Misael Cabrera Reyes
Expediente 1025/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Elisabeth Casabal Reyes, Agente del Ministerio Público Adscrita A la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida Y la Integración Corporal
- Misael Cabrera Reyes
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la presente data no obra la constancia de notificación por lista a las partes del acuerdo pronunciado el once de noviembre de la presente anualidad; en tales condiciones, se ordena pasar los autos al actuario judicial adscrito a este juzgado federal para que notifique el acuerdo de mérito en la forma ahí ordenada. Notifíquese por lista. Puebla, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. AUTO DE DESECHAMIENTO CAUSÓ ESTADOVistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue desechada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Édgar Moreno González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la presente data no obra la constancia de notificación por lista a las partes del acuerdo pronunciado el once de noviembre de la presente anualidad; en tales condiciones, se ordena pasar los autos al actuario judicial adscrito a este juzgado federal para que notifique el acuerdo de mérito en la forma ahí ordenada. Notifíquese por lista. ... Puebla, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. AUTO DE DESECHAMIENTO CAUSÓ ESTADOVistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue desechada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Édgar Moreno González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Misael Cabrera Reyes, fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 1025/2021. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA Analizada la demanda de amparo en su integridad, la parte quejosa reclama de Elisabeth Casabal Reyes, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integración Corporal y Jorge Antonio Hernández Sucilla Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integración Corporal, la omisión de respuesta a las peticiones de devolución del vehículo marca Nissan, tipo NP300, modelo 2021, color blanca, con número de serie: 3N6AD35A4MK811565, motor número: QR25408532H, con placas de circulación: SN23337 del estado de Puebla, solicitudes que dice fueron realzadas mediante escritos de fechas: seis de abril de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintiuno. De los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad, se sabe que fue abierta la indagatoria EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 FGEP/CDI/FIM/HOMICIDIOS-I/005107/2021, radicada en la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integración Corporal; con motivo de que el quejoso fue atacado cuando circulaba en el automotor antes referido, recibió algunos disparos de arma de fuego, fue lesionado y el vehículo referido fue puesto a disposición de la autoridad señalada como responsable, quien procedió a decretar el aseguramiento. El promovente refiere que se cuentan con suficientes datos de prueba glosados dentro de la citada indagatoria, para que proceda la devolución del vehículo de referencia, pero a la fecha no ha recaído ningún acuerdo a la petición que se le han realizado a las autoridades responsables. En resumen, este juzgado identifica que, dentro de la carpeta de investigación de origen, la parte quejosa tiene el carácter de víctima de los delitos de tentativa de robo y lesiones dolosos, hechos que sucedieron en el automotor del que se pretende la devolución, sin que ésta se ordene por parte del representante social señalado como autoridad responsable. Es por ello, que este juzgado identifica como acto reclamado la omisión ministerial de realizar las acciones necesarias y completas para restituir a la parte quejosa en los derechos que le asisten como víctima de los delitos de tentativa de robo y lesiones dolosos, como en el caso es la reparación del daño y permitirle el uso y disfrute del bien mueble en el que viajaba cuando fue atacado. Ello, pues si bien el quejoso propone como acto reclamado la violación al derecho de petición, la realidad es que las peticiones que ha formulado carecen de autonomía para considerarlas vinculadas directamente al derecho de petición, ya que fueron realizadas dentro una de una carpeta de investigación, la cual, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, está sujeta a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas para el sistema penal acusatorio. Es aplicable por analogía y en lo conducente por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia1, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación... Por tanto, este juzgado observa que respecto de la omisión reclamada, de manera notoria y manifiesta, el juicio de amparo indirecto es improcedente ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos, 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75 de la Ley de Amparo. Como preámbulo, este juzgado destaca que para resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó todo el proceso penal acusatorio implementado a raíz de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 Amparo indirecto 1025/2021 ??????????????? De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el párrafo décimo cuarto del artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de control quienes resolverán en forma inmediata y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos, pues le corresponde garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En esa ejecutoria, la Primera Sala también se ocupó de la tarea de los jueces de Control en todas las fases del proceso penal acusatorio, desde la investigación hasta antes de iniciar juicio; para ello, identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de losderechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. La primera implica, entre otras, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes... Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer por el juez de Control, pues éste tiene la obligación de velar por los derechos de las víctimas, quienes le deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de 2 Cfr., Benavente Chorres, Hesbert, La investigación judicial y el control de convencionalidad en el proceso penal: conceptos y modalidades, JM Bosch Editor, España, 2012, p. 103. 