más y con mayor detalle otros actos reclamados a los ya anunciados en aquel juicio, desvirtúe que los mismo no fueron consentidos. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Misael Hernández Venegas en contra de los actos reclamados al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en los actos omisivos que aduce realizaron los referidos entes públicos, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como su autorizada en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Gilberto Hernández Santiago con número de cédula profesional 3680901, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Téngase al disidente del amparo proporcionando el correo electrónico buffetejuridicoasociados@gmil.com., en el entendido que dicha información es únicamente para un mejor contacto con este juzgado y no para recibir noticaciones. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir los acuerdos, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por este Juzgado Federal se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo previsto por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista por la referida legislación. Notifíquese personalmente.
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