Mirna Dolores Mendoza Aquino
Expediente 96/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mirna Dolores Mendoza Aquino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cuatro de agosto del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, fracción I, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, sí existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Devolución de documentos. Como en autos constan documentos exhibidos por la quejosa, requiérase para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, en su oportunidad, serán destruidos junto con el expediente; haciendo la indicación que el documento con que se identifique no deberá encontrarse deteriorado, es decir roto, desprendido en alguna de sus partes, ilegible por desgaste o incompleto; además de encontrarse vigente al día en que se presente en este órgano jurisdiccional para tal efecto. Sin embargo, atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace del conocimiento de la promovente que para efectuar la entrega, previamente deberá generar una cita para comparecer ante esta sede judicial, a fin de ser atendida por el personal adscrito, en el entendido de que, conforme a la normatividad aludida, la asistencia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tiene un límite de veinticinco minutos, por lo que en caso de no ser posible concluir en dicha temporalidad, tendrá que gestionar nuevamente su ingreso, y así sucesivamente, hasta que se concluya la encomienda. Destino. Una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18, fracción I, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha y el estado de autos, se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en proveído de veintitrés de julio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y, por tanto, atendiendo a los elementos que obran en autos, es dable establecer si la sentencia de amparo fue acatada por la responsable. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA La sentencia de veinte de mayo de esta anualidad, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Mirna Dolores Mendoza Aquino respecto de los actos reclamados al 1. Juez, y la 2. Actuaria, ambos del Juzgado Segundo de lo Familiar de Juchitán de Zaragoza, así como el 3. Oficial del Registro Civil de la Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en su denominación correcta, fue para los efectos siguientes: "1. Reponga el procedimiento en el juicio natural 671/2018 y deje insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento practicado a la parte quejosa, incluyendo las constancias que sean posteriores al llamamiento que motivó esta concesión de amparo; 2. Asimismo, deberá ordenar a quien corresponda, que lleve a cabo el emplazamiento a la parte quejosa, pero con estricto apego a los requisitos que al efecto establece la el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, de tal manera que realmente se le dé la posibilidad de ser oída en juicio y así se le restituya en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron trasgredidos. En el entendido que no basta con que pretenda en su caso informar la imposibilidad para su práctica, pues debe agotar todos los medios para la materialización de aquél. En ese orden de ideas, la concesión del amparo aquí otorgada debe hacerse extensiva por cuanto a todo lo actuado y la disolución del vínculo matrimonial decretada en la audiencia preliminar de trece de septiembre de dos mil diecinueve, así como el acta de divorcio que de ello emanó; toda vez que la parte quejosa combatió los aludidos actos como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las diligencias relativas al citatorio y emplazamiento practicados; por tanto, si entre éste (el emplazamiento) y lo actuado con posterioridad existe un vínculo jurídico causal, ello hace lógico concluir que todo lo actuado en el juicio de origen y el sentencia, sigan por derivación necesaria la misma suerte que aquél.." Ahora bien, en proveídos de cinco y veintitrés de julio del año en curso, se tuvo por recibidas las misivas procedentes del Juzgado Segundo de lo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a las que adjuntó copia certificada de las actuaciones relativas al expediente familiar 671/2018 de su índice, de las que se advirtió dejó insubsistente todo lo actuado en dicho juicio a partir del emplazamiento practicado a la demandada Mirna Dolores Mendoza Aquino, incluyendo las constancias posteriores al llamamiento que motivó la concesión de amparo, y ordenó emplazar a dicha parte de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, demostrando con constancia fehaciente el cumplimiento de lo ordenado. Tales documentales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad primordial que el 1. Juez Segundo de lo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, realizara los actos tendientes ya descritos para dar cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, como se dijo, en proveído de cinco y veintitrés de julio del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios procedentes del Juzgado Segundo de lo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a las que adjuntó copia certificada de las actuaciones relativas al expediente familiar 671/2018 de su índice, de las que se advirtió dejó insubsistente todo lo actuado en dicho juicio a partir del emplazamiento practicado a la demandada Mirna Dolores Mendoza Aquino, incluyendo las constancias posteriores al llamamiento que motivó la concesión de amparo, y ordenó emplazar a dicha parte de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, demostrando con constancia fehaciente el cumplimiento de lo ordenado, pues realizó dicho emplazamiento el veinte de julio del año en curso, girando oficio al Registro Civil de Juchitán para realizar las anotaciones correspondientes para dejar sin efectos el oficio 2514/2019 de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien dejó sin efectos la inscripción de divorcio anotada en el acta de matrimonio celebrado entre las partes en el juicio de origen (registros 7231 y 8096). De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable, cumplió con los efectos del fallo protector, tanto formales como materiales, habida cuenta que el debido cumplimiento de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, cuyo acatamiento no puede ser defectuoso y/o excesivo, sino congruente con lo efectivamente examinado y decidido en la ejecutoria. Por tanto, es dable advertir que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia dio cumplimiento al objeto material y sustancial de la sentencia ejecutoriada en los términos precisados con antelación, pues emitió el acuerdo de veintidós de junio del año en curso, en el expediente familiar 671/2018 de su índice, promovido por Osvaldo Salvador García Taboada, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en dicho juicio a partir del emplazamiento practicado a la demandada Mirna Dolores Mendoza Aquino, incluyendo las constancias posteriores al llamamiento que motivó la concesión de amparo, ordenando al actuario efectuar el emplazamiento a la parte quejosa de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. En consecuencia, observando que se ha dado cumplimiento al objeto material y sustancial del fallo dictado en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario Encargado del Juzgado Segundo de lo Familiar por Ministerio de Ley, de El Espinal, Distrito de Juchitán, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada de las actuaciones que acreditan cumplir en sus términos la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, específicamente el emplazamiento practicado por cuanto hace a la demandada Mirna Dolores Mendoza Aquino, así como lo relativo al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales descritas con anterioridad, así como las que remitiera a su diversa misiva (folio 7231), acordada el cinco de julio del año en curso, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que su observancia es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia 26/2000, registro 192174, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85798, DE ESTA SEGUNDA SALA)."
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