Miryan Diaz Faustino

Expediente 1205/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1205/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Miryan Diaz Faustino

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciocho; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 727/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; lo anterior sin emitir mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de catorce de noviembre de los corrientes, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia del auto que solicita, previo recibo que se otorgue en estos autos.

  3. Principal

    MESA VI. Agréguense a los presentes autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y un anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistieron precisamente en la negativa de la responsable de dictar el acuerdo de admisión de pruebas y señalar fecha para el desahogo de las mismas en el juicio laboral 976/2017. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: | CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la la negativa de la responsable de dictar el acuerdo de admisión de pruebas y señalar fecha para el desahogo de las mismas en el juicio laboral 976/2017. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, acordó respecto de la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; sin embargo, en virtud de que no notificó a las partes el sentido de dicha resolución, regularizó dicho procedimiento ordenando en auto de quince de octubre de la presente anualidad, notificar a dichas partes sobre la admisión o desechamiento de las pruebas, así como las fechas para el desahogo de las mismas. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a la autoridad responsable, al haberse demostrado que acordó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, por lo que se atendieron puntualmente dichas cuestiones, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por Miryam Díaz Faustino, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las pruebas de instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, en cuanto a las personas que les podría recaer el carácter de terceros interesados, resérvese lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito y como sus autorizados para tal fin en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Erik Eduardo Pérez Loyo, Carlos Omar Canto Burgos y Yanet Estefani Canto Escamilla. Asimismo, y respecto a la solicitud de uso de medios electrónicos durante la consulta del expediente; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los referidos autorizados para que hagan uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, así como a sus autorizados. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

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