Mirna Margarita García Gamboa
Expediente 1091/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mirna Margarita García Gamboa
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, el estado procesal y la certificación de cuenta. Se declara que el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura correspondiente en el libro de control electrónico, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, el estado procesal y la certificación de cuenta. Se declara que el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura correspondiente en el libro de control electrónico, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Mirna Margarita García Gamboa, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 1091/2023-I que le correspondió. Hágase la captura en el libro de control electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, así como los anexos que a la misma se acompañen. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En el caso, se actualiza de forma patente la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte el acto reclamado consiste en lo siguiente: Auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en ejecución de sentencia en el juicio 1462/2022-II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Relativo al requerimiento (por un término de cinco días) de desocupación y entrega material del inmueble marcado con el número diecisiete (17) de la avenida Urano del Fraccionamiento Joyas de Mocambo en Boca del Río, Veracruz. Con el apercibimiento del uso de la fuerza pública. En el apartado de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se advierte, en lo que interesa: 1. A principios del año dos mil veintiuno, Julián César Henaine Mathey platicó con la aquí quejosa en relación con el taller mecánico establecido en la avenida Urano número diecisiete (17) del fraccionamiento joyas de Mocambo en Boca del Río, Veracruz. Inmueble que el nombrado Henaine Mathey había arrendado por el término de un año [desde el uno de febrero de dos mil veintiuno] a María Guadalupe Guerra Pelayo -propietaria-. 2. A principios de junio de dos mil veintitrés, el referido arrendatario le comentó que por razones personales no podría atender el taller mecánico que había establecido. Le propuso a la impetrante transmitirle la posesión. Para lo cual debían firmar un contrato de subarriendo en las mismas condiciones que él había pactado con la propietaria. Incluyendo no cambiar la razón social y hacerse cargo de las obligaciones contraídas respecto de los vehículos que se encontraban allí para su compostura. Cuestión que ella aceptó. En consecuencia, el uno de julio de dos mil veintitrés, celebraron el mencionado contrato de Subarriendo por siete meses. Día en que le hizo entrega del local con todos los accesorios y vehículos existentes en él. 3. Desde la fecha referida, ha pagado puntualmente todos los rubros a los que se comprometió en el acuerdo de voluntades en cuestión. Refiere ignora la situación existente entre su Subarrendador y la propietaria del inmueble. Manifiesta continúa detentado el local con base en el contrato. El cual se prorrogó por tiempo indefinido. 4. El trece de octubre de dos mil veintitrés, le fue informado por Julián César Henaine Mathey que le había llegado una notificación del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, relativa al juicio 1462/2022, en la que lo requieren para que el término de cinco días desocupe y entregue materialmente el citado inmueble. Sumario en el que no fue oída y vencida la aquí impetrante [el acuerdo indicado y la omisión de citarla a juicio constituye lo reclamado en esta instancia]. De los anexos que acompaña se desprenden los siguientes documentos: Contrato de arrendamiento celebrado el uno de febrero de dos mil veintiuno por María Guadalupe Guerra Pelayo como arrendadora [propietaria del inmueble] y Julián César (y/o Juan César) Henaine Mathey en su carácter de arrendatario, sobre el inmueble multicitado [avenida Urano número diecisiete (17) del fraccionamiento joyas de Mocambo en Boca del Río, Veracruz]. El pacto fue por el término forzoso de un año desde el uno de febrero de dos mil veintiuno al uno de febrero de dos mil veintidós. Sin que se inadvierta, en la sección de firmas, quien signa al calce como arrendatario es Juan César Henaine Mathey. Siendo conveniente precisar que en el proemio se asentó como Julián César Henaine Mathey [nombre coincidente con el narrado en la demanda de amparo]. Contrato de Subarriendo celebrado el uno de julio de dos mil veintiuno por Julián César Henaine Mathey como subarrendador y Mirna Margarita García Gamboa -aquí quejosa- en su carácter de subarrendataria, respecto del inmueble de referencia. Su vigencia se fijó por siete meses del uno de julio de dos mil veintiuno al uno de febrero de dos mil veintidós. Como ya se dijo, la impetrante reclama, medularmente la orden de desocupación y entrega material del bien inmueble en el que ha establecido su negocio [derivado del contrato de subarriendo] y la falta de llamamiento al juicio 