Mirta Maldonado Torres

Expediente 423/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
423/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Mirta Maldonado Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por Mirta Maldonado Torres, por el cual desahoga el requerimiento de cuatro de abril de dos mil veintitrés, formulado por este órgano de control constitucional y al efecto manifiesta lo requerido en dicha data. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto." En tal sentido, se tiene que el quejoso reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: Luego, la suscrita juzgadora Federal, estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción ll, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) Il. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." En principio, es necesario precisar que de una interpretación lógica y armónica de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, se deriva que el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose como tales, a aquéllos revestidos de imperio que tienen la fuerza legal de violar por sí mismos una garantía individual en perjuicio del gobernado, más no todos aquellos que un órgano del Estado u organismo público descentralizado realicen tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, esto es, que el acto puede imponerse contra y sobre la voluntad del ciudadano. De esta manera, cabe decir, que es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la promovente a la autoridad que señala como responsable, implica relaciones de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13°.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos veinte, Tomo XXI, Novena Época, Registro digital: 179407, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil cinco, del rubro siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías y del escrito aclaratorio, queda de manifiesto que el acto del que se duele la solicitante del amparo, lo constituye en esencia, la negativa a dar respuesta al escrito de veinticuatro de enero del año en curso, en el cual bajo protesta de decir verdad refiere que solicitó lo siguiente: "[.] solicito la plaza vacante a favor de un familiar por cambio de adscripción". Lo que se corrobora de la lectura de la copia simple del escrito que allegó a los autos con el escrito de desahogo de prevención y que dirigió a la Secretaría General del STTAISUAGro, en el que indicó: "[.] Mirta Maldonado Torres, trabajadora de esta Universidad Autónoma de Guerrero, adscrita a la Dirección de Adquisiciones, con número ID. 3996, con dos plazas como personal Administrativo con categoría de Capturista Operador Profesional "B", en ambas plazas [.]". Como es de su conocimiento desde el mes de Septiembre del año 2021, por problemas de salud solicité cambio de Adscripción de ambas plazas, como también que las plazas vacantes fueran cubiertas por dos de mis familiares, ya que por los años de servicio y de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, usos y costumbres y Ley Federal del Trabajo, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero tengo derecho a proponer un familiar por plaza, algo que a la fecha no me ha sido favorable, a pesar de los múltiples intentos, el argumento ha sido que no existen vacantes, algo que en esta ocasión es favorable a mi petición, debido a que existe el espacio [::.]." Tal actuación reclamada a la autoridad responsable no puede ser considerada como actos de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que deriva de un vínculo jurídico de índole laboral establecido entre la impetrante como trabajadora y la diversa autoridad que señaló como responsable siendo la Secretaría General del STTAISUAGro, con sede en esta ciudad, en su carácter de patrón; lo anterior, aun cuando la responsable efectivamente pueda tener el carácter de autoridad dada las funciones que tiene asignada constitucionalmente, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente, o aquellos en que intervenga, deban considerase actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores, como en el caso que nos ocupa, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad. Por tanto, si la solicitante del amparo, Mirta Maldonado Torres, reclama la omisión de la responsable de dar respuesta a su escrito de veinticuatro de enero de veintitrés, en el que medularmente solicita la plaza vacante a favor de un familiar por cambio de adscripción; ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de la relación que tiene la aquí impetrante, con la autoridad responsable que indica la cuales a saber es Secretaría General del STTAISUAGro, con sede en esta ciudad, es de carácter laboral, por lo que la actuación de la responsable es la de un patrón para con sus empleados y no la de una autoridad; tal circunstancia demuestra que en dicha relación la indicada autoridad, no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad. Es aplicable por identidad de razón, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Lo que se robustece con lo sustentado en la tesis 2ª. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo XIV, Novena Época, Registro digital: 161133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Cabe abundar, que el acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de la responsable de dar respuesta a su escrito de escrito de veinticuatro de enero de veintitrés, en el que medularmente solicita la plaza vacante a favor de un familiar por cambio de adscripción, no viola el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8, constitucional, toda vez que la autoridad dependiente de Gobierno del Estado, no son autoridades debido a que la relación existente entre la misma y la promovente, es de carácter laboral, en un plano de coordinación sin que se constituya una relación de supra a subordinación, ya que como ella misma lo refiere bajo protesta de decir verdad, es trabajadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, con número de identificación 3996 y ocupa las plazas como personal administrativo, con categoría de capturista operador profesional "B". Luego, la actuación de la autoridad señalada como responsable no constituye de acuerdo con su naturaleza, actuación de personas de derecho público o de autoridad, sino actos de particulares, de donde resulta la improcedencia del presente juicio de garantías. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número P./J. 42/2001, visible en la página 126, Tomo XIII, Abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". (Énfasis añadido) También resultan aplicables las jurisprudencias siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de 2 Emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, al resolver el recurso de queja administrativa 200/2022, de su índice. En este contexto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la propia ley, a desechar de plano la demanda de amparo planteada por su notoria improcedencia. Notifíquese personalmente.

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