Miryam Baez Barbosa
Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miryam Baez Barbosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de doce de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, más no así el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se sobreseyó en el presente juicio y se concedió tanto la suspensión provisional y se declaró sin materia la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, 18 fracción I, inciso a), y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: Los incidentes de suspensión, en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.Así lo acordó y firman el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... DEL ACUERDO DICTADO EL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS... Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual cumple el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de diciembre pasado; en consecuencia téngasele por dando cumplimiento al requerimiento formulado en dicho proveído e informando que ya les fueron aplicadas la segunda dosis de la vacuna contra el virus Sars-CoV 2 (COVID-19). Ahora bien este juzgador de oficio advierte la actualización de una causa de improcedencia que impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia. En efecto toda vez que según constancia secretarial el acto reclamado es sustancialmente la omisión de las responsables de aplicar a las menores quejosas de iniciales la vacuna anti Covid-19 y toda vez que de la documental remitida por la representante de las quejosas se desprende que en data de tres de diciembre de dos mil veintiuno les fueron aplicadas la segundo dosis del biológico reclamado respectivamente a las menores quejosas; por lo tanto han cesado los efectos de las omisiones reclamadas y resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo al haber cesado tales actos. Es preciso establecer que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque virtud a una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Orienta sobre lo expuesto la jurisprudencia 103 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 81 del Tomo VI Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que por identidad jurídica se invoca del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además se estima válido concluir en la forma apuntada sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional hasta las DOCE HORAS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias con relación con el sobreseimiento por lo tanto se deja sin efectos la fecha y hora señalada para tal efecto. Notifíquese de manera personal el presente proveído en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Incidental
V I S T O S; para resolver el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número V-882/2021-2; y,. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 131 y 132 de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA ESTE INCIDENTE, por los motivos antes expuestos. Notifíquese. Así lo acordó y firman el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual cumple el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de diciembre pasado; en consecuencia téngasele por dando cumplimiento al requerimiento formulado en dicho proveído e informando que ya les fueron aplicadas la segunda dosis de la vacuna contra el virus Sars-CoV 2 (COVID-19). Ahora bien este juzgador de oficio advierte la actualización de una causa de improcedencia que impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia. En efecto toda vez que según constancia secretarial el acto reclamado es sustancialmente la omisión de las responsables de aplicar a las menores quejosas de iniciales la vacuna anti Covid-19 y toda vez que de la documental remitida por la representante de las quejosas se desprende que en data de tres de diciembre de dos mil veintiuno les fueron aplicadas la segundo dosis del biológico reclamado respectivamente a las menores quejosas; por lo tanto han cesado los efectos de las omisiones reclamadas y resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo al haber cesado tales actos. Es preciso establecer que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque virtud a una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Orienta sobre lo expuesto la jurisprudencia 103 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 81 del Tomo VI Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que por identidad jurídica se invoca del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además se estima válido concluir en la forma apuntada sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional hasta las DOCE HORAS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias con relación con el sobreseimiento por lo tanto se deja sin efectos la fecha y hora señalada para tal efecto. Notifíquese de manera personal el presente proveído en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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