Mirna Idalia Sánchez Sánchez
Expediente 856/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Mirna Idalia Sánchez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
... Acorde a los lineamientos contenidos en el instrumento normativo citado, instrúyase a la Secretaría actuante de certificar y hacer constar que las actuaciones del presente expediente físico concuerda fiel y exactamente con el electrónico, para la debida integración de los expedientes generados por este órgano jurisdiccional.
- Principal
se reanudaron los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales a partir del doce del citado mes y año, en obvio de mayores dilaciones, como se encuentra ordenado en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, realícense las notificaciones respectivas al diverso de nueve de diciembre del mismo año, publicado la referida actuación, debiendo ser integrada al expediente electrónico para la notificación a las partes. AUTO 9 DICIEMBRE 2020 SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. .En consecuencia, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, y como consecuencia tampoco imposibilidad de su cumplimentación. QUINTO. Archivo y depuración del presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, del que se advierte no obran las constancias de notificación a las partes, relativas al proveído de nueve de diciembre del año en curso, en el que se resolvió respecto al cumplimiento del fallo protector; consecuentemente, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona al fedatario judicial que corresponda, proceda efectuar las notificaciones respectivas al auto en comento. Cúmplase. Así, lo acordó y firma Rosaura del Carmen Cabrera Morales, Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Encargada del Despacho por gozar la Titular de su segundo periodo vacacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial y comunicada, mediante oficio CCJ/ST/3457/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, y da fe la Secretaria Julieta Elena Martínez Trejo.
- Principal
CUENTA. En nueve de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos del juicio de amparo 856/2018. CONSTE. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de diciembre de dos mil veinte. V I S T O para resolver el cumplimiento de la sentencia, relativo al juicio de amparo 856/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Trámite del juicio de amparo. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, Mirna Idalia Sánchez Sánchez, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra un acto de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación, con sede en esta ciudad, admitiéndose la demanda el ocho siguiente, registrándola con el número 856/2018. SEGUNDO. Sentencia. Seguido el juicio en sus etapas procesales, la audiencia constitucional se celebró el veintiocho de junio de dos mil dieciocho y el veintinueve siguiente, se dictó sentencia, negándose el amparo y protección de la Justicia de la Unión. TERCERO. Medio de impugnación hecho valer contra la sentencia constitucional. Inconforme con dicha determinación, la quejosa Mirna Idalia Sánchez Sánchez, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno, interpuso recurso de revisión, mismo que por razón de turno tocó del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, emitiéndose ejecutoria el trece de marzo de dos mil veinte, en la que se resolvió modificar la sentencia dictada en el presente juicio, concediéndose a la parte quejosa la protección constitucional. CUARTO. Etapa de cumplimiento. El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 203/2018, del índice de la citada Superioridad y se requirió a la responsable su cumplimiento. Luego, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia de la resolución incidental de liquidación de nueve de noviembre de dos mil veinte, cuantificando el pago de intereses moratorios motivo de condena, con lo cual se dio vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para determinar si la sentencia de amparo quedó cumplida o no, atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, pues fue quien la emitió en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Consideraciones Previas. Es importante establecer, que conforme al contenido del citado precepto [196], el Juez de Distrito, transcurrido el plazo concedido a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, deberá dictar resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En la inteligencia, la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Hay exceso, cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo; en tanto, hay defecto cuando la autoridad cumple parcialmente lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le impuso en la resolución de cuya ejecución se trata. De esta manera, es obligación del órgano de control constitucional vigilar el cumplimiento del fallo protector y exigir el mismo por parte de la autoridad responsable y habido sea, hacer la declaratoria correspondiente. Asimismo, debe tenerse presente lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." TERCERO. Lineamientos y efectos de la ejecutoria. En la sentencia que concedió la tutela constitucional, se establecieron los lineamientos siguientes: ".1. Deje sin efectos la resolución incidental de veintisiete de abril de dos mil dieciocho; y 2. Emita una nueva en la que se cuantifiquen el pago de intereses moratorios sobre la suerte principal de $233,068.88 (doscientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional)." CUARTO. Análisis del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. El Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación, con sede en esta ciudad, mediante oficio 3269/2020, recibido el once de noviembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de la resolución incidental de liquidación dictada el nueve de noviembre de dos mil veinte, en el juicio laboral 911/2008. Las documentales que obran