Mirna Irra Marin
Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mirna Irra Marin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de catorce de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Por último, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; a catorce de abril de dos mil veintitrés. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1028/2022-VI, promovido por *****, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, *****, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La falta de respuesta a mi ESCRITO LIBRE DE PETICIÓN de fecha 21 de julio de 2022 enviada por correo postal el día 18 de julio de 2022, con acuse de recibo de fecha 29 de julio de 2022. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado federal admitió a trámite la demanda instaurada, registrándola bajo el número 1028/2022; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previos diferimiento de ley, tuvo verificativo en esta data, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. 1 TERCERO. Precisión de acto. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página treinta y dos. Por lo tanto, con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte como acto reclamado en esencia: ? La negativa o abstención de la responsable de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veintiuno de julio de dos mil veintidós. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que se actualicen, para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esto es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el supuesto de ser operante alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos el juicio de amparo sea procedente. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, página sesenta y ocho. Al efecto cabe señalar que es cierto el acto reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, no obstante que al rendir su correspondiente informe justificado, haya negado la existencia del mismo, sin embargo, hace manifestaciones que evidencian su certeza, pues dijo lo siguiente: "(.) Acontecido lo anterior la C. MIRNA IRRA MARÍN presentó demanda de amparo en fecha 04 de noviembre de 2022, es decir, con posterioridad a que la autoridad atendió su escrito de petición, mediante el oficio SGGC/GMOS/359/2022 de fecha diez de agosto de dos mil veintidós, signado por el Gerente de Mesa de Operación de Solución del INFONAVIT, así como mediante correo electrónico enviado a las 10:58 horas del día 23 de noviembre de 2022 dirigido a la Sra Mirna Irra Marín, a la dirección de e-mail mv_valdes@hotmail.com perteneciente a Mario Valdovinos Valdés.", (foja 31 vuelta, lo subrayado es propio) Con lo anterior dicha negativa se encuentra desvirtuada, de ahí que debe tenerse por cierto el acto reclamado. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Certeza que se corrobora con las copias certificadas que anexó la autoridad responsable, a su informe, las cuales merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. QUINTO. Causal de improcedencia. Como cuestión preliminar y acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que invoquen las partes, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "IMPROCEDENCIA.", visible en el Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, página doscientos sesenta y dos. En el caso particular, la quejosa reclama abstención de la responsable de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veintiuno de julio de dos mil veintidós, recibido vía correo certificado el veintinueve de julio de ese año. En la especie, la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del Gerente Jurídico Contencioso, Civil y Mercantil, al rendir su informe justificado, hizo valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que, una vez que fue instando el presente juicio de amparo, fue enviado al correo electrónico proporcionado por la impetrante en el escrito de petición, el oficio SGGC/GMOS/359/2021, de diez de agosto de dos mil veintidós, signado por Pedro Correa Barba, Gerente de Mesa de Operación de Soluciones del INFONAVIT, con el que dio respuesta al escrito de petición de la quejosa (foja 42). Es fundada la causal de sobreseimiento propuesta por la autoridad responsable, respecto del acto reclamado consistente en abstención de dar contestación a la petición formulada mediante escrito, recibido en esa dependencia vía correo certificado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Texto conforme al que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para que se configure la hipótesis de improcedencia referida, es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia; y, si éste es de carácter omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama para que, en forma total e incondicional, se destruyan todos los efectos del acto, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiendo irrumpido en ella, no deje ninguna huella de dicha afectación, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 7 Amparo Indirecto 1028/2022-VI simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página treinta y ocho. En el caso, de las constancias que obran en autos, se desprende que mediante escrito recibido por la autoridad responsable vía correo certificado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, la impetrante Mirna Irra Marín, formuló petición ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México. En el escrito la quejosa esencialmente solicitó de la autoridad responsable, la devolución de pagos en exceso respecto del crédito de vivienda 9200304916, que se le otorgó. Sin embargo, mediante oficio número SGGC/GMOS/354/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, el Gerente de Mesa de Operación de Soluciones de la autoridad responsable, dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, la que remitió el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, al correo electrónico mv_valdes@hotmail.com, 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 