1462/2022-II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. De ahí que resulte evidente no cuenta legítimamente con el derecho de instar acción constitucional. Al no ser parte en el juicio de origen y considerando la figura jurídica con que pretende ejercitar la acción de amparo. La calidad con que defiende el inmueble, como ya se explicó, es como subarrendataria (causahabiente del arrendatario). Por lo que en todo caso, quien figura como parte formal en el sumario de origen es su subarrendador (Julián César [y/o Juan César] Henaine Mathey) al ser quien celebró contrato de arrendamiento con la propietaria del inmueble. La aquí impetrante de derechos humanos dice demostrar su derecho derivado del contrato que celebró. Acuerdo de voluntades que refiere se prolongó por tiempo indefinido. Sin embargo, resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico. Lo anterior debido a que la cesión de ese derecho sobre el inmueble -bajo el título de arrendamiento- fue otorgado por la propietaria a favor del mencionado Henaine Mathey. Sin que cobre relevancia el citado contrato de subarriendo. Como se constata de dicho documento [anexo al escrito constitucional], quien es propietaria y arrendadora del inmueble [María Guadalupe Guerra Pelayo] no participó en el acto jurídico consistente en el contrato de subarriendo en el que la parte quejosa sustenta su derecho para accionar el juicio constitucional. Por eso, la impetrante es únicamente causahabiente del arrendatario. No tiene interés jurídico para ejercer la vía constitucional. Tampoco es dable reconocer la calidad parte tercera extraña a juicio. En todo caso, quien puede interponer los recursos y medios ordinarios o extraordinarios de defensa en el juicio natural [si así procediere] es la parte demandada y vencida. Que conforme la narrativa, se trata de Julián César [y/o Juan César] Henaine Mathey. Asimismo, no puede considerarse a la impetrante le asista un derecho legítimo. En razón de que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes, así como los derechos en disputa. Aunado a que el acto que reclama, como ya se estableció, no viola en su persona derecho humano otorgado para su protección constitucional o los tratados internacionales de los que México es parte. Por su condición de subarrendataria (causahabiente del arrendatario), ante el desalojo y/o lanzamiento del inmueble en cuestión, no recibe una afectación real y actual en su esfera jurídica. Como se dijo, la causa generadora de su posesión es un subarriendo en el que la propietaria no participó. Así las cosas, no obstante que la solicitante de derechos humanos aporta diversas documentales con las que pretende acreditar su posesión. Lo cierto es que dichos medios de convicción únicamente evidencian su calidad de subarrendataria. De ahí que carece de legitimación para instar el juicio biinstancial. Aunque se tramitara el presente asunto dando paso a la audiencia constitucional, no podría acreditar un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien que haga procedente el amparo en los términos planteados. Arribar a distinta conclusión daría lugar a la posibilidad de una cadena interminable de juicios de amparo, promovidos sucesivamente por personas ostentándose como poseedores de diversos bienes inmuebles objeto de la controversia bajo la figura de extrañas al juicio de origen. Exhibiendo, como en el caso acontece, contratos de subarriendo, provocando la paralización de la ejecución del juicio natural. Tiene aplicación al respecto la tesis 195 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 214, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materias Civil, Común, Registro digital: 1002262, de rubro y texto: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERES JURIDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Siendo el subarrendatario causahabiente del arrendatario en el juicio seguido en contra de éste por el arrendador, quien no autorizó el subarriendo, el juicio de amparo que promueva contra el lanzamiento decretado en el juicio natural, es improcedente, pues siendo causahabiente del demandado por conducto de quien fue oído y vencido, carece de interés jurídico para ejercitar la acción constitucional". De igual forma, se cita la diversa tesis de jurisprudencia 37, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 1 - Sustantivo, página 38, Materia Civil, con registro digital: 1012636, que a la letra dice: "ARRENDAMIENTO. SUBARRENDATARIO. ES CAUSAHABIENTE DEL ARRENDATARIO. El subarrendatario es causahabiente del arrendatario y, por tanto, aquél no puede ser considerado como persona extraña al juicio seguido en contra de éste." En tales condiciones, se desecha la demanda de mérito, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por su contenido sustancial, la tesis de jurisprudencia 293 de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, publicada en la página 313, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Materia Común, Novena Época, Registro 1002359, rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Conforme la certificación secretarial de cuenta, dese intervención en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************Y en términos restringidos de la última parte del segundo párrafo de dicho numeral a ********************. