Misael Añorve Hernández

Expediente 890/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
890/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Misael Añorve Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por *****, autorizado por el quejoso *****, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual señala nuevo domicilio para recibir notificaciones y revoca el señalado con anterioridad; asimismo, proporciona nombre de usuario para que se le realicen las notificaciones. En atención a su contenido, dígasele al promovente que en auto admisorio de veintinueve de agosto del año en curso, se ordenó realizarle las notificaciones vía electrónica a dicho profesionista, tal y como lo solicitó expresamente el peticionario del amparo. Asimismo, respecto al nuevo domicilio que cita para recibir notificaciones, indíquesele que ya se le tuvo el vía electrónica el usuario que señala para tal efecto. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por medio del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso *****, en contra del acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, habiéndose registrado como recurso de queja civil número 244/2023; circunstancia de la cual queda enterada esta juzgadora federal, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso *****, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por el promovente, adjuntándole copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, póngase a disposición del Tribunal de Alzada la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que se substancie el medio de impugnación de mérito. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por****, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, y de otras autoridades responsables. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 890/2023-II y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el mencionado artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". En la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer, sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, solo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia - también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia.". Debe señalarse que, no obstante que el principio de definitividad es una regla de aplicación general, la propia ley reglamentaria establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento; excepciones que no se actualizan en el caso concreto. En ese sentido, es de señalar que los casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". Dicho lo anterior, resulta conveniente precisar que de la lectura de la demanda y sus anexos se aprecia que los actos reclamados derivan de un juicio ejecutivo mercantil tramitado ante el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, radicado con el número 1086/2011, y se hace consistir en el emplazamiento realizado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, contra el cual procede el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el Código de Comercio. En efecto, es de precisar que los artículos 1349, 1350, 1351, 1353 y 1414 todos del Código de Comercio, disponen lo siguiente: "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano" "Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal" "Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos" "Artículo 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional" "Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten" "Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas. Del procedimiento extrajudicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía" De la interpretación de estos preceptos se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales del procedimiento y fijan la manera en que se deberán combatir dichas actuaciones. Establecido lo anterior, se concluye que los actos reclamados por el impetrante del amparo, consistente en la diligencia de emplazamiento de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, resultaban impugnables mediante el incidente de nulidad de actuaciones, habida cuenta que a través de éste pudo hacer valer argumentos tendentes a dejar sin efectos las actuaciones que por esta vía combate, por lo que resulta incuestionable que previamente debió intentar el aludido incidente respecto de tales actos, antes de instar el juicio constitucional. En efecto, del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que tiene pleno conocimiento del juicio ejecutivo mercantil incoado en su contra, por lo que se encuentra en condiciones para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, en ejercicio de su derecho humano de acceso a la justicia consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su derecho de audiencia. Máxime que del contenido de los anexos que acompaña se aprecia que el expediente del que derivan los actos reclamados se encuentra en trámite. Es aplicable por analogía al respecto la tesis 1a./J. 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 430, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo". En tal tenor, toda vez que de acuerdo con los artículos antes citados del Código de Comercio, el incidente de nulidad, procede cuando las actuaciones carezcan de alguna de las formalidades o requisitos legales, y en contra de las notificaciones, citaciones o emplazamientos que no se verifiquen en la forma prevista en dicho código, sin que en el caso el quejoso haya promovido tal incidente, en consecuencia, cabe estimar que no agotó el principio de definitividad que rige la acción constitucional al dejar de impugnar las violaciones al procedimiento que aduce se cometieron en su perjuicio en la causa misma del procedimiento a través del incidente de nulidad señalado. Da apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.C.141 C, consultable en la página 768, Tomo: V, Junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL JUICIO MERCANTIL. SU TRÁMITE ESTÁ PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR A PARTIR DE LAS REFORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. En los juicios mercantiles, la nulidad de actuaciones se rige conforme al Código de Comercio reformado mediante el decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que entró en vigor a partir del veintitrés de julio del mismo año; por lo que a partir de esta última fecha ya no resultan aplicables supletoriamente en esa materia las reglas a que se refiere el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues en la citada ley mercantil se establecieron las diversas causas por las cuales pueden declararse nulas las actuaciones judiciales, causas que se encuentran previstas en los artículos 1055, fracción IV, 1064 y 1080, fracción VI, del referido Código de Comercio" Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. De igual forma es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/243 pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, septiembre de 2004, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, materia civil, número de registro 180570 de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". En tales condiciones, resulta inconcuso que contra de la diligencia de emplazamiento de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, procedía el incidente de nulidad de actuaciones, contemplado en el Código de Comercio. Es aplicable al respecto por las razones que la informan la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Común, página 422, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR MISAEL AÑORVE HERNÁNDEZ. Se tiene sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Tomás Gutiérrez Álvarez, Eduardo Torres León y Rigoberto Larumbe Aivar, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita como Licenciados en Derecho y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a David Jiménez Fombona, Miguel Ángel Mercado Salgado y Yadira Santos Reyes, por no contar con tal requisito. Por otra parte, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "TomasGutierrezAlvaezl", corresponde a Tomás Gutiérrez Álvarez. En consecuencia, como lo solicita expresamente el peticionario de amparo, se ordena notificarle las subsecuentes actuaciones vía electrónica, en la inteligencia de que dicha autorización está condicionada en todo momento a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que verifiquen que la parte quejosa cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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