8 proporcionado por la impetrante de referencia en el escrito del que, se duele en la presente instancia constitucional, lo cual significa, que los efectos de la negativa o falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como puede advertirse de las imágenes siguientes: Así es, en el oficio anterior, se dijo a la quejosa en primer término, que se encontraban analizando la petición de cierre de crédito por veinte años y doscientos cuarenta pagos efectivos y una vez que, tuvieran el resultado de ese análisis la contactarían, por conducto de Selene Díaz Vega, persona que además le informaría del certificado de entrega de vivienda que solicita, a partir del veintinueve de agosto de dos mil veintiuno (sic), proporcionando un correo electrónico para ese efecto (sdiaz@infonavit.org.mx); en segundo término, en relación con la petición de devolución del 60% de sus aportaciones a su saldo de la subcuenta de vivienda, le 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 9 Amparo Indirecto 1028/2022-VI informaron que estas no fueron pactas en el contrato de apertura de crédito y establecimiento de hipoteca, ni en el certificado de entrega de vivienda, conforme a las reglas de otorgamiento de crédito de "29 de septiembre de 1972", que refirió, además, preciso que desde que se pactó el contrato de apertura de crédito correspondiente está en vigor el mismo texto del artículo 141 fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, del que destacó que los depósitos que tuviere constituidos en su favor el trabajador debía ser aplicados al pago del saldo del crédito constituidos en favor del trabajador, lo que aplica para el saldo que tuviera en su favor al momento de otorgamiento del crédito, así como para las aportaciones futuras que hubiera recibido el trabajador; respuestas que evidencian que la negativa u omisión que alega la quejosa dejó de existir, por lo que se demuestra la cesación de los efectos del acto reclamado. A mayor abundamiento, en el correo enviado por la responsable, a la aquí quejosa, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual le remitió el oficio SGGC/GMOS/354/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, se le hizo de su conocimiento que, su crédito se encuentra cerrado por liquidación a veinte años desde el mes de octubre de dos mil veintidós, y que resultaron pagos en exceso por la cantidad de $9,372.00 (nueve mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual, se encuentra disponible para su devolución, en el portal electrónico del infonavit.org.mx, sección trabajadores, en el apartado "MI CUENTA INFONAVIT". Resulta aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 10 AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, página 605). Por tanto, se han colmado los extremos del derecho de petición que contempla el artículo 8° constitucional, pues ya acaeció una respuesta a la solicitud de la impetrante, la cual fue enviada al correo electrónico señalado en el escrito de petición. Cabe señalar que por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se corrió traslado a la impetrante con copia simple del oficio SGGC/GMOS/359/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, suscrito por el Gerente Mesa de Operación de Soluciones, quien en desahogo de esa vista, formuló alegatos mediante escrito registrado con número de folio 1240, lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional para abordar el análisis de su contenido. Orienta a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 11 Amparo Indirecto 1028/2022-VI Nación, con número de registro digital 2017817, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada. (lo subrayado es propio). Así, es incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, porque se atendió la petición de la justiciable y la respuesta contenida en el oficio SGGC/GMOS/359/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, la remitió al correo electrónico mv_valdes@hotmail.com, proporcionado por la impetrante de referencia en el escrito del cual se duele en la presente instancia constitucional, y exhibirla durante la tramitación del presente juicio de amparo, con el cual, se dio vista con el informe justificado, realizando los alegatos correspondientes sin que ampliara la demanda. Máxime que el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 12 conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad para actuar acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En consecuencia, toda vez de que se dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta al acto y autoridades responsables que han quedado precisados. La decisión que ahora se adopta, no implica desatender el derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 13 Amparo Indirecto 1028/2022-VI HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ******, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy catorce de abril de dos mil veintitrés, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
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CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; a catorce de abril de dos mil veintitrés. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1028/2022-VI, promovido por *****, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, *****, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La falta de respuesta a mi ESCRITO LIBRE DE PETICIÓN de fecha 21 de julio de 2022 enviada por correo postal el día 18 de julio de 2022, con acuse de recibo de fecha 29 de julio de 2022. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado federal admitió a trámite la demanda instaurada, registrándola bajo el número 1028/2022; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previos diferimiento de ley, tuvo verificativo en esta data, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. 1 TERCERO. Precisión de acto. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página treinta y dos. Por lo tanto, con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte como acto reclamado en esencia: ? La negativa o abstención de la responsable de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veintiuno de julio de dos mil veintidós. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que se actualicen, para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esto es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el supuesto de ser operante alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos el juicio de amparo sea procedente. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, página sesenta y ocho. Al efecto cabe señalar que es cierto el acto reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, no obstante que al rendir su correspondiente informe justificado, haya negado la existencia del mismo, sin embargo, hace manifestaciones que evidencian su certeza, pues dijo lo siguiente: "(.) Acontecido lo anterior la C. MIRNA IRRA MARÍN presentó demanda de amparo en fecha 04 de noviembre de 2022, es decir, con posterioridad a que la autoridad atendió su escrito de petición, mediante el oficio SGGC/GMOS/359/2022 de fecha diez de agosto de dos mil veintidós, signado por el Gerente de Mesa de Operación de Solución del INFONAVIT, así como mediante correo electrónico enviado a las 10:58 horas del día 23 de noviembre de 2022 dirigido a la Sra Mirna Irra Marín, a la dirección de e-mail mv_valdes@hotmail.com perteneciente a Mario Valdovinos Valdés.", (foja 31 vuelta, lo subrayado es propio) Con lo anterior dicha negativa se encuentra desvirtuada, de ahí que debe tenerse por cierto el acto reclamado. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Certeza que se corrobora con las copias certificadas que anexó la autoridad responsable, a su informe, las cuales merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. QUINTO. Causal de improcedencia. Como cuestión preliminar y acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que invoquen las partes, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "IMPROCEDENCIA.", visible en el Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, página doscientos sesenta y dos. En el caso particular, la quejosa reclama abstención de la responsable de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veintiuno de julio de dos mil veintidós, recibido vía correo certificado el veintinueve de julio de ese año. En la especie, la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del Gerente Jurídico Contencioso, Civil y Mercantil, al rendir su informe justificado, hizo valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que, una vez que fue instando el presente juicio de amparo, fue enviado al correo electrónico proporcionado por la impetrante en el escrito de petición, el oficio SGGC/GMOS/359/2021, de diez de agosto de dos mil veintidós, signado por Pedro Correa Barba, Gerente de Mesa de Operación de Soluciones del INFONAVIT, con el que dio respuesta al escrito de petición de la quejosa (foja 42). Es fundada la causal de sobreseimiento propuesta por la autoridad responsable, respecto del acto reclamado consistente en abstención de dar contestación a la petición formulada mediante escrito, recibido en esa dependencia vía correo certificado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Texto conforme al que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para que se configure la hipótesis de improcedencia referida, es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia; y, si éste es de carácter omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama para que, en forma total e incondicional, se destruyan todos los efectos del acto, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiendo irrumpido en ella, no deje ninguna huella de dicha afectación, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 7 Amparo Indirecto 1028/2022-VI simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página treinta y ocho. En el caso, de las constancias que obran en autos, se desprende que mediante escrito recibido por la autoridad responsable vía correo certificado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, la impetrante Mirna Irra Marín, formuló petición ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México. En el escrito la quejosa esencialmente solicitó de la autoridad responsable, la devolución de pagos en exceso respecto del crédito de vivienda 9200304916, que se le otorgó. Sin embargo, mediante oficio número SGGC/GMOS/354/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, el Gerente de Mesa de Operación de Soluciones de la autoridad responsable, dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, la que remitió el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, al correo electrónico mv_valdes@hotmail.com, 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 8 proporcionado por la impetrante de referencia en el escrito del que, se duele en la presente instancia constitucional, lo cual significa, que los efectos de la negativa o falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como puede advertirse de las imágenes siguientes: Así es, en el oficio anterior, se dijo a la quejosa en primer término, que se encontraban analizando la petición de cierre de crédito por veinte años y doscientos cuarenta pagos efectivos y una vez que, tuvieran el resultado de ese análisis la contactarían, por conducto de Selene Díaz Vega, persona que además le informaría del certificado de entrega de vivienda que solicita, a partir del veintinueve de agosto de dos mil veintiuno (sic), proporcionando un correo electrónico para ese efecto (sdiaz@infonavit.org.mx); en segundo término, en relación con la petición de devolución del 60% de sus aportaciones a su saldo de la subcuenta de vivienda, le 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 9 Amparo Indirecto 1028/2022-VI informaron que estas no fueron pactas en el contrato de apertura de crédito y establecimiento de