3 Cfr., Bardales Lazcano, Erika, Guía para el estudio del sistema acusatorio en México, 5ª ed., Flores Editor y Distribuidor, México, 2014, p. 75. EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Es aquí en donde yace el obstáculo para la procedencia del juicio de amparo, pues acorde con el estudio de la Primera Sala cuya parte conducente fue transcrita, en el sistema constitucional mexicano existe una jurisdicción ordinaria que tiene, entre otros fines, tiene el de definir e identificar los derechos de las víctimas u ofendidos y velar porque sean respectados dentro del sistema penal acusatorio. De manera que el juez constitucional de amparo no podría abordarlos de primera mano, sin que previamente estén definidos o incluso rechazados por la autoridad judicial competente. Incluso, si este órgano jurisdiccional analizara el planteamiento del quejoso en cuanto a que la autoridad ministerial no lo restituye en el goce del derecho de víctima, específicamente en la reparación del daño al no materializar la devolución de sus vehículos, este juzgado infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La fracción IV4 del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de losargumentos y elementos de prueba se debe hacerse de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI5 mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes6, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte7. Esto es, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues todas las partes estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. En resumen, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen elsistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación8. Por tanto, el examen de orden constitucional reglamentado en la Ley de Amparo, pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue una regla implícita en ese cuerpo legal, consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, la parte quejosa reclama que el agente del ministerio público no le da respuesta a sus peticiones de devolución del automotor, esto es, no lo restituye en sus derechos de víctima pues el vehículo que se le intentó robar y en el cual fue lesionado no le ha sido devuelto pese a las solicitudes que ha presentado; derecho que tendrán que definirse de manera rápida y ágil ante el juez de Control, en donde se discutirá si la parte quejosa justificó la propiedad del automotor, si resulta procedente la devolución de éste y si en calidad de víctima le corresponde o no pagar los montos por conceptos de servicio de arrastre y depósito en corralón, para que en su caso queden a cargo del estado. Por tanto, el cuestionamiento de la legalidad de la actuación ministerial en cuanto a no materializar la reparación del daño en favor de la parte quejosa con calidad de víctima consistente en no dar respuesta a laspeticiones de devolución del automotor, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente, porque, tal como lo identificó la Primera Sala en la sentencia relativa a la contradicción de tesis que se transcribió en la parte conducente, la actuación ministerial en la fase de investigación, no es autónoma, sino que está sujeta a la vigilancia del Juez de Control, quien a petición de parte interesada, resolverá de manera ágil y rápida en relación con respecto al respeto de los derechos de víctima u ofendido, en una audiencia en la que todas las partes involucradas podrán conocer, controvertir o confrontar sus argumentos en cuanto a los motivos expresados en la petición y la postura ministerial, y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el espíritu contenido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión reprochadas a los agentes del Ministerio Público. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda así como por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona y a las demás personas únicamente de manera restringida, esto es, para oír y recibir notificaciones. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto a su solicitud de que se realicen las notificaciones en el correo electrónico que indica parte quejosa, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente para realizarcomunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 229 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 2910 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de unapromoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pd f. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 Amparo indirecto 1025/2021 ??????????????? En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente auto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Misael Cabrera Reyes, fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 1025/2021. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA Analizada la demanda de amparo en su integridad, la parte quejosa reclama de Elisabeth Casabal Reyes, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integración Corporal y Jorge Antonio Hernández Sucilla Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integración Corporal, la omisión de respuesta a las peticiones de devolución del vehículo marca Nissan, tipo NP300, modelo 2021, color blanca, con número de serie: 3N6AD35A4MK811565, motor número: QR25408532H, con placas de circulación: SN23337 del estado de Puebla, solicitudes que dice fueron realzadas mediante escritos de fechas: seis de abril de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintiuno. De los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad, se sabe que fue abierta la indagatoria EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 FGEP/CDI/FIM/HOMICIDIOS-I/005107/2021, radicada en la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integración Corporal; con motivo de que el quejoso fue atacado cuando circulaba en el automotor antes referido, recibió algunos disparos de arma de fuego, fue lesionado y el vehículo referido fue puesto a disposición de la autoridad señalada como responsable, quien procedió a decretar el aseguramiento. El promovente refiere que se cuentan con suficientes datos de prueba glosados dentro de la citada indagatoria, para que proceda la devolución del vehículo de referencia, pero a la fecha no ha recaído ningún acuerdo a la petición que se le han realizado a las autoridades responsables. En resumen, este juzgado identifica que, dentro de la carpeta de investigación de origen, la parte quejosa tiene el carácter de víctima de los delitos de tentativa de robo y lesiones dolosos, hechos que sucedieron en el automotor del que se pretende la devolución, sin que ésta se ordene por parte del representante social señalado como autoridad responsable. Es por ello, que este juzgado identifica como acto reclamado la omisión ministerial de realizar las acciones necesarias y completas para restituir a la parte quejosa en los derechos que le asisten como víctima de los delitos de tentativa de robo y lesiones dolosos, como en el caso es la reparación del daño y permitirle el uso y disfrute del bien mueble en el que viajaba cuando fue atacado. Ello, pues si bien el quejoso propone como acto reclamado la violación al derecho de petición, la realidad es que las peticiones que ha formulado carecen de autonomía para considerarlas vinculadas directamente al derecho de petición, ya que fueron realizadas dentro una de una