Mirian Zapata Hernández
Expediente 835/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Mirian Zapata Hernández
Actuaciones
- Principal
Juicio 835/2021-IX-2 veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer ante este Juzgado Quinto de Distrito el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de dicha Ley, contra el proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Juicio 835/2021-IX seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que por comparecencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, protesto y aceptó el cargo ***como Defensora Publica de la quejosa ***, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, de esta ciudad. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio antes citado y notifique personalmente a la Defensora Pública el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, asimismo le corra traslado con copia de la demanda. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
*******téngase por recibido el oficio signado por la Subdirectora de*******mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado******designa a ******************** como Defensor Público de la quejosa ********************. Ahora, atendiendo a lo manifestado por el signante y tomando en cuenta la emergencia sanitaria******se le hace saber que de conformidad con*******el ingreso a los órganos jurisdiccionales se realiza mediante cita; por tanto, estará en aptitud de gestionar la misma, a fin de protestar el cargo que le fue que conferido dentro del término de tres días hábiles******Bajo apercibimiento que en caso de incurrir en omisión a este mandamiento, con fundamento en*****le impondrá una MULTA DE********Por último, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad mencionada señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************
- Principal
Juicio 835/2021-IX-2 folio 8025. veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida Mirian Zapata Hernández, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 835/2021-IX-2, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Análisis de improcedencia. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado se tiene que éste consiste en la orden de traslado del centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco a otra ciudad, municipio, estado, área, modulo, celda o estancia. En ese contexto, el juicio de amparo indirecto en contra del citado acto es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]. De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo que se trate de un tercero extraño. Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En el caso particular, como se destacó previamente, el acto reclamado por la impetrante de amparo, según lo afirmado en el apartado relativo de su escrito inicial lo constituye la orden de traslado del centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco a otra ciudad, municipio, estado, área, modulo, celda o estancia. Por lo que, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. El artículo 1°, fracción II de la Ley de Ejecución establece procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. El numeral 2°, de la citada ley, precisa que el ámbito de aplicación incluye a todas las personas privadas de la libertad sin importar el estado procesal en que se encuentren: a) Los internos por prisión preventiva y b) Los que estén compurgando una pena o medida de seguridad. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes (o excepcionales), estos últimos son impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. Del análisis de la ley de ejecución, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesorio al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53 de la ley de ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121 de la ley de ejecución), la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentre el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contiene una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contiene una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación***. Atento a lo expuesto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra la orden de traslado, al tratarse de un acto ocurrido dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, más bien constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de que el Juez de instancia analice si dicho acto reclamado está o no apegado a derecho. Atento a lo anterior, si la interna promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión sin que previamente hubiera agotado los citados medios de impugnación, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad y por ende, debe desecharse la demanda de amparo. Esto es así, en consideración queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida***. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET). Habilitación de días y horas. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. Defensor Por otra parte, toda vez que el quejoso de mérito se encuentra recluido, aunado a que de su escrito inicial de demanda se advierte que la promovió por propio derecho, sin designar autorizado o defensor que lo asistiera en el presente juicio; por tanto, a fin de no vulnerar el derecho humano de defensa adecuada que le asiste de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gírese oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que de no tener inconveniente alguno, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación de este proveído, designe a un profesionista, para que represente al quejoso en el presente juicio de derechos fundamentales***. Habilitación de días y horas. Conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un Nombre de Usuario y una Contraseña; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano de control constitucional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V, de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. En atención a la manifestación a la parte quejosa de que no se omitan los nombres y datos personales de las partes en el presente asunto, dígasele que tal y como se expuso en el párrafo que antecede, hágase de su conocimiento que la versión publica que en su caso se realice, se suprimirán los datos sensibles que pueden ser considerados con reservados o confidencial de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. Notifíquese.
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