Mirna Ivette Osorio Gasca
Expediente 1618/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2022
Partes del expediente
- Mirna Ivette Osorio Gasca
- Mirna Ivette Osorio Gasca y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *****************, en representación de su menor hija de iniciales **********, hubiese recurrido el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento que se le formuló mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, presuntamente promovida por *** en representación de su menor hija de iniciales ***. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Eliana Damián Gaspar, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada ****************, en representación de su menor hija ***************; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1618/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Negativa de la suspensión de plano. En primer lugar, este Juzgado precisa que no resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano solicitada, pues conforme lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, esa medida cautelar procede únicamente cuando se actualizan los requisitos que son del tenor: Ley de Amparo "126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. .." Del contenido de las normas transcritas se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La diversidad de los supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando -de ahí que en esos supuestos sea innecesaria la solicitud del interesado- para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. Es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el listado de actos contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales debe concederse la suspensión de oficio y de plano, comprende también aquellos actos u omisiones que comprometan gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, prohibido en el artículo 22 constitucional. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Luego, lo relevante para la concesión de la suspensión de oficio y de plano sigue siendo que los actos u omisiones reclamados afecten gravemente los derechos o bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, es decir, los derechos y bienes relacionados con la dignidad e integridad de éstas. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de no desarrollar un esquema para proporcionar la vacuna Pfizer/BioNTech, con sus dos dosis, a los adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad que no presenten comorbilidades; por lo que solicita la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables apliquen a la menor **************** (que actualmente cuentan con 15 años de edad) dicha inmunización. Cabe precisar, que la promovente no precisa que su menor hija no goce de un buen estado de salud o bien tenga enfermedad o comorbilidad alguna. En ese sentido, debe decirse que el acto reclamado no ocasiona por sí un daño inminente a la vida de los menores, ni los coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Esto es así, ya que la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID- 19, es un acto que no se encuentra previsto de forma expresa en el artículo 126 de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del cual proceda la suspensión de oficio y de plano, aun cuando el promovente refiere que con el regreso a clases por parte del menor quejoso, existe un mayor riesgo para que contraiga el virus; pues la falta de vacunación alegada no implica considerar que se encuentra en un peligro inminente de que la parte quejosa sea privada de la vida. Sin que lo anterior implique desatender el derecho fundamental a la salud del menor quejoso, ello es así, pues como puede advertirse de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", así como la "Guía estratégica de vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo", con base en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19 (GTAV), fueron incluidas las personas adolescentes de 12 a 17 años a efecto de vacunarlos; sin embargo, dicho grupo debe contar con alguna comorbilidad que pueda incrementar el riesgo de enfermedad grave y muerte por contraer el virus multicitado. Lo anterior, con motivo de preservar el bien más importante, la vida de los menores que desafortunadamente cuentan con una comorbilidad que hasta la fecha, no se tiene conocimiento pleno que dicha vacuna realice alguna reacción adversa por el grado y tipo de conmorbilidad que pueda presentarse en cada caso concreto, así como en apego a uno de los objetivos específicos de la citada Política, promover la vacunación de las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19. Asimismo a efecto de tener un mayor conocimiento de lo señalado por el Gobierno Federal, se transcribe la siguiente tabla que contiene las enfermedades o factores de riesgo que serán considerados para la aplicación de la vacuna en menores de doce a diecisiete años: . No obstante lo anterior, actualmente el programa de vacunación permite el pre-registro para la vacunación de niños de doce a diecisiete años que presenten alguna de las enfermedades señaladas en el cuadro anterior, ello, en la página de internet http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacunacovid19- Adolescentes/, a partir del pasado primero de octubre del año en curso. Volviendo al caso que nos ocupa y una vez precisados los casos específicos para la aplicación de la vacuna que reclama, se puede advertir claramente que en el caso, no se reúnen los requisitos para tal aplicación, ya que si bien cuenta con la edad dentro del parámetro de doce a diecisiete años, no tiene alguna enfermedades crónicas de las mencionadas en líneas que anteceden, tal como lo refirieron sus padres. Lo anterior no implica desconocer la situación sanitaria que impera en el país, sin embargo, no resulta procedente conceder la suspensión de plano solicitada en los términos a que se contrae el artículo 126 de la Ley de Amparo, en contra del acto consistente en la omisión de establecer un esquema para la aplicación inmediata de la vacuna, contra el virus SARS-CoV-2, conforme al plan de vacunación del Gobierno Federal, para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19. Asimismo, debe decirse que el acto reclamado no ocasiona por sí un daño inminente a la vida de la menor, ni lo coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Es de precisar, que si bien toda la población está expuesta a contagiarse del virus denominado COVID-19, la comunidad científica médica e incluso grupos asesores para tal magnitud a nivel nacional e internacional -conformada por expertos en materia de salubridad- se han pronunciado respecto la inmunidad en niños, los cuales se refiere suelen presentar una enfermedad leve e incluso que los casos críticos que se han presentado en niños ocurre mayoritariamente porque tenían afecciones de salud preexistentes, así como que aún se encuentran realizando ensayos clínicos para su proceder. Así lo han señalado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en su sitio web1: Cito "¿Los niños tienen un menor riesgo de contraer la COVID- 19 que los adultos? --- Hasta el momento, los datos apuntan a que los niños menores de 18 años de edad representan cerca del 8,5% de los casos notificados y registran un número relativamente bajo de muertes en comparación con otros grupos de edad, y suelen presentar una enfermedad leve. No obstante, se han dado casos de pacientes críticos. Al igual que sucede con los adultos, en los niños las afecciones de salud preexistentes podrían ser un factor de riesgo de enfermedad grave y admisión en cuidados intensivos. --- Se están realizando más estudios para evaluar el riesgo de infección en los niños y comprender mejor la transmisión en este grupo de edad." Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud en su página oficial de internet2: Cito: "En julio 2021 se reúne el Grupo Técnico Asesor (TAG) regional y emite las siguientes recomendaciones relativas a la vacunación de niños y adolescentes contra la COVID-19: --- Abogar firmemente a que los gobiernos implementen la hoja de ruta SAGE para priorizar las vacunas COVID-19 y lograr una alta cobertura de vacunación entre los trabajadores de salud y de primera línea, los adultos mayores y otros grupos de alto riesgo antes de administrar dosis a los adolescentes. - - - Los adolescentes que no tienen una comorbilidad de alto riesgo no deben ser incluidos en el plan nacional de vacunación en este momento. - - -La vacunación con la vacuna COVID-19 no es un requisito previo para los niños o adolescentes que regresan a la escuela. - - -Se debe alentar a las adolescentes embarazadas a que reciban la vacuna. - - - A la fecha la OMS todavía no ha aprobado ninguna vacuna para niños menores de 12 años, sin embargo, los países son autónomos de definir y decidir su estrategia de vacunación tomando como base las recomendaciones de su Autoridad Regulatoria." De igual forma la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés del Gobierno de los Estados Unidos de América, autoridad comprobada por diversos países como una de las agencias con mayor prestigio en el ámbito médico), refiere en su sitio electrónico, que si bien nos encontramos ante la apertura de una vida cotidiana, lo es que aún se tiene la preocupación para la inmunización de los niños menores de doce años; por lo que, si bien todos nos encontramos ansiosos por estar vacunados, no depende de la existencia de las dosis, sino de ensayos clínicos para una valoración ante probables riesgos que afecten la integridad de los menores. Cito; "La realización de ensayos clínicos para determinar una dosis de vacuna adecuada en niños requiere un trabajo adicional que el realizado en los estudios de adultos, lo que incluye asegurarse de que la dosis de la vacuna y la concentración de la formulación utilizada sean las adecuadas desde la perspectiva de seguridad y la generación de una respuesta inmunitaria. Nuestros equipos multidisciplinarios de médicos, científicos, estadísticos y otros expertos evaluarán a fondo estos datos complejos al tomar cualquier determinación sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños pequeños." Atendiendo los argumentos y algunas investigaciones realizadas por organismos especializados en la materia de la salud, este órgano jurisdiccional, advierte que los actos reclamados no ocasionan por sí un daño inminente a la vida de la menor a efecto de que se concede la suspensión de plano. Lo anterior no implica desconocer la situación sanitaria que impera en el país, sin embargo, no resulta procedente conceder la suspensión de plano solicitada en los términos a que se contrae el artículo 126 de la Ley de Amparo, en contra de que las autoridades fijen fecha y día para la aplicación inmediata de la vacuna, contra el virus SARS-CoV-2, conforme al plan de vacunación del Gobierno Federal, para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19. Además la negativa de la suspensión de plano solicitada, no implica restringir el acceso a la justicia de la parte quejosa ya que no se advierte, en atención a la naturaleza del acto reclamado, la configuración de alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional ni se compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la parte quejosa al grado de equipararse a la inminente privación de la vida. Finalmente cabe precisar que la anterior determinación no se contrapone con la jurisprudencia I.18o.A.33 K (10a.) sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA". Toda vez que en ésta se determinó que cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida de los quejosos, procede decretar la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, en este caso -según lo referido en la demanda- la menor no tiene enfermedad que ponga en peligro su vida o comorbilidad alguna, por tanto goza de un buen estado de salud. Lo anterior, sin perjuicio de analizar la procedencia de la medida cautelar a través del incidente de suspensión en el supuesto que la parte quejosa desahogue la prevención que se formulará a continuación. Sentido de la determinación inicial. Ahora bien, este orgáno jurisdiccional advierte que la firma que se calza en el escrito de demanda y la diversa que se acompaña en copia simple de la identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral de la promovente, difieren entre sí, ya que se nota diferencia en los trazos que la conforman, circunstancia que es advertida, pues a simple vista no existe identidad entre las mismas, y si bien es cierto que el juzgador de amparo no es perito en grafoscopía, también lo es que, ante la evidente, notoria e indudable diferencia de esas firmas, se puede concluir que no se requiere de tales conocimientos para advertir esa circunstancia. En ese sentido y previo a acordar lo que en derecho proceda, con el fin de que este órgano jurisdiccional se cerciore de que el ocurso que ahora se provee fue efectivamente presentado por la promovente ********************, en representación de su menor hija ******************, con fundamento en artículo 15 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente al local de este órgano jurisdiccional, con identificación oficial válida y vigente, así como una copia fotostática simple de ésta, y reconozca si es suya la firma que calza el escrito de cuenta, manifestando si corresponde a su puño y letra, advertido de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial. Es de precisar, que debido a la contingencia sanitaria que nos encontramos padeciendo, acorde al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solo se permitirá el ingreso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación a través de cita, para lo cual, deberá prever dicha circunstancia. La generación de citas se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea, en un micrositio llamado "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas. Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito de que se trata. Asimismo, se hace del conocimiento de la promovente, el contenido del artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal, que prevé: "231. Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: (...) IV. Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley". Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ****************** hasta en tanto registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales y las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a autos el oficio de cuenta, proveniente del Decimonoveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa que mediante proveído de treinta de agosto del presente año, admitió a trámite el juicio de amparo promovido por *****************. En consecuencia, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos treinta días a partir de que se hayan cumplido seis meses contados a partir de esta fecha. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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