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Mirna Margarita García Gamboa, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 1091/2023-I que le correspondió. Hágase la captura en el libro de control electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, así como los anexos que a la misma se acompañen. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En el caso, se actualiza de forma patente la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte el acto reclamado consiste en lo siguiente: Auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en ejecución de sentencia en el juicio 1462/2022-II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Relativo al requerimiento (por un término de cinco días) de desocupación y entrega material del inmueble marcado con el número diecisiete (17) de la avenida Urano del Fraccionamiento Joyas de Mocambo en Boca del Río, Veracruz. Con el apercibimiento del uso de la fuerza pública. En el apartado de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se advierte, en lo que interesa: 1. A principios del año dos mil veintiuno, Julián César Henaine Mathey platicó con la aquí quejosa en relación con el taller mecánico establecido en la avenida Urano número diecisiete (17) del fraccionamiento joyas de Mocambo en Boca del Río, Veracruz. Inmueble que el nombrado Henaine Mathey había arrendado por el término de un año [desde el uno de febrero de dos mil veintiuno] a María Guadalupe Guerra Pelayo -propietaria-. 2. A principios de junio de dos mil veintitrés, el referido arrendatario le comentó que por razones personales no podría atender el taller mecánico que había establecido. Le propuso a la impetrante transmitirle la posesión. Para lo cual debían firmar un contrato de subarriendo en las mismas condiciones que él había pactado con la propietaria. Incluyendo no cambiar la razón social y hacerse cargo de las obligaciones contraídas respecto de los vehículos que se encontraban allí para su compostura. Cuestión que ella aceptó. En consecuencia, el uno de julio de dos mil veintitrés, celebraron el mencionado contrato de Subarriendo por siete meses. Día en que le hizo entrega del local con todos los accesorios y vehículos existentes en él. 3. Desde la fecha referida, ha pagado puntualmente todos los rubros a los que se comprometió en el acuerdo de voluntades en cuestión. Refiere ignora la situación existente entre su Subarrendador y la propietaria del inmueble. Manifiesta continúa detentado el local con base en el contrato. El cual se prorrogó por tiempo indefinido. 4. El trece de octubre de dos mil veintitrés, le fue informado por Julián César Henaine Mathey que le había llegado una notificación del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, relativa al juicio 1462/2022, en la que lo requieren para que el término de cinco días desocupe y entregue materialmente el citado inmueble. Sumario en el que no fue oída y vencida la aquí impetrante [el acuerdo indicado y la omisión de citarla a juicio constituye lo reclamado en esta instancia]. De los anexos que acompaña se desprenden los siguientes documentos: Contrato de arrendamiento celebrado el uno de febrero de dos mil veintiuno por María Guadalupe Guerra Pelayo como arrendadora [propietaria del inmueble] y Julián César (y/o Juan César) Henaine Mathey en su carácter de arrendatario, sobre el inmueble multicitado [avenida Urano número diecisiete (17) del fraccionamiento joyas de Mocambo en Boca del Río, Veracruz]. El pacto fue por el término forzoso de un año desde el uno de febrero de dos mil veintiuno al uno de febrero de dos mil veintidós. Sin que se inadvierta, en la sección de firmas, quien signa al calce como arrendatario es Juan César Henaine Mathey. Siendo conveniente precisar que en el proemio se asentó como Julián César Henaine Mathey [nombre coincidente con el narrado en la demanda de amparo]. Contrato de Subarriendo celebrado el uno de julio de dos mil veintiuno por Julián César Henaine Mathey como subarrendador y Mirna Margarita García Gamboa -aquí quejosa- en su carácter de subarrendataria, respecto del inmueble de referencia. Su vigencia se fijó por siete meses del uno de julio de dos mil veintiuno al uno de febrero de dos mil veintidós. Como ya se dijo, la impetrante reclama, medularmente la orden de desocupación y entrega material del bien inmueble en el que ha establecido su negocio [derivado del contrato de subarriendo] y la falta de llamamiento al juicio 1462/2022-II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. De ahí que resulte evidente no cuenta legítimamente con el derecho de instar acción constitucional. Al no ser parte en el juicio de origen y considerando la figura jurídica con que pretende ejercitar la acción de amparo. La calidad con que defiende el inmueble, como ya se explicó, es como