Mirtelia Molina Reyes
Expediente 1304/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mirtelia Molina Reyes
- Ma. Entelma Castro Calixto
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; por el cual remite copia simple del acuse del oficio 9432/2022, de su índice, por el cual informó a este Juzgado Federal, que volvió a requerir a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de que informe haber hecho efectivas las multas impuestas en autos de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, veinte de mayo y quince de agosto, ambos de dos mil diecinueve, en el juicio laboral ****. Ahora bien, toda vez que en auto de trece de octubre del año en curso, se acordó lo conducente, deberá estarse a lo ahí acordado. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por la quejoso *************************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución de las documentales que solicita, y que obren en el presente juicio, previo razón de su recibo para debida constancia legal y como su autorizado para recibirlas a la persona que señala para tal efecto. Ahora bien, a efecto que la promovente se encuentre en condiciones de realizar los trámites para la devolución de los documentos, se le conmina para que agende una cita, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas"; trayendo consigo su código QR a fin de que le sea autorizado el acceso a este órgano. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda firmado por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1304/2022 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Así, el texto del precepto legal transcrito en segundo término, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que la quejosa destaca en su libelo constitucional su acto reclamado en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Auto de fecha diecinueve de agosto del año en curso, (me obliga a entregar un automóvil que no es de mi propiedad), Dictado en el expediente 120/2020-1, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Alejando Paz y Puente, endosatario en procuración de Ma. Entelma Castro Calixto, en contra de Mirtelia Molina Reyes." Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 120/2020-1, en el cual el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, le requiere para que haga entrega del vehículo de la marca General Motors, tipo Sedan Beat A/C, modelo 2020 (dos mil veinte) a la actora Entelma Castro Calixto. Respecto de dicho acto reclamado, cabe acotar que tuvo a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual la resolución combatida pudo ser reconsiderada, esto es, debió agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que es el recurso de revocación previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio, que dice: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.)." En efecto, el numeral antes transcrito prevé la existencia de un medio de impugnación contra las determinaciones dictadas por el juzgador respecto de aquellos autos o decretos que no fueren apelables, y que en el caso, lo constituye el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 120/2020-1, contra el cual se estima procedente el consabido recurso de revocación que tiene por objeto precisamente revocar dicho auto reclamado en el que la autoridad responsable determinó requerir a la parte demandada aquí quejosa (Mirtelia Molina Reyes) para que haga entrega del vehículo de la marca General Motors, tipo Sedan Beat A/C, modelo 2020 (dos mil veinte) a la actora Entelma Castro Calixto. En consecuencia, el acto reclamado por la quejosa carece de definitividad para los efectos del amparo, ya que en su contra procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, por lo que, atento a la técnica que rige el juicio de amparo, la impetrante de amparo está obligada a agotarlo previamente al juicio constitucional, habida cuenta que, con tal medio de defensa, puede ser reconsiderado dicho acto, de ahí que resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Así, se estima que procede dicho medio de impugnación porque el numeral 1334, antes citado dispone que dicho medio de impugnación es procedente contra autos y decretos de los juzgadores que no fueren apelables, salvo que la propia ley disponga que no lo son, lo cual en el caso, no se actualiza porque los actos reclamados no encuadran en ninguno de los supuestos del diverso numeral 1339 del Código de Comercio, para la procedencia del recurso de apelación. Sin embargo, la procedencia de juicio de amparo contra actos dictados dentro de un juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al plasmar el criterio de jurisprudencia 11/2018 (10ª), con registro 2017117, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Dicho en otros términos, porque el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, de ahí que este principio, encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, téngase a la promovente por señalado medios alternativos de comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese lo anterior al Actuario Judicial con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. AUTORIZADOS. En función de la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Sosa García, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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