Misael Alarcón Domínguez
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Misael Alarcón Domínguez
- Miguel Ángel Meneses Valle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el correo electrónico recibido en el correo oficial de este Juzgado de Distrito, el cual fue remitido en representación de la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social del Hongo I. Tecate, Baja California, en el cual en lo que aquí interesa, acusa recibo de la comunicación 27717, de siete de julio del año en curso, girada en los autos en que se actúa, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintidós, pronunciado dentro de los autos del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la se sobreseyó en el asunto en que se actúa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse de recibo del oficio, por el que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico o de hecho que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, las autoridades responsables foráneas carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, son destruible y depurable, respectivamente, y carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintinueve de julio de dos mil veinticinco. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), capitulo octavo del acuerdo en mención, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instaura las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción; lo que se estima acontecerá a partir del treinta de enero de dos mil veintitrés.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio en que se actúa, promovido por Miguel Ángel Meneses Valle, por propio derecho y, a favor de Misael Alarcón Domínguez, contra actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, en términos de lo dispuesto en el considerativo tercero de la presente sentencia.
- Principal
Intégrese a los autos para que obre legalmente como corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario de Tijuana, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para remitir las constancias solicitadas en proveído de ocho de los actuales. Por tanto, en atención a las manifestaciones vertidas en el oficio de cuenta, se tiene por recabado el informe justificado de la autoridad promovente, así entonces, con su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
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