Mirta Maldonado Torres y Otros.
Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mirta Maldonado Torres y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los acto reclamados, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción I, transcurridos tres años contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO en su totalidad. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las doce horas con diez minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho, en audiencia pública la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Alfonso Ruiz Quintana, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos (que obran tanto en el expediente físico como en el electrónico), entre las cuales destacan de manera preponderante, las siguientes: No. Constancias: 1 Escrito de demanda. 2 Auto de admisión. 3 Intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Asimismo, el Secretario da cuenta a la Jueza con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el cual se dio vista a la parte quejosa, y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable: Sentido del informe: 1 Integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro). Niega Foja 37 a 50. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente Pruebas 1 QUEJOSO *Documental *Presuncional legal y humana. *Instrumental de actuaciones La Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales, la presuncional legal y humana y la Instrumental de actuaciones, que se desahogan en este preciso instante en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. Acto continuo, el Secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Atento a la anterior certificación, se concluye el periodo de pruebas y se continúa con el de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló el alegato ministerial 227/2023. La Jueza acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para formular alegatos y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito por formulando su alegato ministerial. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la Jueza para dictar sentencia. VISTOS, para resolver los autos que integran el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro). RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés (fojas 2 a 5), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se mencionan: ".III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro) ".IV.- ACTO RECLAMADO.- El que la autoridad responsable haya hecho nugatorio el derecho de petición, al no darme contestación respecto del escrito de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en donde se solicitó la plaza por cambio de adscripción" SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se radicó y admitió la demanda con el número ********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, se le dio la intervención que legalmente le compete y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado no tiene ejecución y la demanda se presentó en la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; el acto reclamado es: Omisión de dar contestación al escrito de nueve de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro), con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de Improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito; publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden, este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerarios 1º., fracción I y 5º., fracción II de dicho ordenamiento legal, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que suscite: I. Por normas generales. Actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Conforme a lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que así lo disponga la ley de la materia. Por su parte, de la segunda de las disposiciones normativas transcritas, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de los particulares. Finalmente, la tercera porción normativa prevé que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, debe tomarse en consideración que la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, con motivo de una relación laboral o de carácter contractual, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En efecto, en el presente sumario, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de los Integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro) de dar respuesta al escrito de la quejosa, de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicita una plaza vacante por cambio de adscripción. En el caso, esta juzgadora estima que se está ante la causal de improcedencia invocada, pues a través de esta vía constitucional se intenta combatir un acto que emerge de una relación en un plano de igualdad entre la autoridad que se refiere como responsable y el quejoso. De ahí que la solicitud que formuló la quejosa respecto a los Integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro) de dar respuesta al escrito de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicita una plaza vacante por cambio de adscripción, no aconteció en su carácter de gobernado a una autoridad (relación de supra a subordinación), sino que deriva de una relación de coordinación, es decir, en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad. En ese sentido, si el acto reclamado no acontece en la calidad de autoridad, tanto la actuación de la responsable como la respuesta que se emitiera al respecto tampoco lo será, ya que el conflicto existente entre ambas partes, no está sujeto al análisis constitucional. Robustece los anteriores argumentos, la jurisprudencia P./J.42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, consultable en la página 126, bajo el rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por tanto, se reitera, es incuestionable que los Integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro), no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que se trata de actos entre entes que se encuentran en un mismo plano de igualdad. Así pues, los actos que provengan de dichos entes, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, se ubican en una relación de mera coordinación, en torno a la cual no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, supuesto en el cual las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado. Tiene aplicación al caso, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro digital: 2012204 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente. "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." Por tanto, dado que la relación que dio origen al acto que se reclama, es meramente de coordinación, esto es, los sujetos se encuentran en un plano de igualdad, resulta que el amparo es improcedente, en términos de la causal analizada. QUINTO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra los actos precisados en el resultando primero y en términos de lo expuesto en el CUARTO considerando de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro); con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su informe justificado, con el contenido del mismo y constancias que anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio de cuenta y en términos del artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene como sus delegadas a las personas que menciona. Finalmente, como lo solicita la promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Ángel de Jesús Vargas Aguirre, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio; misma que no es posible desahogar, toda vez que en proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, por lo que el término para rinda dicho informe se encuentra transcurriendo, atento a lo establecido en el artículo 117, de la ley de amparo. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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