Misael Cortés Reyes
Expediente 851/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Misael Cortés Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL 851/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el dieciséis de octubre del año en curso, firmada y autorizada el treinta y uno de octubre siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; sin que lo hubieren hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera. 3. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (conservable) y archivo reciente. Toda vez que este órgano jurisdiccional resolvió negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa, el destino de este expediente es CONSERVABLE, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General invocado, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 6. Incidente de suspensión. Por otra parte, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, el cual se reservó archivar hasta en tanto se ordenara el archivo de este juicio de amparo; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. 7. Se expide copia autorizada. Finalmente, visto el escrito suscrito por el quejoso *********; en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídasele copia simple de todo lo actuado en este expediente, previa copia de identificación y razón de entrega que obre en autos, teniéndose por autorizados para recibirlas, a las personas que indica. 7.1. Precisión a la parte quejosa. Se puntualiza a la parte quejosa que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos emitidos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente; por ende, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes y, así, a través del usuario autorizado para ello, se estará en condiciones de consultar todas las actuaciones que se integrarán al expediente electrónico con firma electrónica y descargar los documentos que requieran, como así lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Motivo por el cual se le exhorta para que, en lo subsecuente, transite al juicio en línea conforme al Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre del año en curso. 7.2. Diversa precisión sobre domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del domicilio y autorizados que refiere el quejoso en el ocurso de cuenta, en virtud que en auto admisorio de cinco de septiembre de este año se acordó lo conducente sobre ese domicilio y autorizados. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 851/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, fracción III, y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del expediente (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, el original de este expediente será DESTRUIBLE; por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 851/2023 MESA 7 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo ********; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el cuatro de septiembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo y admisión. En auto de cinco de septiembre del año en curso se registró la demanda de amparo con el número *********** y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes a la audiencia constitucional; misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y el acto se reclama a una autoridad con residencia en Santa Lucía del Camino, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así, se precisa que la parte quejosa reclama: El cobro de la multa por la cantidad de $*******,*****.******* (***********, ************, moneda nacional), por concepto de infracción, así como su devolución. Acto que atribuye al juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; empero, en su informe sostuvo la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del cobro por concepto de multa impuesta al quejoso, al referir que ese acto se encuentra apegado a lo establecido en el artículo 115, fracciones III, inciso H y IV, de la Constitución Federal, entre otros argumentos. En esas condiciones, ante las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable que evidencian la existencia del acto que se le atribuye, se tiene por cierto. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, registro 164618, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Análisis del concepto de violación. La parte quejosa reclama del juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el cobro de la multa por la cantidad de $********,******.****** (*********, **********, moneda nacional), por concepto de infracción, y pide la devolución de dicha suma, pues refiere, en esencia, que ese acto vulnera sus derechos fundamentales de seguridad y legalidad, pues su imposición carece de una debida fundamentación y motivación y no se sujeta a las reglas esenciales del procedimientos, derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Es infundado el concepto de violación que aduce la parte quejosa; porque el cobro de la multa por la cantidad de $*********,********.