Mirna Guadalupe Pech Narvaez

Expediente 1114/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1114/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Mirna Guadalupe Pech Narvaez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante los cuales cumple con el requerimiento que le hizo en proveído de tres de octubre del año en curso; por ende, déjese sin efectos el apercibimiento contenido en dicho auto. Ahora bien, de la lectura de las constancias que remitió a su oficio de mérito la citada autoridad responsable, informo que la Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la Dirección de Investigación y Atención Temprana del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de dos de octubre del año en curso, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se avocó a la investigación de los hechos en relación a la probable transgresión de los derechos humanos de la directa agraviada Mirna Guadalupe Pech Narváez; motivo por el cual, tuvo por iniciada la carpeta de investigación V1-G4/311/2019, misma que a la presente fecha se encuentra en integración. Atento a lo anterior, y de la lectura de las constancias que integran el presente juicio de amparo se desprende que mediante proveído de veinte de agosto del año en curso, se resérvó archivar este expediente como asunto definitivamente concluido, hasta en tanto se dicte las medidas de aseguramiento que estime pertinentes en cuanto a la probable transgresión de los derechos humanos del citado quejoso y como se advierte en líneas precedentes ya aconteció, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número uno de dos mil nueve, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, este expediente se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual da contestación a la vista que se le dio en proveído de doce de septiembre de mayo del año en curso con el que informa que envió al Fiscal General del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, la copia certificada del presente asunto, a efecto de que, dentro de sus atribuciones, se inicie la indagatoria correspondiente en relación a la probable transgresión de los derechos humanos de la quejosa Mirna Guadalupe Pech Narváez. Atento a lo anterior, requiérase al Fiscal General del Estado con residencia en esta ciudad, para que informe a esta potestad judicial respecto al estado procesal de la indagatoria correspondiente en relación a la probable transgresión de los derechos humanos de la quejosa antes citada. Con el apercibimiento que de no remitir las constancias requerida, se le impondrá la multa de diez unidades de medida y actualización, en términos del numeral 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por el Comandante de la Policía Estatal de Investigación con sede en Progreso, Yucatán, con un anexo que adjunta, sin que sea necesario dictar providencia alguna, toda vez que en autos se advierte que el veinte de agosto del presente año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan lo presentes autos y toda vez que de ellos se advierte la constancia levantada el diecisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el Actuario Judicial adscrita a este Juzgado, mediante el cual informa que la directa quejosa Mirna Guadalupe Pech Narváez, no ratificó la demanda de amparo interpuesta a su favor por Pablo Humberto Escalante Molina; en consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de la razón actuaria de cuenta se advierte que la directa quejosa Mirna Guadalupe Pech Narváez, quien se encuentra en los cárcel pública de la Policía Estatal de Investigación de Progreso, Yucatán, y da fe que presenta marcas en su pantorrilla derecha; y según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual define como lesiones, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal; dese vista al Ministerio Público Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie la investigación de la probable transgresión de los derechos humanos de la quejosa Mirna Guadalupe Pech Narváez, entregándosele para tal efecto, mediante atento oficio, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Asimismo, se reserva a ordenar lo relativo al archivo del presente expediente, hasta tanto se pronuncie el Ministerio Público Federal respecto a la vista que se menciona con anterioridad. Finalmente, Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio signado respectivamente el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, y el Comandante de la Policía Estatal de Investigación, ambos con sede en Progreso, Yucatán, con el cual rinden sus informes respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; sin que sea el caso dictar providencia alguna, toda vez que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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