glosados en los presentes autos, merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de fueron expedidas y certificadas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, procede realizar un análisis de dichas constancias, frente a los efectos que la autoridad responsable debía realizar para estar en aptitud de determinar si en el caso la ejecutoria cuyo cumplimiento se estudió se encuentra o no cumplida. Los efectos de la resolución de amparo que debe acatar la responsable son: ".1. Deje sin efectos la resolución incidental de veintisiete de abril de dos mil dieciocho; y 2. Emita una nueva en la que se cuantifiquen el pago de intereses moratorios sobre la suerte principal de $233,068.88 (doscientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional)." De la lectura de los efectos, se desprende la autoridad responsable debía pronunciarse de manera fundada y motivada de los siguientes puntos: A. Dejar insubsistente la resolución incidental de liquidación de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral 911/2008. B. Emita una nueva en la que se cuantifiquen el pago de intereses moratorios sobre la suerte principal de $233,068.88 (doscientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional). Respecto del punto A), la autoridad responsable dio cumplimiento con el dictado de la resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 911/2008, la cual sustituyó a la diversa de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, señalada como acto reclamado en el presente juicio de amparo, al dejar esta última insubsistente. Asimismo, el inciso B) también se encuentra cumplido, dado que cuantificó el pago de intereses moratorios sobre la suerte principal de $233,068.88 (doscientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional). Toda vez en el considerando tercero, estableció que del periodo en el que se emitió la resolución incidental de liquidación del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis al veinte de abril de dos mil diecisiete, data en la cual fue requerido el pago a la institución demandada, transcurrieron cinco meses de desacato, a razón de la taza líder del Banco de México del 4.5% acorde al Diario Oficial del Banco de México, tomando en consideración la suerte principal por la cantidad de $233,068.88 (doscientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), determinando como concepto de intereses moratorios mensuales que le corresponde a la parte actora, la cantidad de $10,488.00 (diez mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y por los cinco meses de incumplimiento genera un total de $52,440.00 (cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), que deberá cubrir la parte demandada en forma indebida. En ese sentido, este Juzgado Federal llega a la conclusión la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Mirna Idalia Sánchez Sánchez, toda vez dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral 911/2008, emitiendo en su lugar una diversa, en la que cuantificó el pago de intereses moratorios generados durante el periodo comprendido del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis al veinte de abril de dos mil diecisiete, sobre la suerte principal de $233,068.88 (doscientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), arrojando un total de $52,440.00 (cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). De ahí se advierta se restituyen los derechos fundamentales conculcados a la parte quejosa por cuya infracción se concedió el amparo, razones que demuestran desde el punto de vista material y jurídico que la autoridad responsable se ajustó a los términos precisados en la ejecutoria de mérito; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia emitida en autos. Ello es así, pues de autos se puede dilucidar la autoridad oficiante dio una solución integral al conflicto litigioso, toda vez que los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, fueron examinados de acuerdo a los principios de congruencia y exhaustividad, mismos obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran las que son materia de ejecución, lo cual acontece en el presente caso. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, registro 2010987, página 832, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. En consecuencia, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, y como consecuencia tampoco imposibilidad de su cumplimentación. QUINTO. Archivo y depuración del presente asunto. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido. En el entendido que previo a la remisión, se deberá realizar cotejo con el expediente electrónico, debiéndose dejar constancia en autos. Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se advierte que el presente juicio es susceptible de depuración; toda vez que se concedió el amparo. Así como también, deberá transferirse, una vez transcurrido el término de tres años, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los libros de gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo. En ese sentido, una vez transcurrido el término de tres años a que refiere el artículo 18 del acuerdo citado en líneas que anteceden, a partir de la fecha en que se dicta el presente proveído, dentro de los siguientes noventa días se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, terminado el proceso de depuración realícense las gestiones conducentes para la transferencia del presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. De igual manera, en observancia del artículo 15 del multicitado Acuerdo General, se hace constar que el juicio en el que se actúa no es de relevancia documental; además de que no se encuentra agregado en autos documento original alguno, de los enunciados en el numeral 3, fracción XVIII de dicho Acuerdo. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Julieta Elena Martínez Trejo, Secretaria que autoriza y da fe.
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