Mirza Odilia Abarca Montes y Otros.
Expediente 765/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2020
Partes del expediente
- Mirza Odilia Abarca Montes y Otros.
- Mirza Odilia Abarca Montes
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 765/2020-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "ACTO RECLAMADO: la negativa de las prestaciones reclamadas en la demanda de reclamación presentado con fecha 13 de agosto de 2019 en donde la unidad de asuntos jurídicos lo desecha en el expediente *** con fecha 8 de octubre del 2020, sin entrar al estudio de fondo de la misma, ya que únicamente se hace valer que no existe actividad administrativa irregular del Estado." (sic) Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vi. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa, por identidad de razón, la tesis 2a. LVI/2000 , emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." En la especie, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado por la responsable en el expediente ***, que desechó la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, promovida por la quejosa. En contra de dicha actuación, la parte quejosa debió, de manera previa a la presentación de la demanda de amparo, agotar el juicio contencioso administrativo federal, cuya procedencia se encuentra definida por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; precepto que a la letra establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. [.]" El numeral citado, contempla una acción ordinaria, para el estudio de las cuestiones relativas con las pensiones y prestaciones sociales en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes, como lo es el juicio contencioso administrativo federal. En la especie, la parte quejosa vierte planteamientos relacionados con violación a derechos humanos, empero el acto del cual lo hace derivar consiste en el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado por la responsable en el expediente ***, que desechó la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, promovida por la quejosa con relación a la negativa del pago de diversas prestaciones, a saber, 60% por ciento de los beneficios del seguro colectivo de retiro, 60% por ciento del fondo de vivienda, 60% por ciento del fondo del trabajo y 60% del seguro de vida miliar, que refiere le corresponden al ser beneficiaria de su extinto concubino, aspectos que en principio deben ser planteados vía acción ordinaria, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la fracción VI del artículo 3° de la Ley Orgánica de ese Tribunal, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A.87 A , sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tiene por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE RESOLUCIONES QUE RECAIGAN A UNA INSTANCIA QUE POR SU PROPIA NATURALEZA IMPIDAN CONTINUAR CON UN PROCEDIMIENTO." Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la hipótesis de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de Amparo. Dicho criterio, fue sintetizado en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99 , de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)"; y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." A fin de clarificar lo anterior, se tiene que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." Según se observa, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Por su parte, el diverso 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Y el numeral 135 establece que tratándose de la suspensión contra la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En contraste a lo referido, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a la suspensión de los actos impugnados en dicha sede, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, dispone: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. (.)". Del texto trascrito, se advierte que el artículo en mención establece: 1. Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. 2. Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. 3. Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 4. Finalmente, que la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Además, en la exposición de motivos de la citada reforma, misma que entró en vigor hasta el diez de marzo de dos mil once, en lo conducente, se expuso: "(.) Por su parte, el artículo 28 de dicho ordenamiento, prevé la suspensión. Las medidas cautelares impiden que el justiciable sufra una afectación tal, que aun obteniéndose sentencia favorable, no se pudiese reparar. Estas medidas permiten mantener la situación de hecho existente e impiden que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor. Es significativo resaltar que las medidas cautelares en nuestro país han tenido una importante evolución, impidiendo que actos de autoridad se puedan ejecutar de manera irremediable, salvaguardando los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. A fin de que el análisis y otorgamiento de medidas cautelares sea mucho más ágil, la iniciativa de reforma propone que sea el Magistrado Instructor en todos los casos y ya no la Sala Regional quien determine su procedencia, logrando así una pronta respuesta al particular que está siendo afectado por un acto de autoridad. De esta manera, corresponderá al Magistrado Instructor ordenar que el actor otorgue la garantía suficiente para reparar, mediante indemnización, el daño y los perjuicios que puedan producirse con el otorgamiento de medidas cautelares. Asimismo, por cuestión de orden y certeza, se propone adicionar un artículo 24 Bis a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el que se contemplen los requisitos para la tramitación de las medidas cautelares. Por cuanto a la suspensión del acto, esta figura presenta algunos problemas de técnica legislativa, con las consecuentes dificultades para su aplicación práctica, ya que no distingue entra las materias fiscal y administrativa. De la problemática antes señalada, así como de la práctica, se ha considerado que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contiene los "requisitos de procedibilidad" para el otorgamiento de la suspensión, apreciación que es errónea, ya que en algunos casos no se está frente a condiciones que sean necesarias para otorgar la suspensión, sino que se refieren a las características particulares de las garantías. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 2ª./J.56/2007, estimó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, al exigir se solicite la suspensión previamente ante la autoridad administrativa, así como condicionar el otorgamiento de la medida a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado. Así mismo, se propone establecer en la ley, lo que doctrinalmente se ha sostenido por diversos autores reconocidos, esto es, que las disposiciones relativas a las medidas cautelares son el género y la suspensión es la especie. En este contexto y a efecto de fortalecer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que éste, como órgano especializado, resuelva sobre los actos y resoluciones de la administración pública federal que agravian a los particulares, se estima conveniente reformar el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, simplificando los requisitos para el otorgamiento de la suspensión. Por lo anterior se prevé que la suspensión se otorgará en todos los casos, siempre y cuando: 1. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y 2. