Mirna Irene Salas Carranza

Expediente 832/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
832/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2019

Partes del expediente

  • Mirna Irene Salas Carranza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA ha causado ESTADO.

  2. Principal

    Vista la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, que ampara el oficio 20038/2019 dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, en el que aparece una leyenda que dice: "Rehusado por vacaciones"; por tanto, reenvíese el citado oficio.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado. Ahora bien, del contenido de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado se advierte que el dieciséis de julio del presente año, dictó un acuerdo en el juico laboral 1425/2009, en donde acordó el escrito de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mismo que le fue presentado el veintinueve del mes y año antes citados, documentales a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del texto legal preinserto, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo esa línea de pensamiento, puede considerarse que han cesado los efectos cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Entonces, de las constancias certificadas que remite la responsable, a las cuales como se señaló con anticipación se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo requerido por la parte actora dentro del juicio laboral 1425/2009. Por lo que si la pretensión de la quejosa era que se acordara el escrito de veintiuno de marzo del presente año, presentado ante de responsable el veintinueve del mes y año antes citado, circunstancia que ya aconteció resulta inconcuso que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos. Ello es así, dado que la cesación de efectos en comento, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la responsable acordó el escrito de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, presentado ante de responsable el veintinueve del mes y año antes citados, con lo cual restituye a la impetrante del amparo en el goce de sus derechos violados, lo que imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica de la amparista; por tanto, tal evento surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en el juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración. En esa tesitura ningún objeto tiene continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, no se puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en concordancia con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO EL DÍA DE HOY A LAS DIEZ HORAS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus relaciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual manera se destaca que quien resuelve se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, de acuerdo con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al no formar parte de la litis constitucional, así como las subsecuentes condiciones de retardo u omisión del trámite del expediente natural que se originen debido a que la autoridad responsable emita el correspondiente acuerdo, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo, apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. " Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado y el Secretario licenciado Cristian Américo Rodríguez López, con quien actúa y da fe. Doy fe.Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado. Ahora bien, del contenido de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado se advierte que el dieciséis de julio del presente año, dictó un acuerdo en el juico laboral 1425/2009, en donde acordó el escrito de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mismo que le fue presentado el veintinueve del mes y año antes citados, documentales a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, considerando que en el presente asunto Mirna Irene Salas Carranza, reclamó de la responsable lo siguiente: ".Lo constituye la inactividad procesal por la omisión de acordar la promoción de fecha 21 de marzo del 2019, misma que fue presentada ante la Oficialía Común de la responsable, el día 29 del mismo mes." Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; en efecto, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Del texto legal preinserto, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo esa línea de pensamiento, puede considerarse que han cesado los efectos cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Entonces, de las constancias certificadas que remite la responsable, a las cuales como se señaló con anticipación se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo requerido por la parte actora dentro del juicio laboral 1425/2009. Por lo que si la pretensión de la quejosa era que se acordara el escrito de veintiuno de marzo del presente año, presentado ante de responsable el veintinueve del mes y año antes citado, circunstancia que ya aconteció resulta inconcuso que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos. Ello es así, dado que la cesación de efectos en comento, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la responsable acordó el escrito de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, presentado ante de responsable el veintinueve del mes y año antes citados, con lo cual restituye a la impetrante del amparo en el goce de sus derechos violados, lo que imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica de la amparista; por tanto, tal evento surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en el juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración. En esa tesitura ningún objeto tiene continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, no se puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en concordancia con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO EL DÍA DE HOY A LAS DIEZ HORAS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. De igual manera se destaca que quien resuelve se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, de acuerdo con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al no formar parte de la litis constitucional, así como las subsecuentes condiciones de retardo u omisión del trámite del expediente natural que se originen debido a que la autoridad responsable emita el correspondiente acuerdo, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulados sus alegatos, sin perjuicio de ser relacionados en la etapa procesal oportuna y de tomarse en consideración en la correspondiente audiencia constitucional. Por otra parte, dígasele al Representante Social de la Federación oficiante, que la expedición de copias en el presente juicio, fueron autorizadas en el auto de radicación y una vez que se emita la resolución o el auto correspondiente le será entregada la copia correspondiente.

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