subarrendataria (causahabiente del arrendatario). Por lo que en todo caso, quien figura como parte formal en el sumario de origen es su subarrendador (Julián César [y/o Juan César] Henaine Mathey) al ser quien celebró contrato de arrendamiento con la propietaria del inmueble. La aquí impetrante de derechos humanos dice demostrar su derecho derivado del contrato que celebró. Acuerdo de voluntades que refiere se prolongó por tiempo indefinido. Sin embargo, resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico. Lo anterior debido a que la cesión de ese derecho sobre el inmueble -bajo el título de arrendamiento- fue otorgado por la propietaria a favor del mencionado Henaine Mathey. Sin que cobre relevancia el citado contrato de subarriendo. Como se constata de dicho documento [anexo al escrito constitucional], quien es propietaria y arrendadora del inmueble [María Guadalupe Guerra Pelayo] no participó en el acto jurídico consistente en el contrato de subarriendo en el que la parte quejosa sustenta su derecho para accionar el juicio constitucional. Por eso, la impetrante es únicamente causahabiente del arrendatario. No tiene interés jurídico para ejercer la vía constitucional. Tampoco es dable reconocer la calidad parte tercera extraña a juicio. En todo caso, quien puede interponer los recursos y medios ordinarios o extraordinarios de defensa en el juicio natural [si así procediere] es la parte demandada y vencida. Que conforme la narrativa, se trata de Julián César [y/o Juan César] Henaine Mathey. Asimismo, no puede considerarse a la impetrante le asista un derecho legítimo. En razón de que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes, así como los derechos en disputa. Aunado a que el acto que reclama, como ya se estableció, no viola en su persona derecho humano otorgado para su protección constitucional o los tratados internacionales de los que México es parte. Por su condición de subarrendataria (causahabiente del arrendatario), ante el desalojo y/o lanzamiento del inmueble en cuestión, no recibe una afectación real y actual en su esfera jurídica. Como se dijo, la causa generadora de su posesión es un subarriendo en el que la propietaria no participó. Así las cosas, no obstante que la solicitante de derechos humanos aporta diversas documentales con las que pretende acreditar su posesión. Lo cierto es que dichos medios de convicción únicamente evidencian su calidad de subarrendataria. De ahí que carece de legitimación para instar el juicio biinstancial. Aunque se tramitara el presente asunto dando paso a la audiencia constitucional, no podría acreditar un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien que haga procedente el amparo en los términos planteados. Arribar a distinta conclusión daría lugar a la posibilidad de una cadena interminable de juicios de amparo, promovidos sucesivamente por personas ostentándose como poseedores de diversos bienes inmuebles objeto de la controversia bajo la figura de extrañas al juicio de origen. Exhibiendo, como en el caso acontece, contratos de subarriendo, provocando la paralización de la ejecución del juicio natural. Tiene aplicación al respecto la tesis 195 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 214, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materias Civil, Común, Registro digital: 1002262, de rubro y texto: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERES JURIDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Siendo el subarrendatario causahabiente del arrendatario en el juicio seguido en contra de éste por el arrendador, quien no autorizó el subarriendo, el juicio de amparo que promueva contra el lanzamiento decretado en el juicio natural, es improcedente, pues siendo causahabiente del demandado por conducto de quien fue oído y vencido, carece de interés jurídico para ejercitar la acción constitucional". De igual forma, se cita la diversa tesis de jurisprudencia 37, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 1 - Sustantivo, página 38, Materia Civil, con registro digital: 1012636, que a la letra dice: "ARRENDAMIENTO. SUBARRENDATARIO. ES CAUSAHABIENTE DEL ARRENDATARIO. El subarrendatario es causahabiente del arrendatario y, por tanto, aquél no puede ser considerado como persona extraña al juicio seguido en contra de éste." En tales condiciones, se desecha la demanda de mérito, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por su contenido sustancial, la tesis de jurisprudencia 293 de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, publicada en la página 313, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Materia Común, Novena Época, Registro 1002359, rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Conforme la certificación secretarial de cuenta, dese intervención en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************Y en términos restringidos de la última parte del segundo párrafo de dicho numeral a ********************. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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