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Ahora bien, en caso de proceder la suspensión, deberá satisfacerse el interés fiscal, por lo que será necesario que se constituya garantía ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. En caso de que el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, o si se tratare de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa al pago del crédito, se considerará la reducción al monto de la garantía. La solicitud de suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se presente en cualquier tiempo, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva. Si bien se seguirá tramitando por cuerda separada, el Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. Asimismo, requerirá a la autoridad demandada para que dentro del término de tres días rinda el informe correspondiente, vencido el plazo, el Magistrado Instructor deberá resolver lo que corresponda respecto al otorgamiento de la suspensión definitiva. La sentencia interlocutoria emitida podrá modificarse o revocarse mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, o cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique". Como se aprecia, la citada reforma tomó en consideración la jurisprudencia 2ª./J.56/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS." Así, se estableció en la exposición de motivos que a efecto de fortalecer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que éste, como órgano especializado, resuelva sobre los actos y resoluciones de la administración pública federal que agravian a los particulares, se estimaba conveniente reformar el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, simplificando los requisitos para el otorgamiento de la suspensión. Por lo que, resulta inconcuso que el actual artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, que entró en vigor el diez de marzo de dos mil once, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los consignados en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió combatir los actos reclamados a través del juicio contencioso administrativo, en observancia al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Apoya lo expuesto, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Cabe precisar que no se actualiza ninguna excepción para que la gobernada no esté obligada a agotar el juicio contencioso administrativo federal, toda vez que la promovente no se ostenta como tercero extraño a procedimiento administrativo alguno, no reclama la inconstitucionalidad de una ley, no se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su reclamo radica, en esencia, en el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado por la responsable en el expediente ***, que desechó la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, promovida por la quejosa, lo que en su criterio implica violación a derechos humanos consagrados constitucionalmente y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, la acción ordinaria que debió agotar no se encuentra establecida en un Reglamento sino en una Ley Orgánica. Por tanto, la obligación de apegarse al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, no constituye una negativa a dicha protección ni un eximente al cumplimiento de la obligación de tutela y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, ya que el sometimiento del caso al conocimiento de la autoridad competente en la vía ordinaria, no significa que no deba realizar el análisis de los argumentos donde la quejosa sostiene violaciones directas a derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien es la autoridad jurisdiccional competente para conocer de actos y resoluciones que versen sobre las cuestiones de pensiones y prestaciones de carácter militar, se encuentra obligado a examinarlos y resolverlos. Finalmente, se reitera que el artículo 3° fracción XVIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contempla la competencia del citado órgano jurisdiccional, por virtud de la cual, se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que el medio ordinario de defensa está previsto en una ley y no en un reglamento, dejándose de actualizar la última excepción al principio de definitividad. Por ende, se estima que la promovente estaba obligada a recurrir el acto reclamado mediante la interposición del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir a la acción constitucional de amparo En las relatadas consideraciones, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y número telefónico que proporciona para recibir notificaciones, ya que esos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocidos por la Ley de Amparo, para tales efectos. No obstante, se hace del conocimiento de la promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberá sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico que proporciona para, en su caso, brindar atención respecto de comunicaciones no procesales. Asimismo, término del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo téngase como autorizados en términos restringidos a las personas que indica, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 765/2020-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "ACTO RECLAMADO: la negativa de las prestaciones reclamadas en la demanda de reclamación presentado con fecha 13 de agosto de 2019 en donde la unidad de asuntos jurídicos lo desecha en el expediente *** con fecha 8 de octubre del 2020, sin entrar al estudio de fondo de la misma, ya que únicamente se hace valer que no existe actividad administrativa irregular del Estado." (sic) Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vi. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa, por identidad de razón, la tesis 2a. LVI/2000 , emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." En la especie, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado por la responsable en el expediente ***, que desechó la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, promovida por la quejosa. En contra de dicha actuación, la parte quejosa debió, de manera previa a la presentación de la demanda de amparo, agotar el juicio contencioso administrativo federal, cuya procedencia se encuentra definida por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; precepto que a la letra establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. [.]" El numeral citado, contempla una acción ordinaria, para el estudio de las cuestiones relativas con las pensiones y prestaciones sociales en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes, como lo es el juicio contencioso administrativo federal. En la especie, la parte quejosa vierte planteamientos relacionados con violación a derechos humanos, empero el acto del cual lo hace derivar consiste en el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado por la responsable en el expediente ***, que desechó la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, promovida por la quejosa con relación a la negativa del pago de diversas prestaciones, a saber, 60% por ciento de los beneficios del seguro colectivo de retiro, 60% por ciento del fondo de vivienda, 60% por ciento del fondo del trabajo y 60% del seguro de vida miliar, que refiere le corresponden al ser beneficiaria de su extinto concubino, aspectos que en principio deben ser planteados vía acción ordinaria, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la fracción VI del artículo 3° de la Ley Orgánica de ese Tribunal, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A.87 A , sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tiene por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE RESOLUCIONES QUE RECAIGAN A UNA INSTANCIA QUE POR SU PROPIA NATURALEZA IMPIDAN CONTINUAR CON UN PROCEDIMIENTO." Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la hipótesis de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de Amparo. Dicho criterio, fue sintetizado en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99 , de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)"; y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." A fin de clarificar lo anterior, se tiene que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." Según se observa, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Por su parte, el diverso 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Y el numeral 135 establece que tratándose de la suspensión contra la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En contraste a lo referido, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a la suspensión de los actos impugnados en dicha sede, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, dispone: "Artículo 28. La solicitud de suspensión
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