hipoteca, ni en el certificado de entrega de vivienda, conforme a las reglas de otorgamiento de crédito de "29 de septiembre de 1972", que refirió, además, preciso que desde que se pactó el contrato de apertura de crédito correspondiente está en vigor el mismo texto del artículo 141 fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, del que destacó que los depósitos que tuviere constituidos en su favor el trabajador debía ser aplicados al pago del saldo del crédito constituidos en favor del trabajador, lo que aplica para el saldo que tuviera en su favor al momento de otorgamiento del crédito, así como para las aportaciones futuras que hubiera recibido el trabajador; respuestas que evidencian que la negativa u omisión que alega la quejosa dejó de existir, por lo que se demuestra la cesación de los efectos del acto reclamado. A mayor abundamiento, en el correo enviado por la responsable, a la aquí quejosa, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual le remitió el oficio SGGC/GMOS/354/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, se le hizo de su conocimiento que, su crédito se encuentra cerrado por liquidación a veinte años desde el mes de octubre de dos mil veintidós, y que resultaron pagos en exceso por la cantidad de $9,372.00 (nueve mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual, se encuentra disponible para su devolución, en el portal electrónico del infonavit.org.mx, sección trabajadores, en el apartado "MI CUENTA INFONAVIT". Resulta aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 10 AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, página 605). Por tanto, se han colmado los extremos del derecho de petición que contempla el artículo 8° constitucional, pues ya acaeció una respuesta a la solicitud de la impetrante, la cual fue enviada al correo electrónico señalado en el escrito de petición. Cabe señalar que por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se corrió traslado a la impetrante con copia simple del oficio SGGC/GMOS/359/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, suscrito por el Gerente Mesa de Operación de Soluciones, quien en desahogo de esa vista, formuló alegatos mediante escrito registrado con número de folio 1240, lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional para abordar el análisis de su contenido. Orienta a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 11 Amparo Indirecto 1028/2022-VI Nación, con número de registro digital 2017817, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada. (lo subrayado es propio). Así, es incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, porque se atendió la petición de la justiciable y la respuesta contenida en el oficio SGGC/GMOS/359/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, la remitió al correo electrónico mv_valdes@hotmail.com, proporcionado por la impetrante de referencia en el escrito del cual se duele en la presente instancia constitucional, y exhibirla durante la tramitación del presente juicio de amparo, con el cual, se dio vista con el informe justificado, realizando los alegatos correspondientes sin que ampliara la demanda. Máxime que el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 12 conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad para actuar acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En consecuencia, toda vez de que se dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta al acto y autoridades responsables que han quedado precisados. La decisión que ahora se adopta, no implica desatender el derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 13 Amparo Indirecto 1028/2022-VI HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ******, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy catorce de abril de dos mil veintitrés, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe."
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Acapulco, Guerrero, a las once horas del siete de febrero de dos mil veintitrés, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1028/2022-VI, promovido por Mirna Irra Marín, por propio derecho, encontrándose en audiencia pública Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ante Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza, con sustento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto seguido, el Secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que destacan la demanda y anexos; auto de siete de noviembre del año que transcurre, en el que se admitió la demanda; constancias de notificación a las partes; informe justificado rendido por la autoridad responsable y proveído en el que se proveyó lo conducente, auto de cinco de enero del año que transcurre, en el que se ordenó correr traslado a la parte quejosa con el oficio SGGC/GMOS/359/2022, de diez de agosto de dos mil veintidós, suscrito por el Gerente Mesa de Operación de Soluciones. La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da cuenta a la Jueza con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, y las documentales remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado. La Jueza provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en razón de su propia y especial naturaleza, medios de convicción que serán tomados en consideración al momento de resolver este sumario constitucional. Abierta la etapa de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. Acto seguido, la Jueza acuerda: Al no haber alegatos que reproducir, con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta y se procede al estudio de las constancias que obran en autos, para la dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy Fe. LAURA ELIZABETH MIRANDA TORRES JUEZA CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO (FIRMA ELECTRÓNICA). OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ SECRETARIO DE JUZGADO CUARTO EN EL ESTADO DE GUERRERO (FIRMA ELECTRÓNICA)
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