******** (***********, ***********, moneda nacional), por concepto de infracción, no es inconstitucional ni violatorio de los derechos fundamentales, al ser la autoridad responsable que lo determinó la competente para decretarlo y, por tanto, su inconstitucionalidad sólo puede depender de los motivos, datos o pruebas en que la responsable lo haya fundado, aspectos que fueron aportados al sumario por la autoridad responsable. Al respecto, debe señalarse que el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". Como se observa del precepto constitucional trascrito, el derecho fundamental establecido en ese precepto tiene su fundamento en el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de conformidad con el referido precepto, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por tanto, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; así, el derecho fundamental de legalidad y concretamente la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada. b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento al derecho fundamental de debida fundamentación y mediante la observancia de la segunda, al de debida motivación. Tiene aplicación al respecto, el criterio que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97-102, tercera parte, registro 238212, página 143, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Como se precisó, el artículo constitucional trascrito consagra uno de los derechos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. El derecho fundamental de legalidad condiciona a todo acto de autoridad en los términos ya precisados, se contiene en la expresión fundamentación y motivación. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, ya que permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. De ahí que la exigencia de fundamentación implica el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, el o los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, lo que, se reitera, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios, sobre todo si, como sucede en el caso, se trata de actos emitidos por una autoridad administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/248, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 43, Tomo 64, abril de 1993, registro 216534, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado". Además, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de legalidad previsto en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, ha sido elevado a rango de derecho humano, pues ese numeral impone la obligación a todas autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar a las personas, el goce de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí es que surge la necesidad que las normas relativas a los derechos humanos sean interpretadas conforme con la Ley Suprema y con los tratados internacionales de la materia, por lo que esa exégesis deberá atender en todo momento a favorecer a los destinatarios de la norma en su concepción más amplia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado el criterio que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión; por tanto, el deber de motivar las resoluciones constituye una garantía que se encuentra vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Ese tribunal interamericano ha sustentado el criterio que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente motivadas, pues de no ser así se estaría en presencia de resoluciones totalmente arbitrarias, pues de acuerdo con los preceptos de ese Alto Tribunal la motivación otorga a las partes las bases en que se apoya la determinación de la responsable, lo que proporciona la posibilidad de impugnar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. En suma, la motivación que se habla es una de las "debidas garantías" que se encuentran incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto Internacional de San José Costa Rica. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 5, abril de 2014, tomo I, página 204, registro 2006225, que establece lo siguiente: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos". Ahora, en el caso, al analizar el acta de infracción de la que deriva el cobro de la multa por la cantidad de $********,**********.********** (**************, ************, moneda nacional), por concepto de infracción, impuesta por el juez calificador Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con motivo del operativo de revisión vehicular y personal que se realizó al quejoso, se advierte que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. Para un mejor análisis del asunto, resulta oportuno precisar los siguientes antecedentes: El quejoso refiere que aproximadamente a las veinte horas con cincuenta minutos del diecinueve de agosto del año en curso, mientras se encontraba estacionado detrás de la escuela Federal 2 de la colonia Las Flores, fue detenido por elementos policiacos, pues había ingerido bebidas alcohólicas, motivo por el cual fue trasladado a los separos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; en tanto que su vehículo fue asegurado. El veinte de agosto de esta anualidad, por la tarde, hasta los separos en los que se encontraba, se le notificó la suspensión de plano decretada por un Juzgado Federal; por ende, se le dejó en libertad. Al preguntar con el titular del citado municipio sobre su unidad de motor, se le informó que debía pagar la cantidad de $**********,*******.********* (**********, *********, moneda nacional), por concepto de infracción para que se le pudiera devolver su vehículo. Una vez realizado el pago de la referida cantidad ante el juez Calificador, se le expidió un recibo de pago con número de folio ********* y, posteriormente, se le devolvió su unidad de motor. Ahora, al rendir su informe con justificación, el juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, acompañó diversas documentales, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedidas en ejercicio de sus funciones, de las que se colige lo siguiente: Con fecha diecinueve de agosto de esta anualidad se levantó el acta de infracción, toda vez que el quejoso ********* incurrió en faltas al Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por a) conducir en estado de ebriedad, b) falta de tarjeta de circulación y c) por falta de licencia para conducir. Dichas infracciones se encuentran previstas en los artículos 166, 167 y 195 de dicho reglamento. Además, la