Mirian Suyapa Cruz Dubon

Expediente 216/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
216/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Mirian Suyapa Cruz Dubon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 216/2020-VII. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de Ley de la Materia. En efecto, la suscrita considera que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue subsanada, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, adjuntas a su informe de ley y a los oficios COMAR/JUR/3602/2020 y COMAR/JUR/3549/2020, se advierte que mediante determinación de veintiséis de junio de dos mil veinte, las autoridades responsables dieron contestación a la solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, realizada por la parte quejosa; determinación aquélla en la que le reconocen la condición de refugiado, la cual le fue notificada a la parte quejosa, según consta en el acta de notificación de fecha primero de julio de dos mil veinte; por tanto, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber dado trámite y resolución a la solicitud presentada por la parte quejosa y haber realizado la notificación respectiva; luego, resulta claro que han cesado los efectos del acto reclamado porque con lo anterior, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que la autoridad responsable subsanó la violación en que había incurrido. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el oficio signado por la autoridad responsable; con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el oficio signado por la autoridad responsable; con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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