Misael Cortina Cortina

Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
953/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Misael Cortina Cortina
  • Presidente de la Junta Federal Numero Treinta Y dos de la Junta Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-A "... Vista la certificación secretarial de cuenta y las constancias de autos, se advierte que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, determinación que no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, .... se declara que dicha resolución ha quedado firme. Archívese como asunto concluido, el cual es destruible; por lo que éste expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, destrúyanse; .... Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."

  2. Principal

    MESA V-A "... Agréguense los oficios 1829/2023 y 1803/2023, suscritos en su orden, el primero por la Actuaria y el segundo por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, donde rinden su informe justificado, en el que niegan el acto reclamado y en justificación al mismo, entre otras, remite copia certificada del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciado dentro del expediente laboral **************** de su índice. ......, se admite la documental que ofrece la responsable citada, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias que se anexa al oficio que se provee, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se desprende que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, el Máximo Tribunal emitió el criterio, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Criterio que continúa vigente, a pesar de haberse emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada, por así permitirlo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, toda vez que la causa de improcedencia invocada está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, la omisión de la junta en dictar acuerdo en relación con sus escritos recibidos en la oficialía de partes de la responsable de veintiocho de abril, dieciocho de septiembre, quince y dieciocho de agosto, todos de dos mil veintitrés, donde en los dos primeros solicitó el requerimiento del cumplimiento del laudo de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral ******************** de su índice, respecto al tercer escrito, solicitó copia del laudo y nombro autorizado; y el último, anexó copias certificados, de las resoluciones de nueve de junio de dos mil veintidós, dos de febrero y tres de abril de dos mil veintitrés, dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al expediente laboral en cita. Lo anterior, revela que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas por la parte quejosa, en virtud que la responsable, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, acordó la solicitud del aquí quejoso, en el expediente laboral ******************** de su índice, "se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento, comisionando al actuario para que acompañe al actor ******************** se constituya en el domicilio de la perdidosa ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, antes AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA, la requiera para que dé cumplimiento al laudo firme el catorce de julio de dos mil veintidós y haga pago a la actora de la cantidad de $10,793,432.00 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad que resulta de la suma de la condena decretada en el laudo de referencia y la actualización de los salarios, por lo que en caso de negativa a pagar la cantidad objeto del requerimiento, embargue bienes de su propiedad suficientes y que basten para cubrir el monto de la condena "." agregó a los autos para que surtan lo efectos legales a que haya lugar, las copias certificados, de las resoluciones de nueve de junio de dos mil veintidós, dos de febrero y tres de abril de dos mil veintitrés, dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, remitidas por el quejoso, así, también autorizó la expedición de copias certificadas del laudo y tuvo por autorizada para su recepción a la persona nombrada por peticionado del amparo, en dicho expediente laboral". Por lo expuesto, es evidente que se destruyeron los efectos de las omisiones reclamadas de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada; con fundamento en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Cabe precisar, que en el caso resulta improcedente requerir a la parte quejosa para que amplíe la demanda contra el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad proveyó los escritos del gobernado dentro del expediente laboral ********************-controvertido que se encuentra en etapa de ejecución de laudo-. Ello, pues contra esos acuerdos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En relación con esta causa de improcedencia, existen las jurisprudencias y tesis, cuyo contenido no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su artículo sexto transitorio, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. (Jurisprudencia P./J.I08/2010, página 6, Enero 2011, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia".(I.8º.C.21K, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1262, X, Octubre de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. (Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016 Tomo II, Décima Época, Pág. 1066, 2011474 1 de 1, Jurisprudencia Común). Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, tomando en cuenta que el expediente laboral de origen ******************** se encuentra en etapa de ejecución, el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de dicho controvertido, pues como se detalló, a través de tal proveído, la responsable - entre otras cosas, acordó la solicitud del aquí quejoso, "...se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento, comisionando al actuario para que acompañe al actor ******************** se constituya en el domicilio de la perdidosa ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, antes AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA, la requiera para que dé cumplimiento al laudo firme el catorce de julio de dos mil veintidós y haga pago a la actora de la cantidad de $10,793,432.00 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad que resulta de la suma de la condena decretada en el laudo de referencia y la actualización de los salarios, por lo que en caso de negativa a pagar la cantidad objeto del requerimiento, embargue bienes de su propiedad suficientes y que basten para cubrir el monto de la condena ." Incluso, resulta improcedente requerir la ampliación de demanda respecto al citado auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, ya que la omisión deriva de la secuela de un procedimiento laboral y no así de un derecho de petición ante autoridades administrativas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Así como, la diversa 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En esas condiciones, lo que procede es dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA SER NOTIFICADO PERSONALMENTE. CONSTE)

  3. Principal

    MESA V-A "... Agréguese el escrito de ******************** autorizado de la parte quejosa, en su atención; dígasele que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que rinda su informe justificado, el cual fenece el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, tal como se aprecia de la certificación de cuenta; motivo por el cual, por ahora, no es favorablemente acordar lo solicitado...."

  4. Principal

    MESA V-A "... Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos Presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 953/2023. Admisión En consecuencia, ..... se admite la demanda de amparo promovida y sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa expresamente. Solicitud de informe. ..... pídase a la autoridad responsable informe justificado, ... Causa de sobreseimiento. También, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Audiencia Constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para celebrar la audiencia constitucional. Es importante señalar que.... se desprende que es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Emplazamiento al Ministerio Publico. ......, emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. .... Autorización de empleado Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. Obligación de recibir oficios Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, ....; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le impondrá multa .... Tercero interesado. Por otra parte, el quejoso refiere en su escrito inicial de demanda, le resulta el carácter de tercero interesado a la Auditoria Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a lo dispuesto a los artículos 5, fracción III, inciso b), y 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia, mediante oficio emplácese a dicha parte procesal, al que se deberá anexar una copia simple de la demanda de amparo, para el traslado, requiriéndolo para que si a sus intereses conviene se apersonen al presente juicio de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizada legal en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Diego Hernán Arévalo Pérez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por no tener registrada su cédula en dicho sistema. Se tiene como forma de contacto de la parte quejosa, el número telefónico 9515473121, así como el correo electrónico asesores69@hotmail.com, a través de los cuales, en su caso, se podrá entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, .... se autoriza al usuario Dapaseso para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida electrónicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Bajo ese contexto, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas,.... Habilitan días inhábiles. ...., en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias,..... hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella...."

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