Mirna Benita Ruz Acevedo
Expediente 940/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 940/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mirna Benita Ruz Acevedo
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos el oficio número 4392/2019, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Mirna Benita Ruz Acevedo, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. Por otra parte, y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo. Asimismo, toda vez que el presente expedientillo de mérito se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito; mediante el cual, informa que para poder estar en aptitud de proveer sobre la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, requirió a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, los autos relativos al toca de apelación 64/2019 y el juicio ordinario civil 408/2018 de su índice. Por tanto, tómese nota de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vista la cuenta que antecede agréguese a estos autos el oficio firmado por el Director General de Amparos Contra Actos Administrativos, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal, y por ausencia del Director General de Amparos contra Leyes, de la Procuraduría Fiscal de la Federación y este a su vez en representación de la autoridad responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México; con el que informa que se encuentra imposibilitado para cumplir con la sentencia dictada en estos autos por los motivos que señala. De igual forma, visto el telegrama remitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de veinticuatro de junio del año en curso, en el que informa que los efectos de la concesión del amparo otorgado a la parte quejosa compete a la autoridad hacendaria; en virtud de lo anterior, tomando en consideración que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, autoridad no señalada como responsable se encuentra obligada a acatar los lineamientos de la sentencia amparadora para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo el epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA." Por tanto, mediante atento oficio que se gire para tal efecto, hágase de su conocimiento que en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo respecto de los artículos 27 fracción XI y 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, vigente a partir del uno de enero siguiente, para los efectos siguientes y precisados en las jurisprudencias que a continuación se citan: a) Los efectos de la concesión del amparo contra el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta impugnado, consisten en que se permita al causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados, que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitando a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta, tengan lugar en ejercicios distintos. "RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN. El citado precepto, al establecer que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que tratándose de personas morales, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el origen del gravamen se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, lo que da lugar a que el ingreso se entienda percibido desde el momento en el que se torne exigible la contraprestación y a que el pago provisional o anual del impuesto relativo no contemple los efectos derivados de la inflación dentro de un ejercicio fiscal, también lo es que en el caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de su venta, el no reconocer el efecto inflacionario en la valuación de los inventarios o del costo de lo vendido provoca que la renta gravable se determine de una forma que no resulta acorde a su capacidad contributiva, en razón de que los artículos 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conminan a los causantes personas morales, a determinar su situación fiscal atendiendo a los efectos que la inflación pudiera tener sobre ésta y, específicamente, considerando su repercusión en los créditos y deudas de aquéllos, en relación con los intereses que perciban o paguen, respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de sus deudas. En estas condiciones, no tomar en cuenta los efectos inflacionarios en el valor de adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio constitucional referido, toda vez que -así como acontece con el ajuste anual por inflación- el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo en los valores registrados en la contabilidad de las personas morales, que al verse disminuidos provoca la determinación de una utilidad mayor a la generada en términos reales, que son los que la legislación fiscal estima relevantes para la medición de la capacidad contributiva cuando se considera un periodo mayor al de un ejercicio fiscal." b) No se aplique a la empresa quejosa lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) del artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, en el entendido que deben tomarse en cuenta los efectos precisados en la jurisprudencia 2a./J. 186/2016 (10a.), sustentada por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 678, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. El precepto citado, al limitar la deducción de los gastos de previsión social, condicionando a que las prestaciones relativas sean generales, entendiéndose que se cumple ese requisito, entre otros casos, cuando dichas erogaciones -excluidas las aportaciones de seguridad social- sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada trabajador sindicalizado; y al disponer que cuando el empleador no tenga trabajadores sindicalizados, las prestaciones de seguridad social no podrán exceder de 10 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador elevado al año, viola el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que no se aplique a los quejosos lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados." (.)" Como se adelantó, para que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, acate dichas consideraciones para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá la multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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