Misael Gómez Soma y Otros.

Expediente 1373/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1373/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Misael Gómez Soma y Otros.
  • Misael Gómez Soma

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada por Ministerio de Ley y Presidente de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento ordenado mediante proveído de ocho de septiembre del año en curso, informa las gestiones que realiza para el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo; esto es, que mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, hizo efectivos los apercibimientos de multa al ********************del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, representación en Chiapas, con residencia en esta ciudad, así como a su superior jerárquico ******************** de dicho Instituto, requirió nuevamente con apercibimiento de multa, a la autoridad responsable y superior jerárquico antes citados, el cumplimiento de las sentencias dictadas en el ******************** de su índice; y solicitó al Órgano Interno, informe el estado procesal que guarda el procedimiento administrativo de responsabilidades; remitiendo al efecto, copia certificada del acuerdo de Sala fechado el siete de los actuales y oficios generados en cumplimiento de lo ahí ordenado. Atento a lo anterior, agréguese en autos el oficio de cuenta y anexo que lo acompaña, se tiene a la autoridad responsable Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, informando de las acciones que realiza para el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo. Así mismo, se tiene por recibido el diverso oficio telegráfico de cuenta, signado por ********************, Delegada de la ******************** del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la ciudad de México, por medio del cual con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y al proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, refiere se exhibe copia del acuse de oficio SP-01-JRL/013102/23 de veintidós de junio del año actual y factura de correspondencia de veintiséis del mismo mes y año, mediante los cuales la ******************** de la Dirección en cita, requirió al ********************, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, a fin de que cumpla con la sentencia de amparo. Al respecto, agréguese únicamente en autos el oficio de referencia, por cuanto de su contenido se desprende que no tiene relación con el cumplimiento del fallo protector en el presente juicio, del ********************del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, representación en Chiapas, con residencia en esta ciudad. De igual forma, téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por la ******************** del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, representación en Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa con relación al cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y al requerimiento ordenado en proveído de siete de septiembre del año en curso; esto es, remite original del Oficio 007.130.600.01/UJ/SF/4989/2023 de dieciocho de septiembre del año actual, mediante el cual esa Unidad Jurídica requiere por sexta vez a la autoridad responsable ********************de ese Instituto, el cumplimiento de las sentencias dictadas en el juicio de nulidad ********************relacionadas con la presente ejecutoria de amparo. Al efecto, se toma conocimiento de lo informado por la ******************** en cita, sin que pase desapercibido que dicho comunicado no se traduce en una gestión significativa de avance en el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, conforme los lineamientos establecidos en el auto de siete de septiembre del año en curso.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Misael Gómez Soma, contra actos del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1373/2023-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Del estudio integral realizado al libelo de demanda respecto al acto reclamado, es apropiado decir que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ello es así, en virtud que la parte quejosa en su escrito de demanda señala como actos reclamados, los siguientes: Sin embargo, respecto a ellos, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe destacarse que en la actual Décima Época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; de ahí que, puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La referida interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que la fracción V del segundo dispositivo transcrito, estatuye la procedencia del juicio de garantías contra actos de los tribunales dentro de juicio que produzcan situaciones de carácter irreparable para el quejoso, en su persona o en sus bienes. Por tanto, para determinar si un acto encuadra en la fracción transcrita, debe verificarse lo siguiente: a) Que no encuadre en alguno de los supuestos que prevén los artículos 172 (violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso en materia civil, administrativa o del trabajo) y 173 (en materia penal), ambos de la Ley de Amparo; pues las infracciones que contemplan estos preceptos solamente podrán reclamarse, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo. b) Que la presunta violación no pueda repararse mediante la promoción de un recurso, o bien, que sea susceptible de estudiarse en la resolución final que se dicte en el juicio natural; y, c) Que la violación procedimental afecte materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México sea parte. De ahí que, tal y como lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la omisión reclamada en el presente juicio de amparo, se da dentro de un procedimiento, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto, consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, puesto que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que el quejoso es parte, sino que se da en el contexto del juicio, por lo que tiene un carácter adjetivo; en tanto que, lo único que reclama es que la autoridad responsable no ha dado contestación a la solicitud de la parte quejosa en el juicio de origen. Por lo que, se concluye que el acto reclamado no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que, se da juntamente dentro del mismo, esto es, la falta de prosecución del trámite; puesto que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Resulta aplicable, la Jurisprudencia, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2008, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, la demanda será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debieron legamente pronunciarse. Es aplicable, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2ª/J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora bien, el quejoso se duele de la omisión de la autoridad responsable en girar los oficios a los bancos solicitado en escrito de siete de agosto de dos mil veintitrés, así como la dilación en dar contestación al ocurso de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, relativos al juicio laboral 158/2020, del índice del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; de lo que se obtiene que contaba con un plazo de tres días para pronunciarse sobre dichas peticiones, de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, el plazo de los cuarenta y cinco días a que se refiere la Jurisprudencia recién transcrita, iniciaron el ocho y veintiséis de agosto del año en curso y fenece el veintiuno de septiembre y nueve de octubre de dos mil veintitrés; esto es, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés), únicamente han transcurrido veintitrés y cinco días naturales, respectivamente. De ahí que en la especie no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parámetro para que proceda el juicio de amparo en contra de dilaciones de las autoridades laborales en el dictado de proveídos; dado que el propio quejoso refiere que sus peticiones las realizó ante la autoridad responsable el siete y veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, respectivamente y siguiendo el término de los tres días hábiles, establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable tiene para pronunciarse hasta el veintiuno de septiembre y nueve de octubre del año en curso; por lo que, el término de los cuarenta y cinco días, se computan del ocho y veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, por tanto, resulta notorio e indudable que a la fecha de la presentación de la demanda no se ha configurado dilación excesiva, y por ende, queda de manifiesto que no se han transgredido derechos sustantivos en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de la Materia. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad jurídica la Jurisprudencia, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y, como autorizados en los términos que señala a las personas mencionados en su ocurso de mérito. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio 19665/2023, dirigido al Fiscal de Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización 01 de la Fiscalía General del Estado de Chiapas en la Concordia, Chiapas, devuelto por el Administrador de Correos del Servicio Postal Mexicano, con la leyenda en el sobre con que se envió que dice: "Desconocido en el domicilio". En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale la denominación correcta de la citada autoridad responsable o domicilio correcto, apercibiendo a la parte quejosa, que de no hacerlo o de ser incorrecta o imprecisa la denominación de dichas autoridades, se tendrá por inexistente y sus actos no serán motivo de estudio en el presente incidente suspensión.

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