autoridad fundó su determinación con base en el certificado médico de diecinueve de agosto de este año, en la que se asentó que el quejoso, efectivamente, se encontraba con intoxicación etílica al 1.02mg/L en tercer periodo de ebriedad. Asimismo, obra la documental de la que se advierte que el diecinueve de agosto pasado se dejó al quejoso a disposición del juez Calificador Municipal, en turno, al conducir en estado de ebriedad, sin licencia y sin tarjeta de circulación, asegurándose su vehículo de motor marca ********, tipo ******, color ********, con placa de circulación *******, del Estado de *******, con número de serie *********. De modo que el acta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada en atención a lo previsto en el Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía de Camino, Oaxaca, que en su numeral 170 establece que ninguna persona deberá conducir un vehículo en la vía pública bajo el efecto de drogas, enervantes o psicotrópicos, o si tiene una cantidad de alcohol ingerida que en aire espirado sea superior a 0.40 miligramos por litro de sangre; asimismo, en el numeral 172 establece que todos los conductores de vehículos, quienes hayan realizado actos que violen las disposiciones del citado Reglamento o muestren signos de que conducen en estado de ebriedad, están obligados a someterse al examen de alcoholímetro, en tanto que del diverso artículo 173 se desprende el procedimiento a seguir en los programas de detención alcohólica, en el que resalta que el conductor que sobrepase el límite de alcohol señalado en el referido artículo 170, párrafo primero, del multicitado Reglamento, será remitido al juez Municipal, quien impondrá la sanción correspondiente, ya sea multa o arresto. Además, dicho numeral 173 del Reglamento en comento refiere que el vehículo será trasladado a la pensión o encierro respectivo y para proceder a su liberación, tratándose de personas físicas, bastará con que exhiban la factura respectiva con la que acrediten la propiedad de dicho bien, previo pago del importe de la multa impuesta, del servicio de grúas prestado y el derecho de piso correspondiente. Entonces, si la normatividad prevé la facultad de la mencionada autoridad, para conocer de los asuntos que relacionados con las infracciones a su Reglamento de Tránsito, luego, para calificar las faltas a los Reglamentos Municipales, en su caso, determinar las sanciones correspondientes; finalmente, imponer la sanción pecuniaria correspondiente -multa-, es inconcuso que el acto reclamado no puede ser inconstitucional o violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, pues, en la especie, el cobro de la multa correspondiente al quejoso se encuentra debidamente fundado y motivado, como se advierte del acta de infracción respectiva, levantada por el Policía Vial respectivo (se insertan imágenes escaneadas): En tanto que en audiencia pública de control y sanción de fecha diecinueve de agosto de esta anualidad, el juez Calificador determinó procedente la imposición de la multa, haciendo del conocimiento del citado quejoso que, en caso de inconformidad, podría promover el recurso correspondiente. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado; ello, en virtud que el acto reclamado consistente en el cobro de la multa por la cantidad de $*******,********.******** (************, **********, moneda nacional), por concepto de infracción, atribuido al juez Calificador responsable, se encuentra debidamente fundado y motivado en un Reglamento; máxime que al haberse satisfecho dicho pago por el quejoso, se le devolvió la unidad de motor asegurada por haber incurrido en una infracción, al conducir en estado de ebriedad. Sustenta lo anterior, a contrario sensu, la tesis con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 336635. Instancia: Segunda Sala Quinta Época. Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXIX, página 2688. Tipo: Aislada MULTA INJUSTIFICADA. Si el informe de la autoridad responsable no se encuentra justificado en cuanto al motivo que, según la propia autoridad, origina la imposición de una multa y las pruebas rendidas por el afectado, contradicen las afirmaciones de aquel informe, respecto al hecho que motiva el acto reclamado, es evidente que éste es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque mediante la imposición de la multa y su ejecución, se priva al quejoso de una cantidad de dinero, sin haber aplicado debidamente las leyes expedidas con anterioridad al hecho y por no estar motivada ni legalmente fundada aquella resolución." SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ******** contra el cobro de la multa por la cantidad de $********,*******.********* (********, **********, moneda nacional), por concepto de infracción, así como la devolución de dicha suma, acto atribuido al juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; ello, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
PRAL. 851/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso se tuvo al juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, rindiendo informe su justificado; acuerdo que se notificó a las partes, por lista de acuerdos, el veintiséis de septiembre pasado. 1.1. Diferimiento de audiencia constitucional. En esas condiciones, es inconcuso que, a la fecha, no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe de referencia; por ende, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere, y se fijan las nueve horas con cuarenta y siete minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Es aplicable la tesis aislada con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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