carpeta de investigación, la cual, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, está sujeta a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas para el sistema penal acusatorio. Es aplicable por analogía y en lo conducente por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia1, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación... Por tanto, este juzgado observa que respecto de la omisión reclamada, de manera notoria y manifiesta, el juicio de amparo indirecto es improcedente ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos, 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75 de la Ley de Amparo. Como preámbulo, este juzgado destaca que para resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó todo el proceso penal acusatorio implementado a raíz de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 Amparo indirecto 1025/2021 ??????????????? De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el párrafo décimo cuarto del artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de control quienes resolverán en forma inmediata y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos, pues le corresponde garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En esa ejecutoria, la Primera Sala también se ocupó de la tarea de los jueces de Control en todas las fases del proceso penal acusatorio, desde la investigación hasta antes de iniciar juicio; para ello, identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de losderechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. La primera implica, entre otras, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes... Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer por el juez de Control, pues éste tiene la obligación de velar por los derechos de las víctimas, quienes le deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de 2 Cfr., Benavente Chorres, Hesbert, La investigación judicial y el control de convencionalidad en el proceso penal: conceptos y modalidades, JM Bosch Editor, España, 2012, p. 103. 3 Cfr., Bardales Lazcano, Erika, Guía para el estudio del sistema acusatorio en México, 5ª ed., Flores Editor y Distribuidor, México, 2014, p. 75. EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Es aquí en donde yace el obstáculo para la procedencia del juicio de amparo, pues acorde con el estudio de la Primera Sala cuya parte conducente fue transcrita, en el sistema constitucional mexicano existe una jurisdicción ordinaria que tiene, entre otros fines, tiene el de definir e identificar los derechos de las víctimas u ofendidos y velar porque sean respectados dentro del sistema penal acusatorio. De manera que el juez constitucional de amparo no podría abordarlos de primera mano, sin que previamente estén definidos o incluso rechazados por la autoridad judicial competente. Incluso, si este órgano jurisdiccional analizara el planteamiento del quejoso en cuanto a que la autoridad ministerial no lo restituye en el goce del derecho de víctima, específicamente en la reparación del daño al no materializar la devolución de sus vehículos, este juzgado infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La fracción IV4 del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de losargumentos y elementos de prueba se debe hacerse de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI5 mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes6, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte7. Esto es, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues todas las partes estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. En resumen, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen elsistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación8. Por tanto, el examen de orden constitucional reglamentado en la Ley de Amparo, pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue una regla implícita en ese cuerpo legal, consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, la parte quejosa reclama que el agente del ministerio público no le da respuesta a sus peticiones de devolución del automotor, esto es, no lo restituye en sus derechos de víctima pues el vehículo que se le intentó robar y en el cual fue lesionado no le ha sido devuelto pese a las solicitudes que ha presentado; derecho que tendrán que definirse de manera rápida y ágil ante el juez de Control, en donde se discutirá si la parte quejosa justificó la propiedad del automotor, si resulta procedente la devolución de éste y si en calidad de víctima le corresponde o no pagar los montos por conceptos de servicio de arrastre y depósito en corralón, para que en su caso queden a cargo del estado. Por tanto, el cuestionamiento de la legalidad de la actuación ministerial en cuanto a no materializar la reparación del daño en favor de la parte quejosa con calidad de víctima consistente en no dar respuesta a laspeticiones de devolución del automotor, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente, porque, tal como lo identificó la Primera Sala en la sentencia relativa a la contradicción de tesis que se transcribió en la parte conducente, la actuación ministerial en la fase de investigación, no es autónoma, sino que está sujeta a la vigilancia del Juez de Control, quien a petición de parte interesada, resolverá de manera ágil y rápida en relación con respecto al respeto de los derechos de víctima u ofendido, en una audiencia en la que todas las partes involucradas podrán conocer, controvertir o confrontar sus argumentos en cuanto a los motivos expresados en la petición y la postura ministerial, y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el espíritu contenido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión reprochadas a los agentes del Ministerio Público. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda así como por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona y a las demás personas únicamente de manera restringida, esto es, para oír y recibir notificaciones. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto a su solicitud de que se realicen las notificaciones en el correo electrónico que indica parte quejosa, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente para realizarcomunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 229 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 2910 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de unapromoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pd f. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS EDGAR MORENO GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.49.f4 29/10/21 22:02:49 Amparo indirecto 1025/2021 ??????????????? En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente auto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa.
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