Mirna Sandoval Nacaspaca

Expediente 665/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
665/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Mirna Sandoval Nacaspaca

Actuaciones

  1. Principal

    ha causado estado el auto de diecinueve de mayo del año en curso, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido conjuntamente por el Presidente y Tercer Árbitro y Secretaria General adscritos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que mencionan, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indican. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados al Tribunal de mérito, que se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable, el quince de abril del año en curso, en el cual, se solicitó emitir el acuerdo correspondiente que ordene de nueva cuenta el requerimiento de pago a la parte demandada en el juicio laboral 01/***; cabe señalar que en dicho libelo solicitó: Se despache ejecución en contra del Ayuntamiento demandado por la cantidad ahí expresada; Se comisione al Actuario de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio de la parte demandada, le requiera de pago y en caso de negativa, se proceda a la destitución del mismo; De las constancias remitidas por el tribunal responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el dos de mayo de dos mil dieciséis, se dictó el acuerdo correspondiente, en el cual se determinó: Requerir de pago a la parte demandada, y; Se comisionó al Actuario de su adscripción, para que, en compañía del actor, se constituyeran en el domicilio de la parte demandada, y se llevara a cabo el requerimiento de pago; Asimismo, se colige que, mediante escrito presentado ante este Órgano Jurisdiccional el once de mayo del año en curso, la parte quejosa informó haber tenido conocimiento del acuerdo precisado en párrafos que preceden, dictado por el tribunal responsable en el juicio laboral de origen, el nueve del citado mes y año, solicitando se sobreseyera el juicio de amparo en que se actúa, por haber cesado los efectos del acto reclamado. Luego entonces, si la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el quince de abril actual y éste ya se acordó y notificó, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **, quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa ** contra actos del Tercer Arbitro y/o Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de quien reclama la omisión de acordar escrito de quince de abril de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral **. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 665/2016-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización , con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo que se refiere al tercero interesado, acorde a lo previsto por el arábigo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de la Materia, esta sede constitucional tiene con tal carácter al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, por ser la contraparte de la quejosa en el juicio de donde emana el acto reclamado, a quien, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley en consulta, se ordena emplazar por oficio, adjuntándole copia de la demanda de amparo, y precisándole que, de estimarlo conveniente, puede comparecer ante esta sede constitucional, por conducto de quien legalmente lo represente, a hacer valer lo que a su interés convenga. De conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental que adjunta a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta unidades de medida de actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Tomando en consideración que el promovente exhibe copia de la promoción mediante la cual solicitó copia certificada del acuerdo con el que se le reconoció la personalidad con la que se ostenta, con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la Tribunal señalado como responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a Hansel Francisco Antonio Rojas Brito, como apoderado legal de la parte quejosa Mirna Sandoval Nacaspaca, dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia. En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con soporte en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con facultades amplias a las personas que refiere, en razón de que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE; Y EMPLÁCESE POR MEDIO DE OFICIO A LA PARTE TERCERO INTERESADA.

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