Mirna Chípuli Oliva
Expediente 40/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mirna Chípuli Oliva
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el siete de febrero actual feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veinte de enero del año en curso a través del que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas (juicio agrario 712/2019 y expedientes 252/2013, 822/2015 y 906/2016) por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, Xalapa, Veracruz, con las cuales se ordenó formar los cuadernos de pruebas correspondientes - en proveído de veinte de enero del año en curso - en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
V. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte promovente el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Visto el oficio 06 y anexos, enviados por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, por medio del cual remite por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por ********************; contra actos del Tribunal Unitario Agrario del 31 Distrito, con sede en Xalapa; y remite diversas actuaciones relativas al trámite del juicio de amparo directo ******************** de su índice, así como el juicio agrario ********************, y los expedientes agrarios 252/2013, 822/2015 y 906/2016 del índice del tribunal responsable. De lo anterior se desprende que la Superioridad oficiante, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo ******************** de su índice, y solicitó el turno correspondiente. Ahora, tal como lo considera la Superioridad, la resolución combatida no es susceptible de reclamarse en amparo directo ante un tribunal colegiado, por no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma no se trata de una sentencia definitiva ni una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, pues la resolución reclamada fue emitida durante el trámite del juicio natural, en el cual aún no se dicta la sentencia que le ponga fin a dicho controvertido, y en tal virtud, como refiere el Tribunal oficiante, no es competente para conocer de la demanda promovida por ********************. En ese orden de ideas, toda vez que el suscrito comparte los razonamientos que sustentan su declaratoria de incompetencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política Federal, 34, 48, 107 y 108 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 40/2023; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. En primer término, conviene señalar que la parte quejosa reclama al Tribunal Unitario Agrario del 31 Distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, la resolución definitiva de seis de julio de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio agrario ******************** de su índice, en el cual se declaró incompetente para conocer de dicho asunto y dispuso la remisión de los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para que a su vez sea enviado al Juzgado del fuero común correspondiente. En ese contexto, quien aquí resuelve advierte que respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones V y VIII, interpretado en sentido contrario, y 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte. (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. (.)." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" De los preceptos transcritos se desprende, en un sentido literal de la segunda fracción transcrita del artículo 107 de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo solamente procede contra los actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la referida fracción no puede estudiarse como una cuestión autónoma a la Ley de Amparo, sino por el contrario, tiene que ser analizada de conformidad con el ordenamiento jurídico al que pertenece. Esto es, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior. Al respecto, de una interpretación sistemática de las referidas fracciones, se puede llegar a la conclusión de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de resoluciones que determinen inhibir o declinar competencia de un asunto, cuando afecten materialmente derechos sustantivos. La anterior interpretación cobra relevancia porque al analizar las fracciones del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe de tomarse en cuenta cada una en relación con las demás, es decir, no podríamos llegar al supuesto de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que afecten materialmente derechos sustantivos, y al mismo tiempo una diversa fracción lo haga procedente en contra de resoluciones que afectan a las partes en grado predominante o superior. Pues dicha situación, a juicio del suscrito resolutor, es precisamente lo que genera inseguridad jurídica en el justiciable, en virtud de que se comienzan a realizar interpretaciones literales de los artículos, sin tomar en consideración el ordenamiento al que pertenecen. Expuesto lo anterior, tenemos que en el caso particular, el acto reclamado no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo que se combate no afecta materialmente derechos sustantivos. Pero además, sobre el caso específico el Pleno del Más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento del asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). El anterior criterio dio origen a la siguiente jurisprudencia de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De la lectura del engrose del fallo que motivo el criterio antes transcrito, se desprende esencialmente que: a) Las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto establecidas en el numeral 107 de la Ley de Amparo, necesariamente tienen que estar relacionadas con actos que causen perjuicio al quejoso, que sean de imposible reparación o bien se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o aquella que le ponga fin. b) Que al no ser posible acudir a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia y, ante la imprecisión del legislador sobre su contenido específico, el método para definir el alcance que debe dársele no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. c) Al considerar que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales previsto en la Ley de Amparo. Entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no solo en el artículo 107 de la citada Ley, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. d) De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado. Lo que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). e) Que aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio biinstancial, el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado y no antes. Traducido lo anterior al contexto del caso que ocupa esta determinación, se tiene efectivamente que la parte quejosa acude a la vía constitucional biinstancial reclamando la resolución definitiva de seis de julio de dos mil veintiuno en los autos del juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario del 31 Distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, en el cual se declaró incompetente para conocer de dicho asunto y dispuso la remisión de los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para que a su vez sea enviado al Juzgado del fuero común correspondiente. Empero, conforme a las directrices de la jurisprudencia que han sido explicitadas, es claro que la resolución que constituye el acto que se reclama en esta sede constitucional, no constituye aún una determinación susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales la autoridad declina competencia a favor de aquella que estima competente, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia por esta última, porque bien podría darse el caso de que se rechace y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Sirven de apoyo además al caso a estudio, las tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO." "COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN RELATIVA Y ENVÍA LA DEMANDA A UN JUEZ CIVIL, RESPECTO DEL CUAL NO EJERCE JURISDICCIÓN, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. La tramitación de la excepción de incompetencia por declinatoria en el juicio oral mercantil, atiende al artículo 1390 Bis 34 del Código de Comercio. Ahora bien, si la autoridad responsable declaró como competente a un Juez civil residente en un lugar donde no ejerce jurisdicción, existe la posibilidad de suscitarse un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada constitucionalmente, incluso, sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos definitivos susceptibles de impugnarse en sede constitucional, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). Por tanto, la resolución que emita la autoridad responsable en un juicio oral mercantil, donde declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y envía la demanda a un Juez civil, respecto del cual no ejerce jurisdicción, no puede considerarse como definitiva para efectos de ser impugnada en el juicio de amparo indirecto. En efecto, del examen de los artículos 1100, 1114, fracción II, 1117 y el citado 1390 Bis 34 del Código de Comercio, que regulan la tramitación de esta figura procesal y siguiendo los lineamientos que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se concluye que cuando se declare fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y se ordena el envío a un Juez civil, respecto del cual la autoridad que la resuelve no ejerce jurisdicción, no puede ser una resolución definitiva para efectos del amparo indirecto, pues conforme al referido artículo 1100 del Código de Comercio, el Juez a quien se declina la competencia sí puede generar conflicto con el tribunal declinante, lo que le quita definitividad a la decisión que resuelve la declinatoria pues, en estos casos, la resolución definitiva será aquella que acepta la competencia declinada y no en la que se emite, por tanto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra esta última al no producir una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, conforme al artículo 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones V y VIII, interpretado en sentido contrario, y 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Por otra parte, con las constancias que se anexaron al oficio con que se da cuenta, se ordena formar los tomos de pruebas correspondientes para su mejor manejo. AUTORIZADOS Por otro lado, se le tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tratarse de un asunto en materia agraria. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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